"Tras más de 30 horas allí, lo secuestraron. Hasta el momento se desconoce su paradero y en qué condiciones se encuentra", señaló el Comité.
Caracas. — El Comité de Derechos Humanos del partido opositor Vente Venezuela (VV), liderado por María Corina Machado, informó este domingo sobre el arresto del activista político Lewis Mendoza, en el estado venezolano Trujillo (oeste).
A través de la red social X, VV indicó que funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro detuvieron a Mendoza la noche del sábado. Un día antes, según la organización, agentes del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro, junto a policías nacionales y estatales, se habían instalado en los alrededores de la residencia del activista.
“Tras más de 30 horas allí, lo secuestraron. Hasta el momento se desconoce su paradero y en qué condiciones se encuentra”, señaló el Comité.
VV alertó que, desde el 10 de septiembre, nueve personas han sido detenidas en Trujillo, y exigió el “cese de la persecución y la libertad inmediata de todos ellos”.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) hizo un llamado urgente a las autoridades para que informen sobre el paradero de Mendoza, su estado físico y psicológico, y permitan contacto inmediato con sus familiares y abogados defensores.
JEP también instó a investigar las denuncias de amenazas y hostigamiento, y a asegurar que cualquier actuación se ajuste a las garantías constitucionales y los estándares internacionales de derechos humanos.
Un conteo de la organización Foro Penal, con corte al 29 de septiembre, reporta 838 presos políticos en el país.
Antecedentes
En los últimos años, organizaciones nacionales e internacionales han denunciado un patrón de persecución política en Venezuela, caracterizado por detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas temporales y restricciones a la libertad de expresión y manifestación.
Diversas ONG de derechos humanos han documentado casos de hostigamiento a líderes sociales y activistas, especialmente vinculados a partidos de oposición como Vente Venezuela. Según el Foro Penal, Venezuela mantiene actualmente centenares de presos políticos, mientras el Gobierno niega su existencia, alegando que se trata de ciudadanos acusados de delitos comunes.
Estas acciones han sido denunciadas como parte de una estrategia para desmovilizar políticamente a sectores críticos del Gobierno de Nicolás Maduro, especialmente en contextos electorales o de tensión social.