Aritmetica electoral

Todos sabemos que la intención principal de nuestras autoridades para finalmente hacer realidad la ley de partidos políticos fue traspasar a la Junta Central Electoral (JCE) la decisión que internamente el partido oficial no ha podido tomar, de definir el método de selección de su candidatura presidencial.

Como afortunadamente no lograron imponer las primarias simultáneas como modalidad única de selección de candidatos para todos los partidos como era su propósito, lo que hubiese constituido un gasto astronómico e irracional, así como un peligroso desgaste para la JCE; todavía tienen que enfrentar la decisión que intentaron rehuir.

Los dos principales partidos del país probablemente serán los que seleccionarán el método de las primarias, y para nadie es un secreto que en el partido oficial existe un tranque en relación con el padrón a utilizar, si el de la JCE o el interno, dada la división a este respecto entre la facción del presidente del país y la del presidente del partido.

La JCE a quien esos partidos mayoritarios quisieron darle la responsabilidad de reglamentar, organizar, administrar y arbitrar el proceso de primarias, debe planificarse sobre la base de las decisiones que tomen los partidos y determinar los presupuestos correspondientes.

Pues la complejidad y los recursos necesarios dependerán no solo de cuantos partidos seleccionen las primarias como modalidad, dado que las demás solo requieren la misma supervisión de siempre, sino del alcance de dicha escogencia, si será para todos los candidatos de todos los niveles o si solo será para un determinado nivel como el presidencial, y del tipo de padrón a utilizar.

La celebración de las primarias será un proceso más complejo que el de las elecciones generales que la JCE está acostumbrada a organizar por el número de candidaturas envueltas, las cuales, de ratificarse el reglamento de primarias sometido a consulta, serían de hasta 5 para el caso de las candidaturas uninominales, presidente, senadores, alcaldes, y de hasta 3 para las plurinominales, diputados y regidores.

Un evento de tal magnitud que se celebrará por vez primera y que estará seguido de un apretado calendario de elecciones generales, es evidente que necesita ser organizado con el tiempo suficiente planificando los recursos que se requerirán para no solo administrarlo, sino ser capaz de dar los resultados en un máximo de 5 días como dispone la ley.

La JCE previendo todos estos desafíos otorgó a los partidos un plazo de 75 días para comunicarle si utilizarán la modalidad de primarias, con cual padrón y su alcance. Este plazo que vencería a principios de noviembre ha sido objetado por el partido oficial el cual ha solicitado su extensión.

Suponemos que su razón de ser es que la JCE pueda presupuestar el costo de dichas primarias luego de recibir esas indispensables informaciones antes de finalizar el año, de forma que esto pueda tomarse en cuenta en la partida a ser asignada a la JCE en el presupuesto l del Estado.

Aunque algunos han dicho que las primarias las sufragarían los partidos con la contribución que reciben del Estado, la realidad es que lo dispuesto por la ley es que por tratarse de un año preelectoral tendrán que destinar un 40% de la misma para apoyar las candidaturas y no la totalidad de esta.

Por eso no se puede ceder a la veleidad del partido oficial que pide extender el plazo hasta marzo del próximo año, pues no se trata de acomodar ese partido permitiéndole posponer su decisión, sino de la aritmética electoral que permitirá que la JCE pueda celebrar las primarias que estos decidieron y que tenga los recursos y el tiempo para hacerlo bien, y no fracasar en el intento.