SANTO DOMINGO.- El asesinato del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, no fue una decisión fortuita ni que surgió en el momento en que su amigo de la infancia, que se convirtió en su verdugo el pasado lunes 6 de este mes, estuvo frente a él en el despacho de la institución que dirigía.

Cuando el reloj marcaba las doce del mediodía del fatídico día, dice la solicitud de medida de coerción depositada este miércoles por el Ministerio Público, Cruz «ejecutó su plan de asesinar» al funcionario.

Esto, solo algunos minutos después de haber entrado a conversar con Jorge Mera, de forma tranquila y sin discusiones, en las instalaciones de su oficina.

«El hecho fue tan planificado por el imputado Fausto Miguel de Jesús Cruz de la Mota que el mismo fue el día del hecho vistiendo chaqueta de color azul oscura, cosa inusual en este, ya que acostumbraba a ir solo con camisa, pero escogió su vestimenta de forma estratégica para sus fines con el objetivo de poder ocultar el arma de fuego que llevaba encima y así cumplir su plan de asesinar al ministro Orlando Jorge Mera», cita el documento.

Aunque testigos afirmaron que escucharon siete disparos dentro de la oficina, en el cuerpo del ministro se encontraron seis impactos de balas.

Heridas de distancia y a quemarropa

De los seis impactos de balas algunos fueron perpetrados en el cuerpo de Orlando Jorge Mera a quemarropa, acción que evidencia, dice el Ministerio Público, un hecho «criminal que evidencia una conducta típica de un asesino frío y calculador».

Móvil del asesinato

Esa ira de Miguel Cruz fue expulsadas en las balas que disparó en contra del hombre con el que tenía una amistad de más de 30 años.

Y todo por, dice el documento, el funcionario no otorgar unos permisos que el imputado gestionaba «acción que es un evidente asesinato a un funcionario por ejercer su trabajo dentro del marco de la ley.

Dentro de los permisos a los que hace referencia el Ministerio Público, y que fueron dados a conocer en exclusiva por Noticias SIN, se encuentra la solicitud de uno para exportar cinco mil toneladas de baterías usadas, pero el mismo había sido rechazado, pero lo habían reintroducido.

«Las evidencias muestran que el imputado había estado tratando de que se le otorgaran múltiples permisos, pero se quejaba de forma airada de que no le resolvían nada e incluso esta situación provocó que hace menos de un mes amenazara al consultar jurídico del Ministerio, Edilio Segundo Florián Santana.