Ortega consolida la reelección indefinida

Primero intentó modificar la Constitución para eliminar la prohibición a la reelección consecutiva y al no conseguirlo, se agenció una vergonzosa sentencia de inconstitucionalidad dictada por la sala constitucional de la corte suprema de justicia, modificación que si logró pasar en el año 2014 para eliminar el doble candado que  esta tenía, pues prohibía la reelección consecutiva y también luego de dos períodos; y a partir de ahí valiéndose de farsas electorales su presidencia compartida con su esposa Rosario Murillo, violentando el mandato constitucional que prohibía participar como candidatos a parientes y afines del que ejerciere o hubiere ejercido la presidencia, no ha cesado de manifestarse como la más  cruel dictadura, apresando, persiguiendo, maltratando, desnacionalizando, condenando, y confiscando y expropiando bienes a periodistas, líderes religiosos y opositores, así como a toda persona u organización que haya expresado críticas a sus abusos de poder, llegando incluso a despojarles de su personería jurídica, como hizo con la Orden de los Jesuitas a la que injustamente disolvió y le expropió sus bienes, y a organizaciones del empresariado a las que cerró y les canceló su personalidad.

Aunque parecía que nada más podía hacer Daniel Ortega ante la mirada casi indiferente del mundo, luego de haber desterrado a muchos de sus compatriotas, de mantener a muchos retenidos sin posibilidad de salida y a otros tantos en el exilio ante la imposibilidad de regreso a su tierra, su descarado anuncio de que se olviden de nuevas elecciones que ha causado un justificado revuelo no debería quedarse en un repudio más, y debe ir más allá en la línea de acción de la comunidad internacional,  con un accionar que refleje un compromiso más firme con los principios democráticos.

Desgraciadamente Nicaragua que fue manejada por los Somoza como su finca personal bajo el manto protector de los Estados Unidos y que transitó los sueños de liberación tras el triunfo de la revolución sandinista y el derrocamiento de la dictadura somocista, está oprimida por un “hierro caliente” que no es el que los cantautores describían como el garrote del imperio norteamericano, sino uno salido de las propias entrañas de esa lucha, que paradójicamente ha sumido a los nicaragüenses al mismo yugo opresor de los abominables designios de una dictadura familiar tan despreciable como la que derrocaron en 1979.

Rechazo internacional y fin del voto

Y aunque lluevan los editoriales de la prensa libre condenando la muerte del voto, y gobiernos como el de Panamá prontamente hayan expresado su total rechazo, lo que de seguro harán también otros como el dominicano, y funcionarios de los Estados Unidos digan que no se quedarán de brazos cruzados, esto no tendrá un efecto sustantivo a menos que se logre articular una presión de un nivel tal que pueda resquebrajar ese régimen, pero al mismo tiempo la historia nos da cuenta no solo de que esas presiones muchas veces no consiguen sus objetivos como sucedió con Cuba, sino que la motivación de las grandes potencias, y sobre todo en la actualidad, está más vinculada a los intereses económicos o geopolíticos, que a la defensa de los ideales democráticos.

Ojalá aprendamos de que nada es más valioso que los principios democráticos, pues sobran los ejemplos de revoluciones fracasadas que se han convertido en viles opresores de sus pueblos, de líderes autoritarios que crecieron bajo el efecto de la levadura de su lema de restaurar el orden con mano dura, pero debilitando la institucionalidad para su propio beneficio, y de silencios cómplices ante groseras violaciones al orden constitucional y democrático por conveniencias particulares y miope visión, que indefectiblemente terminaron aniquilando derechos a los mismos que una vez pensaron que esa era la forma de ordenar la sociedad. Recordemos que las promesas de muchos que se pintaron como reivindicadores, liberadores o rescatadores de sus países han terminado en pesadillas tan crueles o más, como las que prometieron superar, y que a pesar de sus muchos defectos vivir en democracia es una gracia que hay que valorar y preservar.

Crecimiento económico y bienestar percibido

Quizás por eso a pesar de ser una de las economías que más ha crecido en Latinoamérica durante años y de que nuestro país es admirado en la región por la estabilidad política y social que hemos exhibido por décadas, estamos tan distantes de Costa Rica y Panamá en la medición del Índice Global de Felicidad producido anualmente por Gallup, el Centro de Investigación de Bienestar de Oxford, y la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), países  con los cuales generalmente nos reagrupan en términos económicos, con los que por demás conformamos desde el año 2021 una «Alianza para el Desarrollo en Democracia»; índice que está basado en el promedio de cómo los residentes de 140 países califican sus propias vidas junto a factores como el Producto Interno Bruto (PIB), apoyo social, expectativa de vida, percepción de libertad, generosidad y corrupción.

