Asesinatos (Archivo)
Ginebra.- La Oficina de la Alta Comisaría de la ONU para los Derechos Humanos manifestó este martes su «extrema preocupación» por un nuevo patrón de asesinatos que ha surgido en Centroamérica y que ha hecho de los fiscales públicos las víctimas del crimen organizado.
Señaló que la semana pasada dos fiscales fueron asesinados en el cumplimiento de sus funciones en Guatemala y Honduras, países donde la violencia y la inseguridad van en aumento.
En el primer país, el auxiliar de la Fiscalía de ciudad de Coban (departamento de Alta Verapaz) Allan Vidaurre fue secuestrado y su cuerpo descuartizado encontrado luego dentro de una bolsa de plástico.
Los indicios hallados indican que el crimen fue cometido por orden del cartel mexicano Los Zetas, al que se le atribuye también la matanza de 27 campesinos la semana anterior.
Las autoridades dijeron que sospechan que el asesinato de Vidaurre es una venganza del grupo criminal por el decomiso de media tonelada de cocaína.
El portavoz de la Alta Comisaría para los Derechos Humanos, Rupert Colville, dijo hoy que este organismo ha ofrecido su apoyo al Fiscal General de Guatemala.
Asimismo, le manifestó su preocupación «por una posible intención de Los Zetas de propagar el terror entre los habitantes de Coban y perjudicar así los esfuerzos de la Fiscalía General por combatir el crimen y la impunidad».
Colville también comentó el caso en Honduras del coordinador de fiscales del Ministerio Público en Puerto Cortés, Raúl Reyes Carbajal, quien fue atacado a tiros mientras conducía su vehículo cuando regresaba de su oficina a su domicilio.
Su automóvil chocó con un autobús y, en esas circunstancias, sus atacantes lo remataron, según testimonios de testigos.
El organismo de la ONU indicó que este crimen coincide con la decisión de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Pública de San Pedro de Sula de investigar el asesinato de siete jóvenes, supuestamente vinculados con pandillas, durante un operativo policial pocos días antes.
Reyes Carbajal trabajaba en San Pedro de Sula antes de asumir funciones en Puerto Cortés.
Colville recordó que sólo en Guatemala, 250 defensores de los derechos humanos sufrieron ataques en 2010 y que de ellos ocho murieron de manera violenta.
La preocupación también alcanza a Honduras, sobre todo en relación a la situación de activistas de los derechos humanos, de la comunidad homosexual y periodistas.
