¿Cuáles han sido las consecuencias económicas y sociales para la sociedad dominicana del pacto tácito de apropiación de la riqueza nacional entre las cúpulas del PRD, PLD, PRSC y grupos satélites, y la oligarquía criolla subordinada al gran capital imperialista y a su estrategia neoliberal?
Mientras una minoría ostenta en forma desvergonzada sus enormes fortunas, villas y lujosos automóviles, sus derroches en lujo, más del 60% de la población vive en la pobreza e indigencia.
Más de la cuarta parte de la población (27%) tiene problema de desnutrición.
La esperanza de de vida es un año menos que el promedio para Latinoamérica y el Caribe.
Los salarios reales no han crecido en los últimos 20 años y el 80% de los mismos no alcanza para cubrir el costo de la canasta familiar.
La desocupación laboral, que también se mantiene estancada, afecta a más del 25% de la población económicamente activa. De la totalidad de ocupados el 56% tienen trabajos informales, con salarios que promedian solo el 50% del salario del sector formal. Además, el 65% de los trabajadores carece de cobertura social y solo el 30% de los ocupados tiene trabajo fijo. El 32% de los jóvenes entre 14 a 35 años de edad ni trabaja ni estudia.
El costo de la vida se encarece cada día, a través del aumento de precio en los rubros más sensible de la canasta familiar de los más pobres, como son los alimentos, el transporte, medicina, combustibles, educación.
La inversión en los sectores sociales como salud, educación, vivienda es deplorable.
La República Dominicana es el segundo país de América Latina con la inversión en educación más baja, apenas el 2.5% del PIB, mientras el promedio para la región está por encima del 5%. Unos 630 mil niños, entre 3-14 años no están matriculados en ninguna escuela y la cobertura en la escuela secundaria apenas llega al 50%.
El déficit de viviendas sobrepasa las 700 mil.
Más de dos millones de habitantes no tienen acceso a la seguridad social, el cuadro de la mayoría de los hospitales públicos es dramáticos, la salud como negocio se ha expandido, la mortalidad infantil es de las más altas del continente, las enfermedades de la pobreza han repuntado como epidemias periódicas.
A la explotación y sobre-explotación se le suma un endeudamiento empobrecedor
Estimada en US$22 mil millones de dólares, la deuda interna y externa del Estado dominicano no solo constituye un poderoso freno a la inversión social, sino que, más importante, amenaza con quebrar las finanzas públicas y colocar al país en una situación de impago.
En los siete años que lleva gobernando, Leonel Fernández ha duplicado la deuda estatal al llevarla de US$9,700 millones de dólares en el 2004 a US$22 mil millones de dólares en el 2011.
Cada dominicano/a al nacer ya tiene una deuda contraída por el Estado de US$2,200 dólares que deberá pagar a lo largo de su vida. La desbordante deuda pública eleva los impuestos que pagamos en los combustibles, reduce los recursos para la educación, la salud pública y la agropecuaria, y sirve de justificación para la falta de respuestas de las autoridades a las demandas de las comunidades.
La salida del gobierno a la situación es el retorno de lo mismo, más préstamos y más aumentos de impuestos para pagar capital e intereses vencidos que estrangulan a la clase media y hacen más dura la sobrevivencia de los más pobres. Y ese círculo vicioso podría estallar más pronto de los que los de arriba se imaginan.
Por demás, con tratados de “libre comercio” y el reinado de la “mafia importadora” pro-oficial, que acentúan la pérdida de competitividad de la mediana y pequeña producción y la quiebra de la producción nacional, base alimentaria y de nuestro potencial exportador; y con escasos recursos para atender la creciente demanda de servicios públicos y de infraestructura, la sociedad se encamina hacia un estado cada vez más generalizado de exclusión, de pobreza y de violencia con consecuencias imprevisibles para la estabilidad política.
Lo agobiante del empobrecimiento social y lo insostenible de la deuda pública y lo inviable de la política económica actual obligan a la sociedad dominicana a encarar una situación que nos perjudica a todos y a todas.
Así las cosas esta sociedad se ve compelida a ejercer su derecho a la rebelión debido a que la partidocracia y las élites dominantes se empecinan en continuar aplicando las recetas neoliberales de los organismos financieros internacionales, que profundizan aún más la indigencia y la pobreza, que encarecen los precios de los alimentos y mercantilizan los servicios básicos de salud, educación, agua potable y electricidad, desconociendo que también son servicios públicos y derechos nacional y universalmente garantizados.
El cuadro político-institucional es todavía más grave al derivar el Estado en narco-estado y las instituciones corrompidas en dictadura bipartidista institucionalizada con predominio del pele-leonelismo.
A consecuencia de ello y del cúmulo de políticas neoliberales, la violencia dominante –incluida la violencia de género en forma sobresaliente- la inseguridad ciudadana, la criminalidad policial y estatal, se agravan vertiginosamente.
Las perspectivas electorales en el 2012, sean la continuidad del PLD o la vuelta del RD al poder ejecutivo sus resultados, no auguran mejoría alguna de esta situación, sino empeoramiento creciente, agravado por la crisis capitalista mundial.
El cambio necesario hay que forjarlo desde fuera de las instituciones que esas fuerzas controlan y como embestida transformadoras contra ellas.