Y decimos esto no solo porque Costa Rica constituyó la sorpresa este año al llegar al grupo de los 5 mejores del mundo ocupando la posición número 4, saltando desde la posición 12 ocupada en el 2013, y la sexta en el 2025, sino también porque Panamá que ocupa este año la posición 39 habiendo sido su peor resultado 41, también está muy por encima de la República Dominicana, la cual ocupa este año la posición 64 habiendo escalado desde la 76, siendo la peor la 98 que obtuvo en el 2014.

Al parecer el mismo chocante contraste entre las cifras económicas y la expresión de la gente reflejado en encuestas locales o en simples entrevistas realizadas por medios de comunicación, también se evidencia en este índice de la felicidad que en cierta medida depende de las respuestas dadas por los ciudadanos respecto de su calidad de vida. Y si bien es cierto que hay demasiadas cosas que criticar y lamentar en nuestro país, al mismo tiempo es innegable que ha habido una mejoría notable de la calidad de vida con por ejemplo mayor acceso a la salud a través del Sistema Dominicano de Seguridad Social, el cual con todo y sus pendencias y falencias constituyó un salto exponencial que dotó a partir de 2007 de seguro de salud a un alto porcentaje de la población que antes estaba desprovisto de este.

Resignación y fatalismo social

El problema no es la inconformidad de la población reflejada en las encuestas, sino la resignación de muchos que han decidido simplemente darse por vencidos porque entienden que cualquier esfuerzo es inútil ya que nada cambiará, por tanto, no lo valoran, y han preferido apostar a soluciones individuales a problemas colectivos creándose sus propias burbujas de bienestar, sin darse cuenta de que a la postre están simplemente ahondando las diferencias hasta que la explosión avise.

Tampoco lo es la crítica, por el contrario necesitamos más ciudadanos vigilantes dispuestos a actuar como dolientes de la cosa pública, sino el fatalismo que impulsa a ver lo peor y no a luchar por lo mejor, que desconfía de toda iniciativa porque tiende a pensar que todo lo que hacen los demás está mal o persigue un interés, o a dividir la sociedad entre buenos y malos, sin detenerse a pensar que cada ente de esta es un reflejo de lo positivo y lo negativo que coexiste en ella, y que la única manera de avanzar es empujando todos en un mismo sentido, la búsqueda del bienestar colectivo y no el simple confort individual.

Ni la resignación ni el fatalismo son el camino que debemos seguir, la primera solo sirve para derrotar las esperanzas y anular los esfuerzos de aspirar a un mayor desarrollo e impulsarlo, el segundo porque no solo se niega a ver lo positivo, sino que puede dirigir la mirada hacia lo peor, creer que ninguna solución es posible bajo el orden democrático y apostar a liderazgos autoritarios, narcisistas, populistas y muchas veces irracionales, los cuales como sobradamente demuestra la historia, generalmente terminan trayendo mucho más mal, del que supuestamente vinieron a remediar.

De no haberse tenido conocimiento exacto del hecho gracias a videos realizados por personas que los presenciaron costaría creer que algo tan simple haya terminado de una forma tan horrenda, y cuesta más creer que a pesar de saber que estaba en presencia de testigos, de que los mismos requisados  estaban filmando la escena, lo que él mismo había reconocido al decir “tú puedes grabar, tranquilo, que aquí no se está agrediendo, no se te está haciendo nada”, así como uno de los cinco agentes que lo acompañaban, su reacción luego de un breve forcejeo fuera sacar su arma y disparar, a pesar del griterío de las personas tratando de evitarlo.

Este horrendo y lamentable hecho ejemplifica que nuestra  Policía debe ser transformada de los pies a la cabeza, y retrata de forma patética que no solo se trata de dotarla de buenos equipos y mejores salarios, pues correctamente uniformados y equipados, con una camioneta nueva y bien rotulada, los 6 agentes actuaron conforme a la vieja y dañina cultura no solo de la violencia y de abuso de autoridad, sino de la falta de cumplimiento con la ley y con total falta de conciencia de cómo corresponde actuar frente a un ciudadano.

Los niveles de violencia de nuestra sociedad son altos, y por eso quienes portan armas y sobre todo si se trata de la autoridad que está llamada a proteger las personas y los bienes deben tener la templanza para manejar situaciones sin que la ira, la arrogancia y la violencia los lleven a demostrar su jefatura por medio de un arma letal, que no solamente segó una vida joven, sino que también arruinó la del mismo homicida que será juzgado y sancionado como corresponde.

