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Aplicación de la pena muerte no resuelve problema de inseguridad en Guatemala

Aplicación de la pena muerte no resuelve problema de inseguridad en Guatemala
Aplicación de la pena muerte no resuelve problema de inseguridad en Guatemala

GUATEMALA.- La aplicación de la pena de muerte, que ofrecen volver a poner en marcha algunos candidatos a la presidencia de Guatemala, no resuelve los problemas de inseguridad, según coincidieron este miércoles analistas.

“Se llevan milenios aplicándola, desde las más crueles, y no ha pasado nada. En ningún país se ha reducido la criminalidad, es una falacia”, aseguró el exjuez mexicano Sergio García.

Durante su participación en el foro “Elecciones 2019: ¿Hacia dónde vamos? Realidades y propuestas en seguridad y lucha contra la impunidad”, en el que no participó ningún aspirante a la primera magistratura del país, García enfatizó que no existe en el mundo un estudio en el que se diga que la pena capital enfrente la violencia.

El experto fue invitado al foro, organizado en un hotel de la capital por la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), la Oficina de la Alta Comisaría para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Acnudh) y el Fondo de Organizaciones Sociales Especializados en temas de Seguridad (Foss).

García, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos en el periodo comprendido de 2004 a 2007, opinó que se le debe apostar a tener una justicia “competente, honorable y eficaz, independiente e imparcial” y también a resolver el dilema entre seguridad y derechos humanos porque no se puede renunciar a ninguno de esos dos temas.

En este sentido, explicó que no se puede responder a la inseguridad con la aplicación de la pena de muerte porque “no resuelve el problema y porque no ha detenido la marcha de la criminalidad”.

Mientas, Iduvina Hernández, integrante de Foss, comentó que en Guatemala hay que discutir si hay que renunciar a los derechos humanos para tener seguridad y destacó avances en materia de justicia, como la creación de Tribunales de Alto Impacto que han actuado con independencia y juzgado delitos de genocidio y de corrupción.

También señaló que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que llegó en 2007, ha sido “un instrumento exitoso”, aunque resaltó que “el secuestro de las instituciones” representa un retroceso.

Al respecto, el abogado constitucionalista Alejandro Balsells manifestó que en Guatemala “se quiere vender el tema de la CICIG”, pero, aclaró que “se debe hacer con un proceso ordenado y no de choque”.

“Guatemala necesita una profunda reforma judicial”, porque hay instituciones, como el Sistema Penitenciario “que es el más corrupto”, pero las acciones populistas “ganan electorado”, subrayó.

La representante de la Acnudh, Liliana Valiña, expresó que la inseguridad genera desconfianza y que el Estado guatemalteco “no debe postergar el combate a la criminalidad, pero con una agenda enfocada en los derechos humanos, que es la solución”.

En esta línea, agregó que los candidatos a la Presidencia en las elecciones que se celebrarán el próximo 16 de junio tienen la oportunidad de presentar sus propuestas y planes en materia de seguridad para resolver este problema estructural con medidas integrales.

Valiña dijo que es necesario fortalecer la institucionalidad de la Policía Nacional Civil (PNC) y separar las funciones del Ejército en materia de seguridad ciudadana.

En ese sentido, García expuso que la Fuerza Armada “no fue diseñada para combatir la delincuencia, sino para eliminar al adversario”, lo cual es “un riesgo”.

Guatemala celebrará elecciones generales el próximo 16 de junio para escoger a presidente, vicepresidente, 160 diputados al Congreso, 20 al Parlamento Centroamericano y 340 corporaciones municipales para el periodo 2020-2024.

Una de las candidatas que ha ofrecido aplicar la pena de muerte es Zury Ríos, del partido opositor Valor, hija del fallecido caudillo José Efraín Ríos Montt (1982-1983).

Durante ese régimen de facto se crearon los denominados “Tribunales de Fuero Especial”, dirigidos por “jueces sin rostro” que sentenciaron a muerte y enviaron al paredón de fusilamiento a 15 personas.

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