La experiencia ha demostrado, con la incuestionable crudeza de la realidad, que ningún proyecto de seguridad ciudadana puede conseguir logros efectivos si no logra un control de las armas en manos de la población civil.
Por mejor estructurado que esté, será sumamente difícil el avance de cualquier plan en ese sentido si no se traduce en una reducción significativa de las muertes violentas en las que intervienen armas de fuego.
En la práctica, la imposibilidad de lograr tan vital objetivo se ha debido a que la importación, venta y expedición de permisos para el porte y tenencia de armas es un negocio en que el Estado tiene una parte apreciable a la que no está dispuesta a renunciar.
Los exámenes sicológicos y siquiátricos a que son sometidos como requisitos los que optan por una licencia no permiten prevenir tragedias futuras, a la luz de frecuentes hechos en que victimarios utilizan armas registradas en Interior y Policía.
Otra seria dificultad es la forma en que se facilita, por una mezcla de dejadez y de corrupción, el contrabando y el tráfico de armas a través de la frontera con Haití, zona de la que tanto se ha hablado como una línea más imaginaria que real por la forma en que puede ser ignorada o violada.
El uso del país como puente para el trasiego de drogas y el microtráfico en barrios pobres ha tenido como secuela un incremento en la actividad criminal y delictiva en la que las armas juegan un papel preponderante.
El hecho de que según datos de Interior y Policía, el 57.5 por ciento de 209 mil armas legales están en las provincias de mayor índice de homicidios, explica en gran medida la manera en que la delincuencia se ha incrementado en esas zonas.
La gran pregunta que queda pendiente de respuesta y que el ciudadano indefenso aguarda, es si el nuevo programa de seguridad ciudadana logrará garantizar la tranquilidad y la integridad física de hombres y mujeres pacíficos y respetuosos de la ley que se dedican a un trabajo digno y productivo.