Las dolorosas lecciones que deja este crimen deben ser aprendidas, y la primera de ellas es que a pesar de que tenemos la vida viendo en películas y series actuaciones policiales en las que claramente se sigue un protocolo de identificación del agente frente al ciudadano y las causas del registro, de solicitud de documentos, de exhibición de manos y verificación de porte de armas, de inmovilización, y de que los reglamentos vigentes así lo ordenan, parece que hay resistencia a cumplirlo y hay que repetir sin cansarse este entrenamiento básico, y saber dirigir las intervenciones policiales, porque una motocicleta sin seguro no podía tener como consecuencia llevarse a nadie preso, actuación antojadiza y abusiva, que hace sospechar malos propósitos.

Frustra que tanto empeño en transformar nuestra Policía siga chocando con la misma piedra, pero en vez  de denostar los esfuerzos y el proceso de reforma, o de intentar sacar ventaja política cuando se sabe que este es un mal de años que otros poco hicieron por atender, lo que corresponde es seguir luchando cada día para lograr este objetivo por imposible que parezca; reclamando que se aprueba la nueva ley orgánica que constituye una profunda reforma, que se dicten oportunamente sus reglamentos, que se hagan los debidos entrenamientos, que se sancionen ejemplarmente a los culpables de violaciones a la ley, y no solo a los que alegremente disparan sus gatillos sino también a los que en silencio cómplice no hacen nada por evitarlo, y se investigue a quienes de alguna manera permiten o propician que se manden patrullas a las calles no para proteger y dar seguridad, sino a “pescar” coimas, y peor aún personas. 

La Policía debe cambiar su vieja y arraigada mentalidad y sus malas prácticas, porque si esto no sucede no habrá uniformes, equipos, ni salarios que garanticen que harán correctamente su misión porque el hábito no hace al monje, así como también debe cambiar la visión de una parte de la población que reclama “mano dura” y cierra los ojos frente a inexcusables ejecuciones, sin comprender que lo que tiene que exigirse es el estricto cumplimiento de la ley.

La ley de gestión de residuos sólidos que fue impulsada por el experto en asuntos municipales del anterior partido de gobierno PLD y candidato a la alcaldía del Distrito Nacional por dicho partido, aunque fue aprobada por el Congreso un mes después de finalizado dicho gobierno, generó un gran debate previo a su aprobación sobre todo por los temas relacionados con el impuesto previsto para la recaudación de los ingresos necesarios para cumplir con su objetivo, el concepto de la responsabilidad extendida del productor, y las prohibiciones de distintos productos considerados contaminantes; y como parte de los consensos para lograr su aprobación se sustituyó el impuesto verde al consumo previsto originalmente sobre una lista de bienes producidos o importados a los que se les establecía un porcentaje mediante tasas diferenciadas en función de los residuos sólidos generados, por una contribución especial, que solo algunos criticamos, pues  como el monto no era tan alto, entre RD$500 y RD$260,000 pesos, pocos se detuvieron a analizar el concepto.

Ingresos insuficientes del fideicomiso

Desde el inicio se sabía que  los ingresos derivados de esa contribución serían insuficientes para que el fideicomiso creado por dicha ley para la gestión de los residuos pudiera cumplir con los objetivos de esta y pagar todos los compromisos asumidos con las empresas gestoras de residuos que se fueron creando y contratando, y por eso en enero de 2025 el Senado aprobó una modificación a la ley que sorprendió a todos, menos a sus promotores, que luego de un gran debate para eliminar sus puntos más conflictivos y reducir el rango de montos a pagar de entre 1,200 a 10 millones de pesos para fijarlo entre 3 mil y 675,000 pesos, se aprobó en diciembre de 2025 la Ley 98-25, pero lamentablemente manteniéndose el concepto errado de la contribución especial a ser pagada por toda persona jurídica en base a sus ingresos, sin una diferenciación basada en el principio de que quien contamina paga.

Pero resulta que las micro, pequeñas y medianas empresas se vieron afectadas por un incremento sustancial y no solo alzaron su voz de rechazo, sino que amenazaron con el cierre de sus comercios a inicios de marzo del presente año, y la promesa de reducción que sus representantes dijeron haber recibido que desactivó sus planes de huelga, finalmente se cumplió in extremis el día en que debía pagarse la primera cuota de esa contribución, con la inclusión de una extensión del plazo para el pago, pero como el monto a recaudar debía ser similar, el empujón se hizo entonces hacia arriba, y en vez del tope detenerse en 675 mil pesos para ingresos de más de 100 millones de pesos, se establecieron 5 categorías más hasta fijar el tope en 2.2 millones pesos para ingresos de más de dos mil quinientos millones de pesos.  Esto naturalmente ha disgustado a muchas empresas afectadas, aunque se corrigieron en la ley algunos de sus puntos como permitir la deducción de la contribución de la renta bruta lo que había eliminado la Ley 98-25, excluir la prohibición de importación de tapas plásticas, y poner un tope máximo de 675 mil para las empresas comisionistas, como los agentes de viaje.

