SANTO DOMINGO.– La Asociación Jueces Dominicanos para la Democracia (JUDEMO), expresa su rechazo a las declaraciones dadas por miembros del Ministerio Público, del procurador fiscal de Santiago, Osvaldo Bonilla, la procuradora fiscal de Duarte, Smailey Rodríguez y el procurador general adjunto,Wilson Camacho, quienes, a través de sus pronunciamientos en distintos medios de comunicación, dicen que lesionan e ignoran el Estado de derecho, las reglas del debido proceso, el principio de separación de funciones y la independencia judicial.
JUDEMO se refiere a las afirmaciones realizadas por: lro.) El procurador fiscal de Santiago, Osvaldo Bonilla en un programa de televisión, en el que cuestiona una decisión jurisdiccional de la jueza Yiberty Marín Polanco Henán, por imponer medidas de coerción de las dispuestas en la norma distintas a la prisión, así como la variación de medida de coerción impuesta por el juez Job García Hurtado; 2do.) La procuradora fiscal de la provincia Duarte, Smailey Rodríguez en el mismo programa, cuestionando la decisión jurisdiccional del juez Darvin López que impone medidas de coerción distintas a la solicitada; y 3ro.) El procurador general adjunto, Wilson Camacho, quien, en declaraciones a la prensa escrita con ocasión de la variación de medida dictada por la jueza Yanibet Rivas, señaló que: «…este país es el único en el inundo en el que el debido proceso y la lógica solamente aplica para beneficiar a los procesados por casos de corrupción…». Constituyendo esta última, una afirmación injuriosa en contra de todos los jueces del país.
Debemos recordar que:
1) Esos jueces actuaron en el marco que les confiere la ley. 2) Las decisiones de los jueces se atacan por medio de recursos. 3) La normativa procesal penal consagra un catálogo de medidas de coerción además de la prisión preventiva, todas con carácter excepcional y que exigen el examen particular en cada caso. 4) Las medidas de coerción son instrumentos para garantizar la presencia de un imputado en el proceso y no sanciones sobre aquellos a quienes la Constitución les reconoce un estado de presunción de inocencia. 5) La ley dominicana no contempla el debate o contradicción de casos en los medios de prensa, estableciendo con claridad que es en las audiencias fijadas ante los tribunales, que de forma oral y contradictoria se presentan y discuten los argumentos de derecho; y finalmente, 6) El ordenamiento jurídico nacional cuenta con procedimientos de control de las actuaciones jurisdiccionales y éticas de los jueces y fiscales, normativa que se reputa conocida.
En su declaraciòn pùblica señalan que el proceder de los procuradores Osvaldo Bonilla y Smailey Rodríguez, lanzando ataques y acusaciones a los magistrados Yiberty Marín Polanco Henán, Job García Hurtado y Darvin López, y del procurador adjunto, Wilson Camacho, realizando expresiones injuriosas en contra de la magistrada Yanibet Rivas y de todos los jueces que componemos el Poder Judicial, resquebraja la institucionalidad e independencia de este Poder del Estado, su autonomía y la majestad de la justicia, principios y valores que defenderemos siempre, máxime si los juzgadores han obrado en ocasión del poder que les ha sido delegado de dictar decisiones jurisdiccionales en nombre de la República.
«Reiteramos nuestra preocupación en cuanto al daño que es capaz de producir abandonar el orden legal e institucional, sustituyéndolo con prácticas populistas que se apartan de las reglas del debido proceso y que afectan significativamente las relaciones institucionales, la independencia judicial y el clima de seguridad jurídica de la nación», expresa el comunicado.
Invitan a los procuradores mencionados, a seguir utilizando sus competencias en la persecución penal y el fortalecimiento de su institución, sin acudir a estas prácticas populistas de uso de medios de comunicación para emitir acusaciones graves, difamatorias e injuriosas en contra de quienes integran la judicatura, pues esta conducta además de afectar al Poder Judicial y a la nación, afectan la respetabilidad y dignidad que conlleva su calidad de miembro del ministerio público.
Instan al Consejo Superior del Ministerio Público, órgano que ejerce el control disciplinario sobre representantes, reforzar, mediante cursos de formación, el debido comportamiento ético de estos miembros del ministerio público; así como, recordarles a los procuradores fiscales Osvaldo Bonilla y Smailey Rodríguez y al procurador adjunto Wilson Camacho, lo dispuesto en Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley 133-11) en los artículos 79, 85 y 91.1.
Jueces Dominicanos para la Democracia (JUDEMO), comparte plenamente que la labor jurisdiccional esté sujeta al escrutinio público,como garantía de transparencia y legitimidad, reconociendo en los medios un papel vital para la consecución del Estado de derecho. Lo que censuramos es el uso incorrecto de estos medios en el caso de los procuradores fiscales de Santiago y Duarte, al utilizar el programa televisivo «El Informe» del día 5 de diciembre de 2022, como si fuera el escenario judicial donde se impugnan válidamente las decisiones jurisdiccionales sobre casos que aún se encuentran en etapa preparatoria o de investigación; y en el caso del procurador general adjunto, Wilson Camacho, al realizar declaraciones totalmente injuriosas y dañinas en contra del Poder Judicial en pleno.
«Reiteramos estar en disposición para que las relaciones del ministerio público y los jueces sean armoniosas y en ellas siempre reine un clima de respeto, concordia, colaboración y compromiso institucional con la democracia, la justicia y el Estado social y constitucional de derecho», finaliza la declaración.
Las muertes violentas, sicariato, tiroteos indiscriminados y secuestros son solo algunos de los delitos que han generado preocupación en los últimos meses, sobre todo por la facilidad con que los imputados en estos hechos recuperan su libertad, un trabajo de investigacion presentado por el programa El Informe con Alicia Ortega.
Millonarias sumas en efectivo, fusiles y pistolas de diferentes marcas y calibres sin registro, miles de cápsulas, cientos de cargadores y hasta radios de comunicación confiscados forman parte de casos que se encuentran bajo investigación en la inspectoría del Poder Judicial.
Los hechos, calificados como graves por el Ministerio Público, tienen la particularidad de que los procesados reciben garantías económicas como medidas de coerción, es por esta razón que los fiscales dicen que los sospechosos salen por la puerta grande.
Uno de los casos, una investigación conjunta de la Dirección Nacional de Control de Drogas, el Ministerio Publico y agencias de los Estados Unidos, involucra un cargamento de armas y pertrechos militares introducidos al país ilegalmente por diferentes aeropuertos, en ocasiones utilizando cajas de comida, específicamente en latas de salsa de tomate o maíz al estilo mexicano.
En el hecho, ocurrido en Santiago de los Caballeros, las autoridades cuentan con interceptaciones de llamadas que vinculan a los apresados. “Se hicieron allanamientos en el centro de Santiago y un allanamiento en una comunidad que se llama Borojol, en el municipio de Licey al Medio”, asegura Osvaldo Bonilla, fiscal titular de Santiago.
Como almacén los imputados utilizaban una finca localizada en Licey al Medio “Al momento de la ocupación y el arresto de los primeros imputados, en el lugar del allanamiento, pudimos detectar que venía en camino también otro cargamento de municiones, por lo que se produjo un allanamiento en Santo Domingo, en una compañía de shipping, y todas esas evidencias fueron presentadas al tribunal”, asegura Bonilla.