La red Alianza Américas se pronuncia contra la reforma que permite la reelección presidencial indefinida en El Salvador.
Los Ángeles.- Alianza Américas, una red de defensa de los derechos de los inmigrantes latinos en Estados Unidos compuesta por más de 50 organizaciones, condenó este martes la reforma constitucional en El Salvador que permite la reelección presidencial indefinida.
Los defensores de los derechos civiles advirtieron en un comunicado que la reforma aprobada el pasado 31 de julio por la Asamblea Legislativa, dominada por el partido del presidente Nayib Bukele, «debilita irreversiblemente» el balance democrático.
Las organizaciones que componen la alianza, entre ellas varias que aglutinan a la diáspora salvadoreña, también criticaron que la reforma constitucional ampliara el periodo presidencial a seis años -cuando era de cinco- y eliminara la segunda vuelta electoral.
También enlistaron varios cambios aprobados por la Legislatura y decretos del Ejecutivo desde febrero de 2020 cuando Bukele acompañado de soldados ingresó al recinto de la Asamblea, que, en su opinión, han debilitado la democracia del país.
«Alianza Américas hace un firme llamado a la comunidad salvadoreña, tanto dentro como fuera del país, a alzar la voz contra el grave retroceso democrático que se está produciendo en El Salvador», remarcó.
Si bien las organizaciones reconocen que El Salvador ha avanzado en temas de seguridad pública indicaron «que nada justifica» la concentración de poder, la eliminación de las garantías constitucionales ni la represión de la disidencia.
«La seguridad y la libertad no son mutuamente excluyentes; ambas son esenciales para una vida digna», manifestó la alianza.
La oposición salvadoreña y organizaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW), han criticado la reforma al considerar que erosiona la democracia del país para perpetuar a Bukele en la presidencia, comparando la situación con la de Nicaragua y Venezuela.
Hasta el momento Bukele cuenta con el respaldo del Departamento de Estado de Estados Unidos, que avaló la reelección indefinida del presidente y rechazó que se compare al país centroamericano con una dictadura.
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