Impacto en mipymes y cierre de Duquesa

Desde ya se sabe que a pesar de este aumento los ingresos serán probablemente insuficientes a pesar de la indexación, y lo serán aún más cuando se haga el cierre del vertedero de Duquesa, por eso es urgente adoptar un criterio justo para el pago en base a las mejores prácticas como el modelo europeo, concretamente el español, para establecer el pago en base a productor o poseedor de residuos, no para toda persona jurídica o patrimonio autónomo independientemente de que produzca o posea o no estos, de acuerdo con el principio «quien contamina paga» y bajo criterios diferenciadores tales como categoría comercial y actividad, superficie, número de trabajadores, tipología de residuos generados.  Como los ingresos serán insuficientes intentarán nuevamente aumentar la contribución, la cual se hará cada vez más alta, desproporcional e inequitativa, y se multiplicarán los recursos de inconstitucionalidad alegando que la contribución no supera la prueba de constitucionalidad.  Corrijamos cuanto antes el errado diseño de la contribución, solo así podremos asumir una verdadera política pública de gestión integral de residuos.

Adriano, puente político de la diáspora

Desde que fue electo, Adriano se convirtió en una figura política clave para los dominicanos, una puerta de acceso para nosotros a la política norteamericana y una vía para canalizar los intereses de los sectores nacionales.  Su carismática personalidad, su vocación de servicio, su compromiso y su trabajo constante lo mantuvieron siempre cerca no solo de sus constituyentes del Distrito 13 de Nueva York, en el que habita un porcentaje importante de dominicanos de primera, segunda o tercera generación, sino también de la República Dominicana, su país de nacimiento, al cual se mantiene muy vinculado, y por eso políticos, empresarios, periodistas, artistas, deportistas y líderes sociales interactuaron con él de una forma tan estrecha que hacía incluso confundir a muchos, que creían que Adriano era el representante de la República Dominicana en el Congreso norteamericano, y no un congresista de los Estados Unidos.

Al mismo tiempo, Adriano escaló en el liderazgo interno de su partido demócrata y puso esas relaciones al servicio de  los dominicanos, canalizando encuentros, y en múltiples oportunidades, en su emblemático evento “Dominicans on the Hill”,  brindaba la oportunidad a sus constituyentes de conocer el Congreso y presenciar las exposiciones de otros congresistas, y también de actores relevantes del ámbito nacional, y gracias a eso, políticos, comunicadores, deportistas, artistas participaron en los salones del Congreso en encuentros con la diáspora.

Factores externos cambiaron su continuidad

Aunque esa activa hoja de servicio y su consolidado liderazgo hacían ver que permanecería en el cargo gracias a la segura reelección por sus electores durante tiempo indefinido, desgraciadamente, factores externos cambiaron el curso de las cosas: la elección de un candidato a alcalde de Nueva York, de un joven que, con una campaña innovadora, derrotó internamente al exgobernador Andrew Cuomo para hacerse con esa importante alcaldía, bastión demócrata, quien no midió ni el efecto negativo de las acusaciones por acoso sexual que lo forzaron a dimitir de su cargo ni el cambio que se estaba dando al interior de su partido, en el que emergía una nueva generación; y los efectos de la agresiva política bélica y migratoria del presidente Trump, junto a su aliado Israel, que cada vez más profundiza la división en ese país y dentro del ámbito demócrata, provocan una mayor tendencia hacia la izquierda y la búsqueda de una separación frente a las acciones de Israel contra Palestina, asumiendo posiciones más fuertes frente al genocidio de Gaza y rechazando el cabildeo sionista.

