Quito.- Al menos cuatro personas fueron asesinadas este martes en Durán, municipio del área metropolitana de Guayaquil (Ecuador), que está bajo estado de excepción decretado por el presidente, Daniel Noboa, para contrarrestar la actividad de las bandas criminales.
La prensa local informó de que un grupo de hombres armados dispararon a un grupo de ciudadanos que se encontraban en el exterior de una vivienda, cerca de las 11:00 hora local (16:00 GMT).
La policía no ha emitido aún información oficial del asesinato, pero información preliminar, citada por el portal digital Primicias señala que hombres armados y vestidos con prendas similares a las del Ejército llegaron al lugar, fingiendo que hacían una requisa.
«Luego entraron a un callejón, arrodillaron a las víctimas y las ejecutaron. Algunos jóvenes corrieron, pero fueron alcanzados por las balas y sus cuerpos ensangrentados quedaron al pie de una vivienda hecha de caña y zinc», detalla.
La provincia del Guayas es una de las seis en las que Noboa volvió a declarar la semana pasada un nuevo estado de excepción para combatir los niveles de inseguridad.
En esa misma provincia fue asesinado en las últimas horas un militar mientras realizaba un patrullaje nocturno, mientras que se reportó el hallazgo de dos hombres decapitados en la parte posterior de una escuela.
Por otra parte, en la vía a Nono, en el noroccidente de la capital Quito, cuya jurisdicción también está en estado de excepción, se reportó el hallazgo de un cadáver maniatado en una cuneta.
Ecuador se volvió el primer país de Latinoamérica en homicidios per cápita, con una tasa de 47,2 por cada 100.000 habitantes en 2023, ocho veces mayor respecto a 2016, lo que se atribuye al auge de la violencia de los grupos criminales, principalmente dedicados al narcotráfico, aunque también están incursionando en la extracción ilegal de minerales.
Desde inicios de año, el presidente Noboa elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de «conflicto armado interno», con lo que pasó a catalogar a estas bandas como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales, a la vez que decretó un estado de excepción con el que, entre otras acciones, militarizó las cárceles controladas por estas organizaciones.