Y recordamos esto porque es precisamente lo que debemos evitar hacer, luego de los potentes y devastadores terremotos ocurridos en La Guaira en Venezuela en junio pasado en el perdieron la vida más de seis mil personas, y el que acaba de suceder en Colombia en San José del Palmar en el departamento de Chocó, el cual afectó otros departamentos como el del Valle del Cauca, cuya capital es Cali, lugar donde hacía apenas 3 días se había celebrado la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia, quien decidió realizarla allí y no en la ciudad de Bogotá, y donde se reunieron jefes de Estado y misiones de diversos países, incluyendo nuestro Presidente, habiendo sufrido daños incluso el lugar donde se celebró, la Arena de la Universidad Santiago de Cali.

Aunque es usual que proliferen las publicaciones y entrevistas de expertos luego de eventos sísmicos como estos, el problema es que luego la atención se desvía y la ocupación se descuida, y eso es lo que no debemos permitir que vuelva a suceder, pues sin que hubiera un terremoto  hace poco vivimos el fatídico desplome de la discoteca Jet Set que causó la muerte de 236 personas y cientos de heridos, lo que significó una dura prueba para nuestros organismos de prevención de desastres y fuerzas de rescate que trabajaron incansablemente con los instrumentos a su alcance, por eso solo pensar en la ocurrencia de un evento imprevisible como un terremoto aterra, y no basta con pedir a Dios que nos guarde.

Todos sabemos que nuestras ciudades han crecido de forma desordenada, que los planes de ordenamiento territoriales apenas comienzan a ser discutidos y aprobados intentando equilibrar intereses y situaciones, que nuestros ayuntamientos han carecido de los debidos recursos y que el otorgamiento de permisos de uso de suelo muchas veces responde más a intereses pecuniarios por prebendas recibidas que a criterios racionales, que no contamos con los debidos niveles de inspección, supervisión y control, no existiendo siquiera cumplimiento de aforos, lo que muchos aprendieron existía con la pandemia del covid-19; y que al mismo tiempo el crecimiento económico del país motorizó el del sector de la construcción, el cual no se ha hecho a la par del aumento de la capacidad de los servicios públicos, existiendo una total desconexión entre el perfil urbano cada vez más alejado de las casas de un solo piso preponderando las edificaciones, que se han ido elevando hasta alcanzar al momento 45 pisos, sin que tengamos camiones de bomberos equipados para alcanzarlos, los cuales en promedio llegan a 10/12 niveles, ni adecuada regulación y supervisión de que cada una de las edificaciones cumpla con los reglamentos vigentes, y pueda ajustarse a cumplir con las nuevas normativas pendientes.

Por presión del crecimiento y con el interés de no convertirse en retranca para el desarrollo de proyectos inmobiliarios la Alcaldía del Distrito Nacional ha ido aumentando los rangos de altura y densidad poblacional, habiéndose anulado algunas ordenanzas, pero al mismo tiempo la mala práctica de valerse de un permiso obtenido para una cosa, para hacer modificaciones en el camino para lograr otra, sigue existiendo hasta que encuentra como obstáculo la acción decidida de una junta de vecinos dispuesta a ejercer acciones judiciales.

Sería una irresponsabilidad mayúscula que no tomemos estos avisos de la naturaleza como una oportunidad para revisarnos a profundidad, para modificar ordenanzas municipales, actualizar normativas y empezar a repensar las ciudades no solo desde el punto de vista de cuantos edificios pueden construirse y cuán rápidamente se obtienen los permisos del Ministerio de Viviendas y Edificaciones, sino de cómo los habitantes de estos podrán ser atendidos adecuadamente con los servicios públicos correspondientes, cómo se regulará y atemperará el impacto a su entorno, y cuánta capacidad tenemos para manejar los eventos catastróficos y mitigar sus efectos, con suficientes inspectores  que verifiquen cumplimientos, y brigadas de bomberos, socorro y rescate dotadas del equipamiento y entrenamiento correspondientes, con planes de evacuación debidamente señalizados, educación y entrenamiento de la población con simulacros recurrentes.  Continuar sin prestar la debida atención a las señales y no hacer lo necesario, sería actuar a la “brigandina”, y nuestra historia nos cuenta lo que eso significa.

