Ante el cuadro de efectos y daños dejados por el paso del huracán María, con impacto en la infraestructura de producción agrícola, miles de damnificados y acueductos fuera de servicio, como suele decir el pueblo, llora ante la presencia de Dios que el Estado tenga que entregar este año a los partidos una exorbitante superior a los 800 millones de pesos.
Aunque esta entrega es en cumplimiento al artículo 49 de la Ley Electoral, resulta en extremo chocante que haya que continuar con semejante desembolso, mientras hay grandes carencias en áreas prioritarias del país y la necesidad de ir en auxilio de quienes perdieron sus viviendas por el fenómeno atmosférico.
Si los partidos políticos, los llamados mayoritarios y también los pequeños tuvieran algún grado de sensibilidad y no actuaran como compañías por acciones, deberían ser los primeros en plantear que esos fondos fueran empleados este año en favor de tanta gente que necesita urgente asistencia.
El gobierno proyecta, en la elaboración del Nuevo Presupuesto nacional, partidas especiales para asumir esas tareas a nivel nacional, mientras algunas entidades oficiales dan los primeros pasos con los recursos disponibles, que por cierto comienzan a agotarse.
Pero, ¿es justo que haya que recurrir a tal medida, a sabiendas de que cualquier aumento presupuestario eventualmente y de alguna forma será cargado al contribuyente, mientras los partidos se deleitan con el dinero que reciben de la Junta y por el cual no rinden cuentas, porque la mayoría de ellos no cumplen con la transparencia de la que tanto alardean.
La sociedad civil y las llamadas fuerzas vivas de la nación, que cada vez más sólo reaccionan de forma coyuntural y selectiva, deberían hacer algún pronunciamiento en ese sentido y a la propia Junta Electoral le correspondería lo propio, aunque fuera tan solo una declaración de intenciones.
¿Es justo que el PLD, PRM, PRSC y PRD se repartan entre ellos 644 millones de pesos en partes iguales, porque lograron más del 5 por ciento en el pasado proceso electoral, mientras tenemos hospitales sin concluir y con falta de insumos donde acude la población pobre a buscar asistencia médica?
Esta política partidista y esta democracia nuestra nos resulta demasiado costosa y la experiencia demuestra que la inversión no siempre se devuelve o proyecta para el bien común. ¿Hasta cuánto soportaremos este insoportable lastre?