Así se “distrajeron” 47 MM de pesos a través de la OISOE, según MP

Santo Domingo.- El Ministerio Público (MP), asegura que los acusados en el Caso Calamar, Ángel Donald Guerrero Ortiz, Omar Manuel Miqui Arias, Rosa Arias Ruiz y la empresa Miqui Trade, S.R.L., falsificaron la firma de Francisco Armando Ortega González, en documentos societarios y documentos bajo firma privada, lograron distraer la suma de cuarenta y siete millones trescientos trece mil setecientos cuarenta pesos pagados por concepto de deuda pública por el Ministerio de Hacienda, en perjuicio del Estado dominicano y de la sociedad comercial ORLA, Ingenieros y Equipos, S.R.L.

Según la investigación del órgano acusador “el dinero distraído en perjuicio de la sociedad comercial ORLA, Ingenieros y Equipos, S.R.L., representada por el ingeniero Francisco Armando Ortega González, fue pagado por el Ministerio de Hacienda por autorización del acusado Ángel Donald Guerrero Ortiz, mediante el libramiento de pago núm. 3685, en fecha primero (01) de noviembre del año 2018, depositado mediante transferencia bancaria desde la cuenta núm. 100010102384894 a la cuenta núm. 01100003914 del Banco Banesco, a nombre de la empresa Miqui Trade, S.R.L, propiedad del acusado Omar Manuel Miqui Arias, en fecha veintiocho (28) de noviembre del año 2018”.

“La suma distraída era adeudada a la sociedad comercial ORLA, Ingenieros y Equipos, S.R.L., por el Estado dominicano, a través de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), en virtud del contrato núm. FB-166/2006, de fecha veintiuno (21) de noviembre del año 2006, suscrito entre la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y el Consorcio OROS/Ingenierías y Equipos ORLA, S.A., representando por el ingeniero Francisco Armando Ortega González, por un monto total de setenta y seis millones quinientos setenta y tres mil cincuenta y siete pesos con 25/100 (DOP 76,573,057.25), cuyo objeto fue la “Construcción del Centro Penitenciario de Higüey, Provincia La Altagracia: a) Modulo “A” Edificio Administrativo, por un monto de veintidós millones setecientos cuarenta y tres mil cuatrocientos dos pesos dominicanos con un centavo (DOP 22,743,402.01); b) Modulo “C” Edificio de Enfermería y Servicios, por un monto de veintinueve millones seiscientos noventa y un mil setecientos ocho pesos dominicanos con sesenta y un centavos (DOP 29, 691,708.61); C) Modulo “D” Edificio de Talleres por un monto de diecinueve millones novecientos dos mil ochocientos cincuenta y tres pesos dominicanos con treinta y siete centavos (DOP 19,902,853.37); d) Módulo “G” Edificio de Celdas de Aislamiento por un monto de cuatro millones doscientos treinta y cinco mil noventa y tres pesos dominicanos con veintiséis centavos (DOP 4,235,093.26)”, con base en los presupuestos núm. 0713-06, 0712-06, 0714-06 y 0715-06, todos de fecha nueve (9) de noviembre del año 2006”, continúa la acusación de más de tres mil páginas.

El MP explica que posteriormente este contrato generó un total de siete enmiendas o adendas, que sumaron un total de ciento veintidós millones quinientos ochenta y ocho mil seiscientos noventas pesos, aumentando así la contratación en un 160%, para un total de ciento noventa y nueve millones ciento sesenta y un mil setecientos cuarenta y siete pesos.

“Durante la ejecución de la obra, la Consultoría Jurídica de la OISOE rescindió tanto el contrato principal como de la adenda número 6; no obstante, la obra fue continuada y se suscribió una séptima adenda en fecha quince (15) de julio del año 2011, por un monto de cuarenta y cuatro millones seiscientos ochenta y nueve mil novecientos cincuenta y seis pesos con 56/100 (DOP 44,689,956.56), de la cual se desprendió la cubicación núm. 13, de fecha tres (3) de mayo del año 2012, reportada con posterioridad a la recisión del contrato”, se lee en la acusación.