Ese penoso conflicto que se está dando en Costa Rica, otrora referente de institucionalidad en la región, tiene que ver con la resistencia del Poder Ejecutivo a la independencia del Poder Judicial, respecto del cual la presidente Laura Fernández ha criticado la reelección de los magistrados de la Corte Suprema por largos periodos, ya que según su Constitución son electos por 8 años, y se considerarán reelectos por iguales períodos, salvo que una mayoría calificada de dos terceras partes del total de los miembros de la asamblea legislativa decida lo contrario; habiendo acusado de golpistas a los magistrados de la Sala Constitucional por haber prorrogado el nombramiento de sus suplentes, tras siete meses en los que el oficialismo en el Congreso se ha negado a votar la lista de candidatos propuestos por el Poder Judicial.

En nuestro país hubo resistencia a la inamovilidad judicial instaurada en la Constitución de 1994 e iniciada con la elección por vez primera de los jueces de la Suprema Corte de Justicia por el CNM en 1997, y los que creíamos en su conveniencia resultamos altamente decepcionados por su cercenamiento en la Constitución de 2010 impulsada por el ex presidente Leonel Fernández, la cual estableció que los jueces estarán sujetos a la evaluación por el CNM de su desempeño al término de siete años a partir de su elección, debiéndose sustentar los motivos de ley en caso de separación.  Esta evaluación como ocurrió desde el inicio, luego de que se separaran de sus cargos a los jueces que habían emitido voto disidente en el fallo del caso de corrupción conocido como “Sun Land” y que se removiera de la presidencia al respetado Magistrado Jorge Subero Isa, para colocar en esa posición a Mariano Germán, quien se consideraba cercano al presidente y a su entonces partido el PLD, ha sido el instrumento para que cada presidente cuando le toca la oportunidad recomponga según su conveniencia esta Corte y designe un presidente que considere cercano.

Debemos reconocer que si tenemos elección de los jueces por el CNM a partir de la cual se inició una profunda transformación de nuestro Poder Judicial fue gracias a la solicitud efectuada por el extinto líder José Francisco Peña Gómez al ex presidente Joaquín Balaguer como parte de la negociación para la salida de la crisis electoral de 1994 que conllevó una reforma constitucional para dividir el mandato en dos, lo que no sirvió para que gobernara dicho líder, pero sí para dejar el legado del CNM; y a partir de ahí la historia registra que a Leonel Fernández no lo recordaremos tanto porque en su primer mandato presidió por vez primera ese consejo, sin tener mayoría, seleccionando una Suprema Corte emblemática, sino más porque en el año 2010 ya con mayoría congresual le propinó un duro golpe despojando a los jueces supremos de la inamovilidad, y separando  a magistrados de alto reconocimiento para auspiciar a los que consideraba de su conveniencia, que el ex presidente Danilo Medina será más recordado por el bochornoso incidente protagonizado por el ex procurador general contra la Magistrada Miriam Germán en su supuesta evaluación, que por los buenos jueces que pueda haber seleccionado, y ahora le tocará a dos años de terminar su segundo mandato al presidente Luis Abinader definir cómo será recordado. 

Seleccionar a quien presidirá este poder del Estado, lo que ya es un hecho seguro ante la entendible decisión del Magistrado Luis Henry Molina de no exponerse a esa desacreditada evaluación, probablemente será una de sus decisiones más importantes y difíciles, que requiere tener la sabiduría de seleccionar al mejor candidato para la justicia, y no al más conveniente para sus intereses, a sabiendas de que independientemente de los méritos que pueda tener el elegido, uno que se considere de los suyos, siempre será visto como una pieza colocada a conveniencia.  De la idoneidad de esta elección dependerá en gran medida como será recordado.  

Hay que recordar que luego de que la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos dictaminara que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional conocida por sus siglas en inglés como “IEEPA” no otorgaba al presidente autoridad para imponer aranceles a gran escala como había dispuesto, el gobierno del presidente Trump buscó fundamentos jurídicos para continuar con su estrategia comercial, primero utilizando la Sección 122 de la Ley de Comercio que permite al presidente imponer un recargo temporal a la importación de hasta un 15% sobre las mercancías importadas por motivos de balanza de pagos por un período de hasta 150 días, a menos que se prorroguen mediante una ley del Congreso, y ante la falta de esta, impuso nuevos aranceles bajo la utilización de otra sección, la 301, de la misma ley, al filo del vencimiento del referido plazo previsto para las 00:01 h (hora del este) del 24 de julio de 2026.

