Menores delincuentes.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El magistrado Bernabel Moricete Fabián, juez presidente de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia La Vega, sostuvo que la solución al problema de la delincuencia de las personas menores de edad no está en el aumento de la sanción imponible a los encontrados culpables de violentar las leyes.
Entrevistado por Yudelka Polanco, monitora de la Unidad de Poder Judicial del Observatorio Político Dominicano, una iniciativa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), Moricete Fabián declaró que las raíces de este problema están “precisamente en la deserción escolar, en la falta de oportunidades y en la falta de atención que afecta a esas personas menores de edad”.
Con especial énfasis, resaltó el hecho de que “la descomposición es la que está llevando a que las personas menores de edad se acerquen a la delincuencia. La falta de educación, la falta de orientación, la falta de oportunidades, tanto para ellos como para sus padres, están empujando a que los hijos busquen refugio en otras partes o con aquellas personas que por lisonjas los mandan a delinquir”.
En tal sentido, el magistrado Moricete abogó por políticas públicas que alcancen a todos, especialmente a los sectores marginados de la sociedad, que son los más numerosos y necesitados.
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“Estamos hablando de establecer una política de cero deserción escolar, estamos hablando de que se afiance en el tiempo la campaña de alfabetización que se está llevando a cabo en estos días, de dar oportunidades a futuro a esas personas menores de edad que van saliendo de las escuelas, que todo el sistema escolar ser repensado a fin de ir capacitando conforme a las necesidades del Estado dominicano”, indicó.
El funcionario judicial destacó que la implementación de las políticas públicas que tiendan a reducir los niveles de riesgo de delinquir en las personas menores de edad y los adolescentes está en función de los recursos disponibles. “Es un asunto de recursos, de focalizar recursos, y de inversión. El Estado necesita invertir, falta mucho por hacer desde el punto de vista de los programas de protección a las personas menores de edad”.
