BUENOS AIRES.- La vicepresidenta argentina, Gabriela Michetti, insistió hoy en que el Gobierno «necesita» que el caso por los presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en el país se aclare «al 100 %», aunque implique a sus propios funcionarios.
«El presidente (Mauricio Macri) quiere que esto sea absolutamente transparente y claro y que si hay alguien que tenga que pagar consecuencias, las pague, no importa quién sea», aseveró Michetti en declaraciones a radio Mitre.
En ese sentido, destacó que el jefe de Estado siempre fue «contundente» y «clarísimo», desde que viajó a Brasil para entrevistarse con el titular del Tribunal Supremo y pedirle que le enviara toda la información de la causa de Odebrecht.
«Hay una vocación del Gobierno de realmente hacer que este tema quede bien claro sobre la mesa. No hay temores de que haya un nombre y otro nombre», aseguró.
Para Michetti, Argentina se encuentra en «pleno proceso de cambio estructural en el sentido de la corrupción» y lo importante es que «la ciudadanía quede muy tranquila».
«No nos podemos dar el lujo de pretender que ese proyecto de país que estamos tratando de generar con prosperidad, con progreso, que tenga que ver con oportunidades de desarrollo, no termine con la corrupción», afirmó.
En Argentina, la Justicia investiga la supuesta implicación de Odebrecht en irregularidades y pago de sobreprecios en la contratación de varias empresas por parte de la estatal AySA, la mayor compañía de servicios de distribución de agua y saneamiento del país, para la construcción de una planta potabilizadora en 2008.
La firma brasileña admitió el pasado diciembre haber pagado al país unos 35 millones de dólares en concepto de sobornos, un hecho que salpica tanto a funcionarios del anterior Gobierno como del actual.
El proyecto del tren Sarmiento -adjudicado a un consorcio compuesto por Odebrecht, IECSA, COMSA y Ghella Societa Per Azioni- también está bajo la mira de la Justicia desde que en enero pasado el diario La Nación difundiera información sobre presuntas transferencias que se produjeron menos de un mes después de que la obra se empezara a ejecutar (durante el gobierno de Cristina Fernández, 2007-2015).
De acuerdo con el texto periodístico, esos pagos podrían ser una operación para impulsar la obra mediante sobornos.
Las acusaciones salpicaron especialmente al actual jefe de la inteligencia argentina, Gustavo Arribas, presunto destinatario de las transferencias y a Angelo Calcaterra, primo del presidente Macri, que dirigió el Grupo Obras, Desarrollo y Servicios (ODS), del que forma parte la constructora IECSA.
Según Michetti, los «horizontes» y objetivos del Gobierno no conciben la corrupción y por eso necesitan «que el tema de Odebrecht se pueda aclarar al 100 %».
En línea con las críticas vertidas por Macri en anteriores ocasiones, la vicepresidenta aprovechó para denunciar de nuevo la inacción de la procuradora general del país, Alejandra Gils Carbó, en esta causa, porque, a su juicio, era «la persona que tenia que movilizar» la investigación y no lo hizo.