Para los dominicanos era evidente que Adriano debía seguir siendo el congresista que encarna lo mejor de la diáspora y del logro del sueño americano de un niño que llegó indocumentado y alcanzó tan alta posición, pero en los corrillos políticos las cosas suceden por intereses y, para el jefe de la ciudad de Nueva York, estas primarias demócratas eran la ocasión no solo de demostrar sus músculos haciendo que candidatos apoyados por él vencieran, sino de dar un giro a la izquierda y un bajón en años a sus representantes para intentar tener voceros más afines a sus posiciones en el Capitolio. Por eso no se trataba de cuán bien lo hubiera hecho Adriano, ni de cuánto representaba a sus constituyentes y a los dominicanos; la realpolitik se impuso y ganó la candidata de Mamdani, quien, aunque de padres dominicanos, nació en los Estados Unidos y pertenece a una generación distinta, criada con otros intereses y menos conexión con sus raíces. Debemos estar agradecidos de Adriano por haber llevado a los dominicanos al “Capitol Hill”; resta por ver si esto en lo adelante seguirá siendo una realidad, o si será solo un recuerdo de un liderazgo solidario con sus compatriotas, que no solo trató de abrirse puertas en los Estados Unidos, sino también de asegurarse de que todo un país pasara por ellas.

Y precisamente este ha sido el argumento expresado por las organizaciones empresariales y algunos juristas en relación con el artículo 86 del Código de Trabajo el cual dispone que las indemnizaciones por preaviso y auxilio de cesantía en ocasión de un desahucio deben ser pagadas al trabajador en un plazo máximo de diez días, a contar de la fecha de terminación del contrato, y que en caso de incumplimiento, el empleador también debe pagar “una suma igual a un día del salario devengado por el trabajador por cada día de retardo”, sin que se establezca un límite a ese cómputo, como sí lo dispone el mismo Código en relación con el despido en el artículo 95 numeral 3, el cual establece que en caso de que se declare injustificado por un tribunal, el empleador deberá pagar al trabajador, “una suma igual a los salarios que habría recibido el trabajador desde el día de su demanda hasta la fecha de la sentencia definitiva, dictada en última instancia”, estableciendo expresamente que esta suma nunca será mayor a 6 meses de salario.

Mantener el crecimiento ilimitado de la penalidad por no pago en el plazo de 10 días no solo es injusto, sino que carece de racionalidad pues, así como los recargos de deudas tributarias multiplican la suma adeudada desproporcionalmente, lo mismo sucede con el artículo 86, lo que muchas veces simplemente beneficia a abogados que han desinteresado a trabajadores y continúan los casos a sabiendas de que es un negocio redondo por el tiempo que demoran los tribunales en fallar los casos. Y en vez de establecer un tope de 6 meses como propuso el sector empleador, a nuestros legisladores se les ha ocurrido poner un límite de 2 años al conocimiento y fallo de los casos, como si esto dependiera de la voluntad del legislador.

Otra falta total de consistencia legislativa es lo que ha sucedido con el nuevo régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas establecido en el nuevo Código Penal aprobado mediante la Ley 74-25. Entre los casos de aplicación de esta responsabilidad penal están las infracciones culposas que provocan incapacidad laboral establecidas en el artículo 150 que dispone que quien por torpeza, imprudencia, inadvertencia o negligencia provoque a otro una enfermedad o una incapacidad total para el trabajo durante más de noventa días, será sancionado con 1 a 2 años de prisión y multa de tres a seis salarios mínimos del sector público, y con 15 días a 1 año de prisión y multa de uno a dos salarios mínimos cuando esta sea de noventa días o menos. Y el artículo 151 dispone que las personas jurídicas podrán ser declaradas penalmente responsables de esta infracción y ser sancionadas con las penas dispuestas en los artículos 43 al 45 de dicho código entre las que se encuentra el cierre temporal de uno o varios de los establecimientos comerciales operados por la sociedad, por un período no mayor de 15 días. Pero resulta, que al establecer ese régimen de responsabilidad no se tomó en cuenta que la Ley 87-01 de Seguridad Social creó el seguro de riesgos laborales cuya cotización corresponde en un ciento por ciento a los empleadores, y prevé las prestaciones económicas a que tiene derecho el trabajador, incluyendo pensiones por discapacidades parciales y totales, limitando la responsabilidad penal de los empleadores a la falta de afiliación de sus empleados y la falta de pago de las cotizaciones, y también establece exclusiones de riesgos por causas imputables a los trabajadores, como estado de embriaguez o bajo acción de sustancias narcóticas, y daños debidos a dolo o imprudencia temeraria del trabajador, ninguna de las cuales fueron comprendidas en el Código Penal.

Necesitamos que nuestro marco legal tenga consistencia entre una ley y otra, disponer algo en una ley sin tomar en cuenta el régimen especial, no solo causa distorsiones, sino que provoca graves consecuencias. La misma distorsión que se quiere erradicar con los recargos de la deuda tributaria, es la que se quiere mitigar estableciendo un límite a la penalidad del artículo 86 del Código de Trabajo, lo que es válido en un caso lo es igualmente en el otro.  Se requiere sintonía, lo demás es pura demagogia.

