En estas circunstancias, dadas las características actuales del poder establecido, los acuerdos entre los movimientos ambientalistas y gobiernos, para supuestamente velar por la preservación del sistema legal de áreas protegidas, sólo tienen valor para emplazar más aún al Estado a su cumplimiento y denunciar sus violaciones impunes. Al Gobierno de Abinader les sirven para sumar otro show mediático a su cadena mercadológica electoralista y a sus consabidas simulaciones.
Ese es el sentido que de parte y parte que le atribuyo al reciente acuerdo firmado entre el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Coalición de Defensa de las Áreas Protegidas. La intención proclamada es buena, pero la sinceridad no anima por igual a las dos partes. Este gobierno está lejos de ese propósito y amarrado estructuralmente para hacer lo contrario.
Estado, Gobierno, elites capitalistas transnacionales y locales… se han confabulado para apropiarse de áreas protegidas y apoderarse -vía privatizaciones- del suelo, sobre-suelo y subsuelo de esta isla; y para seguir protegiendo numerosos crímenes ambientales del pasado y del presente.
Hay que recordar: la impunidad de los delitos anteriores a este gobierno, incluidos los de Valle Nuevo, los pasivos ambientales no compensados por FALCONDO y Barrick Gold, los estímulos a las amenazas de expansión de Barrick con su nueva Presa de Cola, a Falcondo en su empeño de asaltar Loma Miranda, a Gold Quest presta a dañar el sistema de agua del Yaque del Sur y a la alianza Uni Gold y Barrick que procura operar el Parque Nacional Manolo Tavares y deteriorar el río Artibonite.
Pero hay más: daños impunes ocasionados por la Verja o Muro fronterizo a manglares y a laguna de Saladillo, violaciones a áreas protegidas en Pedernales, depredaciones de numerosas cuencas de los ríos del país a cargo de mafias granceras y carteles de la construcción, graves daños provocados por la barcaza de Pueblo Viejo, concesiones mineras a Belfond y Acero Estrella en la Sierra de Bahoruco (comprometiendo la vida de la mitad de los ríos de Barahona), y las recientes depredaciones de manglares y graves violaciones a áreas protegidas en la península de Samaná.
Y todavía más: el paquete de leyes que conducen a la privatización de las principales fuentes de agua, los continuos daños a playas y manglares a cargo de un modelo turístico neoliberal, con asiento presidencial…
En fin, el capitalismo gansterizado que opera directamente desde este gobierno, no ha respetado, ni va a respetar por voluntad propia, áreas protegidas; ni acuerdos que tiendan a preservarlas. La grave crisis ambiental en expansión exige luchas trascendentes.