Nairobi. – Un tribunal de Kenia consideró legal este jueves el despliegue del Ejército en algunas partes del país para contener las protestas que se repiten desde el pasado 18 de junio por un polémico proyecto de ley de subidas fiscales y contra el presidente William Ruto.
“Dada la irrupción y la pérdida del control de la Policía durante las manifestaciones, que requirieron el despliegue de las Fuerzas de Defensa de Kenia (KDF, por sus siglas en inglés) ante el peligro de vidas y propiedades, el despliegue se invocó adecuadamente”, declaró el juez Lawrence Mugambi, del Tribunal Superior.
“La continuación de la asistencia militar es necesaria en vista de la necesidad de preservar el orden y proteger la infraestructura militar”, añadió.
Sin embargo, Mugambi también dio la razón a la Sociedad de Abogados de Kenia, que lamentó que el despliegue de los soldados para reprimir a los manifestantes puede desencadenar una tendencia peligrosa que lleve a la militarización del país.
Además, temió que el Ejército silencie a los civiles, que tienen el derecho constitucional de expresar su descontento.
Pese a la represión de las fuerzas de seguridad, las protestas se han repetido en todo el país y dejaron al menos 23 muertos el pasado martes.
El epicentro de las movilizaciones está en Nairobi, la capital, donde los manifestantes invadieron ese mismo día el Parlamento.
Se suceden pese a que Ruto informó el pasado miércoles de que había rechazado firmar el proyecto de ley que contempla subidas de impuestos y que desató el inicio de las movilizaciones el pasado día 18.
De esa manera, el proyecto de ley no podrá entrar en vigor a pesar de que la Asamblea Nacional (Cámara Baja del Parlamento), donde tiene mayoría la coalición gubernamental, lo aprobara este martes con 195 votos a favor y 106 en contra.
Con el controvertido proyecto legislativo, el Gobierno pretendía recaudar 2.700 millones de dólares en impuestos adicionales para reducir el déficit presupuestario y el endeudamiento estatal.
No obstante, los manifestantes antigubernamentales sostienen que esas medidas fiscales empujan a la pobreza a la población en un país en el que los altos sueldos de los cargos públicos y la corrupción política son generalizados.