Basta con seguir lo que acontece en el mundo y en nuestra región para comprender la importancia de mantener una sociedad que no esté radicalmente dividida, en la que a pesar de las diferencias se pueda mantener el diálogo, y de no sufrir los embates de los extremos, que en un movimiento pendular van de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, sin resolver los problemas ni unos ni otros, pero ahondando las diferencias y menguando las posibilidades de comprensión.

Por eso debemos no solo valorar que como país hayamos podido mantenernos cercanos al centro sin que haya diferencias sustanciales en las políticas públicas de los gobiernos que se han sucedido en las últimas décadas, sino también tener la capacidad de trabajar para que eso pueda mantenerse, y alejar la polarización que tanto ha afectado en otros países, y evitar vuelcos hacia extremos contraproducentes sean del lado que sean, que dejan sin opciones racionales al electorado.

Latinoamérica ha tenido una historia marcada por líderes mesiánicos que demagógicamente han prometido cambiar los males de sus pueblos, los que en muchos casos solo los han profundizado, y a pesar del mito de la revolución cubana que encendió la llama de la conciencia social en generaciones y erigió a Fidel Castro a figura admirada mundialmente, a la postre el fracaso de esta y sus terribles consecuencias para el pueblo cubano, y el penoso resultado de su fallida réplica la revolución bolivariana del siglo XXI en Venezuela, y de la total desnaturalización del sandinismo en Nicaragua convertido en una cruel dictadura por Daniel Ortega; debería hacernos aprender la lección de que el desarrollo de nuestras sociedades depende más de la racionalidad que tengan nuestros gobiernos y de la sana interacción entre el sector público y el privado, que de discursos grandilocuentes y divisores, y de medidas disruptivas del orden económico.

Es cierto que los gobiernos deben tener la responsabilidad y la firmeza para impulsar las acciones necesarias para el bienestar general, pero también es importante que tengan la templanza para saber escoger los momentos apropiados y la sabiduría para saber escuchar distinguiendo la verdad de la mentira, lo justo de lo injusto. Por eso, por más defectuosa que parezca nuestra democracia, por más que resintamos que las autoridades no cumplan con su rol de hacer cumplir la ley, jamás debemos aspirar a que el orden y las soluciones provengan de la negación de derechos ciudadanos y del ejercicio autocrático del poder. Lo que sí todos debemos reclamar es que el orden sea el resultado de la aplicación rigurosa y equitativa de la ley que es dura, pero es la ley, porque las “manos duras” que a pesar de nuestra historia algunos extrañan, son las mismas que abusan derechos, destilan sangre por crímenes cometidos y amasan recursos públicos para su propio beneficio y el de sus adláteres.

Cuidemos lo que tenemos, y la mejor manera de hacerlo es evitando cometer los errores que en otras latitudes trajeron esos extremos. Los ciudadanos tenemos que reclamar y vigilar, pero también asumir la cuota que nos corresponde para que las cosas se hagan por el bien común, incluso cuando significa que cedamos algo para preservar algo mayor, y la clase política debe comprender que si bien los partidos son indispensables para la democracia, la racionalidad de su costo y la transparencia de su manejo es la mejor vacuna contra los candidatos sorpresa populistas que aunque prometen romper con todo lo malo para supuestamente convertirlo en bueno, convenciendo así a muchos, terminan quebrantando la ley, las instituciones, los derechos, el entendimiento y la razón, provocando un mal mayor.

Ante esta cerrazón, pocos se han interesado por analizar el proyecto de reforma para constatar si hay fundamentos en las posiciones de las organizaciones empresariales para demandar que se mitiguen los efectos de las cargas laborales, limitando la cesantía y el recargo por su impago, y que se solucionen situaciones abusivas que todos sabemos se presentan, ni a ponderar las posiciones de expertos en la materia laboral, que han advertido los errores y distorsiones del proyecto, la afectación a la clase media que se derivaría de este por la imposición a los hogares de obligaciones de empleadores formales respecto del trabajo doméstico, así como a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Aunque se ha querido generar la percepción de que el proyecto de reforma laboral fue consensuado, lo cierto es que los representantes de los empleadores cayeron en una trampa al participar en el entonces encuentro semanal con la prensa del Presidente, en el que se anunció que se enviaría al Congreso, pues, a pesar de que se habló de continuar la discusión respecto de la cesantía, la realidad es que se le estampó una etiqueta de consenso, y con las modificaciones que se han realizado en las cámaras legislativas no solo se ha ahondado más el disenso, sino que se ha restado la efectividad que se le pudiera atribuir a algunas de sus disposiciones.