“Al momento del Consorcio OROS/Ingenierías y Equipos ORLA, S.A., representando por el ingeniero Francisco Armando Ortega González, entregar la obra civil, la cubicación final arrojó una deuda a su favor ascendente a la suma de cuarenta y siete millones trescientos trece mil setecientos cuarenta pesos dominicanos con 47/100 (DOP 47,313,740.47), los cuales no fueron pagados dentro del plazo establecido, por lo que el ingeniero Francisco Armando Ortega González en fecha veintiuno (21) de abril del año 2015 solicitó al ingeniero Miguel Antonio Pimentel Kareh, director general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, la remisión del expediente de la obra referida al Departamento de Deuda Pública del Ministerio de Hacienda a fin de que sea tramitado el pago de dicha deuda”, dice el MP.

La acusación dice que en el año 2017, a los fines de conseguir que el Ministerio de Hacienda le pagara “el ingeniero Francisco Armando Ortega González, por intermedio del fenecido Pericles Pérez Núñez y Baldemar A. Ovalle Sánchez, entró en contacto con el acusado Omar Manuel Miqui Arias, quien le ofertó gestionar y agilizar el proceso de pago de la deuda, a cambio de la entrega del 45% del monto adeudado. A estos fines el ingeniero Francisco Armando Ortega González, actuando en representación de la empresa ORLA, Ingenieros y Equipos, S.R.L. (antes Ingenierías y Equipos ORLA, S.A.), le dio mandatado al acusado Omar Manuel Miqui Arias, mediante un contrato de cesión de crédito de fecha diecinueve (19) de octubre del año 2017, con una vigencia de 30 días calendario, contados a partir de su entrada en vigor, para gestionar el cobro de la deuda”.

El MP señala que el ingeniero Francisco Armando Ortega González, actuando en representación de la empresa ORLA, Ingenieros y Equipos, S.R.L., y el acusado Omar Manuel Miqui Arias, se inició el proceso de pago con la solicitud realizada el 23 de octubre del año 2017, por el entonces ministro de Hacienda, Ángel Donald Guerrero Ortiz, al ingeniero Francisco Pagan Rodríguez, director general de la OISOE, mediante la comunicación DM 7306, en la cual le requirió el expediente de reclamo de deuda correspondiente al Consorcio Oros/Ingeniería y Equipos Orlas, S.A.

El 31 de enero del año 2018 el director financiero de la OISOE, “Wilfredo Ramírez, remitió el expediente antes señalado al ministro de Hacienda con fines de pago, con indicación de pagar el monto de cuarenta y siete millones trescientos trece mil setecientos cuarenta pesos con 47/100 (DOP 47,313,740.47), al Consorcio de OROS/Ingeniería y Equipos, S.A., y al día siguiente, es decir, el primero (1) de febrero del año 2018, el director de la referida institución, ingeniero Francisco Pagán Castillo, solicitó al Ministerio de Hacienda el desembolso de la suma antes indicada”.

“En fecha siete (7) de septiembre del año 2018, el director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), suscribió una “Nota Explicativa Contrato OISOE-FB-166-2006”, en la que respondió las observaciones realizadas por la Dirección de Deuda Administrativa del Ministerio de Hacienda a este caso, para justificar la validez de la enmienda 7 y la cubicación núm. 13, sin referirse a la recisión del contrato comunicada por el Consultor Jurídico en fecha quince (15) de febrero del año 2011, respecto de la obra y la enmienda 6”.

El 1 de noviembre del año 2018 el acusado y ex Contralor General de la República Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana aprobó, el libramiento núm. 3685, por un monto bruto de cuarenta y siete millones trescientos trece mil setecientos cuarenta pesos a favor de la empresa Miqui Trade, S.R.L., representada por el acusado Omar Manuel Miqui Arias, menos las deducciones legales, para un monto neto de cuarenta y un millones seiscientos sesenta y cuatro mil ochocientos veintiún pesos, según argumenta el MP.

El órgano acusador sostiene que el acusado Omar Manuel Miqui Arias, a los fines de distraer la totalidad del dinero pagado por el Ministerio de Hacienda, a través de la empresa Miqui Trade, S.R.L., gerenciada por él, contrario a lo acordado con el ingeniero Francisco Armando Ortega González por su gestión de cobro “utilizó como medios fraudulentos un contrato de cesión de crédito de fecha quince (15) de febrero del 2018, falsificado, notariado por su madre, la acusada Rosa Arias Ruiz, y un Acta de Reunión del Consejo de Gerentes ORLA, S.R.L, celebrada en fecha quince (15) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), también falsificada”.