Cabe preguntarse a quién beneficiaría esta reforma, pues si, por un lado, los líderes sindicales expresan que aplaudirán “con las dos manos” si el proyecto perime en el Congreso y se deja sin efecto la reforma porque “están cómodos con el Código actual”, y los empresarios que impulsaron su modernización entienden que el proyecto de reforma no satisface sus inquietudes y más bien genera otras, parecería que no son ellos los interesados.  Y cada vez es más evidente que el único interesado en que esa reforma se apruebe así es el Ministerio de Trabajo, primero porque tanto el anterior ministro como el actual quisieran sumarse ese logro, y segundo, porque, sin que fuera parte del diálogo tripartito, se introdujeron modificaciones relativas a las sanciones, aumentándolas de forma significativa y disponiendo en el artículo 722 que las sumas generadas por el cobro de las multas “serán adicionadas a las partidas presupuestarias del Ministerio de Trabajo…”.

A pesar de que pudiera entenderse que los congresistas también quieren anotarse un tanto con la aprobación de la reforma laboral, como aparentemente lo que les interesa es quedar bien con la posición de los representantes sindicales y la de muchos comunicadores, lograrán el mismo efecto si la reforma no se aprueba, pues, como el objetivo es tan simplista como no tocar la cesantía, da igual que se deje intacto también el Código actual, pues aparentemente no tienen preocupación ni por el alto porcentaje de informalidad, que deja en total desprotección de ese Código y de los beneficios de la seguridad social a más de la mitad de la población trabajadora, ni por el desafío de la sustitución de puestos de trabajo por la inteligencia artificial, ni por la retranca que significan las cargas laborales al aumento de los salarios y a la formalidad.

Si los líderes sindicales están cómodos con el Código Laboral y con que el proyecto perima, como han expresado públicamente, y los empresarios están en desacuerdo con que se apruebe la reforma tal cual está redactada y llaman al diálogo, atropellar su aprobación sin medir las consecuencias negativas sería un grave error que tendría muchos perjudicados y un solo beneficiario. Por eso, lo mejor que pudieran hacer nuestros congresistas es detener el curso, escuchar y analizar.

En uno de los considerandos de dicho Reglamento la JCE expresó: “Que la publicación de encuestas en las cuales se mide el  nivel de simpatías o posicionamiento electoral de actores políticos, fuera de los plazos previstos para la precampaña y la campaña electoral, es un acto que genera múltiples efectos respecto a la ciudadanía en general… que pudiera traducirse en ventajas de los actores políticos que figuren en dichas encuestas…”, dejando ver claro que hay un malestar a lo interno de los partidos mayoritarios por la publicación de encuestas que a su juicio “puede generar desequilibrios, capaces de afectar la sana y libre competencia”.

Sin embargo, la JCE debió tomar en cuenta que por encima de ese malestar o de esos posibles efectos indeseados de la publicación de encuestas, están las disposiciones de la propia Ley 20-23 de Régimen Electoral que en su artículo 216 se limita a prohibir la publicación y difusión de encuestas electorales durante los ocho días anteriores a la votación, como es común en los países que la limitan de establecer un plazo de días antes a estas, estableciendo en su párrafo I que previo a este “se podrán publicar todas las encuestas realizadas”, y más aún, las de nuestra Constitución la cual contempla como derechos fundamentales la libertad de empresa y la libertad de expresión e información.

En consecuencia, la prohibición absoluta de publicación y difusión de encuestas con fines electorales, “fuera del plazo legal establecido para el periodo de precampaña”, ordenada por el artículo 13 del Reglamento, y las sanciones de suspensión temporal del registro y cancelación definitiva por reincidencia a las encuestadoras, constituyen un exceso a la facultad reglamentaria de la JCE.

La discusión sobre las encuestas y la posibilidad de su manipulación no es nueva, ya el Tribunal Constitucional se había referido al tema en su sentencia 0441-2019 mediante la cual consideró apegado a la Constitución la disposición del artículo 45 de la Ley 33-18 de partidos que permite la elección de sus candidatos utilizando este método señalando que: “…sin dejar de reconocer el margen de error de las encuestas y el latente peligro de la manipulación, siempre posible, de los resultados…, este tribunal considera que las encuestas, como método de selección de candidatos, requerirá que las firmas encuestadoras contratadas por los partidos observen lo dispuesto en los artículos 198 y 199 de la Ley núm. 15-19, Orgánica de Régimen Electoral.”; y en atención a estas observaciones la propia JCE cuando presentó su propuesta de reforma planteó la necesidad de robustecer esos artículos de la derogada Ley 15-19, hoy artículos 213 y 214 de la Ley 20-23, añadiendo requisitos para el registro tales como el depósito del registro mercantil, el RNC y una certificación de estar al día con las obligaciones tributarias, así como especificando que habría un proceso de evaluación antes de emitir la acreditación, nada de lo cual fue incluido en la ley. 

Debemos reconocer que si se hacen y publican tantas encuestas con fines electorales en el país es porque a pesar de que supuestamente no estamos ni en campaña ni en el invento local de la precampaña, esta inició al día siguiente de las pasadas elecciones, y el excesivo gasto y financiamiento privado de los partidos que estos se negaron a reducir y regular, permite que esto sea rentable. La manipulación de encuestas o su uso a conveniencia no puede ser justificación para que los partidos hoy pidan que se prohíba su publicación, y mañana estén de acuerdo con esta según les convenga, violentando derechos fundamentales como el que tenemos los ciudadanos a la información.  Lamentablemente la JCE buscó el remedio equivocado a un mal conocido que los propios partidos se han negado a solucionar, y la evidente inconstitucionalidad de su Reglamento pudiera provocar un efecto indeseado aun mayor, la rebeldía ante su autoridad, por lo que conviene analizar si no sería mejor dejar sin efecto esa prohibición, que esperar a que el Tribunal Constitucional así lo ordene.

Para nosotros se trata de un hecho inédito, lo cierto es que los paros judiciales se realizan en muchos países como es el caso de Francia, país del cual copiamos la figura del CNM y que inspiró en parte el diseño de nuestra carrera judicial, y que su poder puede ser tan efectivo como sucedió hace poco en Italia, país en el que la primera ministra Giorgia Meloni intentó hacer aprobar mediante un referéndum su cuestionada reforma judicial que separaba las carreras de los jueces y los fiscales, y quería dividir en dos el consejo superior de la magistratura, a la cual se oponían jueces que convocaron paros judiciales en defensa de la independencia judicial, y la victoria del no en dicha consulta popular a finales de marzo pasado, impidió dicha reforma lo que celebraron con júbilo los jueces y los que se sumaron a su posición.

Está claro que desde hace tiempo en nuestro país hay quejas de jueces y servidores judiciales que reclaman mejores salarios y condiciones de trabajo, y que resienten como lo han expresado públicamente algunos de los voceros de las asociaciones de jueces, el silencio ante los reclamos que vienen haciendo, uno de los cuales sí fue atendido el pasado año con el cese de labores en el Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, antiguo edificio de la Suprema Corte de Justicia, aunque la atención a ese reclamo que llevaba un tiempo con el cierre definitivo de funciones de este a finales de abril del 2025 tuvo mucho que ver con el impacto de la tragedia del colapso del techo del Jet Set el 8 de abril de ese mismo año.

Muchos de los reclamos tienen que ver con aspectos económicos, que dependen en gran medida de que el gobierno asigne las partidas presupuestarias requeridas, y es injusto hacerlo cargar únicamente sobre las espaldas del presidente del poder judicial que depende de un presupuesto recortado cada año, hay otros que evidencian fallas de comunicación, pero hay otros que señalan un malestar más profundo y que merece ser analizado, como el cuestionamiento de la efectividad del Consejo del Poder Judicial creado mediante la Constitución del año 2010, al que algunos califican de inoperante.

El hecho de que esta paralización ocurra en la antesala del esperado proceso de convocatoria del CNM para la evaluación de 11 de los 17 jueces de la Suprema Corte, incluyendo a su presidente quien lo es también del consejo del poder judicial, puede ser una coincidencia o una forma de presionar, y aunque es una complicación para resolver el problema en lo inmediato, es una oportunidad para tratar de hacerlo en el corto y mediano plazo. La cacareada tercera ola de reformas del poder judicial no puede seguir siendo un discurso, hay una realidad que la exige, y no se trata solamente de atender reivindicaciones salariales y de condiciones de trabajo buscando como identificar partidas para hacerlo, sino de analizar responsablemente las necesidades presupuestarias, la efectividad de lo que hemos venido haciendo y la pertinencia de  realizar cambios, como por ejemplo el disfuncional proceso de selección de los jueces por el CNM, que se ha vuelto más una trampa que hace que los mejores no participen, que un verdadero mecanismo que permita realizar la selección idónea, y el desacreditado proceso de evaluación, que fue una fórmula incluida en la Constitución de 2010 para recortar el mandato vitalicio de los jueces y permitir que el poder de turno renueve sus mandos. Ojalá que este llamado de atención sirva para impulsar los cambios necesarios.