Esto demuestra que los fundamentos jurídicos son simplemente instrumentos utilizados para seguir imponiendo la política de «Estados Unidos primero», lo que se constata en el propio aviso en el que el representante comercial de Estados Unidos, embajador Jamieson Greer, señaló que “el presidente Trump reconoce que décadas de llamados y persuasión moral no han logrado erradicar el trabajo forzado de las cadenas globales de suministro. Estados Unidos prohíbe desde hace casi un siglo la importación de productos elaborados con trabajo forzado y aplica rigurosamente esa prohibición. Ya es hora de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo”.

En esta era en la que el multilateralismo, los tratados internacionales y los acuerdos de libre comercio están siendo socavados por acciones unilaterales, la cercanía o complacencia total, o los intereses, son lo único que quizás defina ser incluido en la lista de los menos afectados.  Por eso quizás, muchos países se ven castigados a pesar de que los Estados Unidos tengan un superávit en su balanza comercial con estos, o que tengan acuerdos comerciales vigentes, o hasta hayan suscrito memorándums de entendimiento para cumplir con algunas solicitudes de su gobierno, como es el caso de la República Dominicana, que pasó de un arancel de 10% a un 12.5%.

En la región Latinoamericana solo Argentina, Ecuador, El Salvador, Guatemala, y Honduras cayeron en el 10%, los cuatro primeros por haber asumido el compromiso en Acuerdos de Comercio Recíprocos, y el último por haber adoptado una prohibición días antes, aunque no esté plenamente aplicada; quedando bajo la imposición del 12.5% además de República Dominicana, Chile, Brasil, Costa Rica, Perú, Colombia, Uruguay, Nicaragua y Venezuela. Recibiendo República Dominicana el mismo tratamiento arancelario que Angola, China, Egipto, Irak, Libia, Marruecos, Rusia, entre otros países, lo que es sorprendente. Honduras, cuyo presidente Asfura fue respaldado por el presidente Trump previo a su reciente elección, fue beneficiado con un 10% porque dictó el decreto ejecutivo 014-2026 para la prohibición de importación de mercancías producidas en condiciones de trabajo forzoso en fecha 16 de julio de 2026, invocando entre otras cosas el Convenio 105 de 1957 sobre la abolición del trabajo forzoso de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo que también hizo la República Dominicana horas antes del vencimiento del plazo del “arancel 122” con el decreto 502-26. Y aunque justificadamente puede reprocharse que este no haya sido dictado antes, es imposible no preguntarse si el resultado hubiese sido el mismo, porque si el objetivo fuera el real cumplimiento con la abolición de esta abominable práctica, no hay como justificar que Uruguay y Noruega que están entre los países que según la OIT más cumplen los convenios internacionales, estén incluidos entre los castigados.  Por eso la aplicación de estas medidas punitivas arancelarias hace recordar una famosa lista de los niños que se portaban bien, y de los que se portaban mal, con la que amenazaban a muchos televidentes del recordado programa del Sheriff Marcos hace algunas décadas, lo que hoy parecería totalmente inadecuado, pero que sin embargo reaparece a escala mundial.

Ortega consolida la reelección indefinida

Primero intentó modificar la Constitución para eliminar la prohibición a la reelección consecutiva y al no conseguirlo, se agenció una vergonzosa sentencia de inconstitucionalidad dictada por la sala constitucional de la corte suprema de justicia, modificación que si logró pasar en el año 2014 para eliminar el doble candado que  esta tenía, pues prohibía la reelección consecutiva y también luego de dos períodos; y a partir de ahí valiéndose de farsas electorales su presidencia compartida con su esposa Rosario Murillo, violentando el mandato constitucional que prohibía participar como candidatos a parientes y afines del que ejerciere o hubiere ejercido la presidencia, no ha cesado de manifestarse como la más  cruel dictadura, apresando, persiguiendo, maltratando, desnacionalizando, condenando, y confiscando y expropiando bienes a periodistas, líderes religiosos y opositores, así como a toda persona u organización que haya expresado críticas a sus abusos de poder, llegando incluso a despojarles de su personería jurídica, como hizo con la Orden de los Jesuitas a la que injustamente disolvió y le expropió sus bienes, y a organizaciones del empresariado a las que cerró y les canceló su personalidad.

Aunque parecía que nada más podía hacer Daniel Ortega ante la mirada casi indiferente del mundo, luego de haber desterrado a muchos de sus compatriotas, de mantener a muchos retenidos sin posibilidad de salida y a otros tantos en el exilio ante la imposibilidad de regreso a su tierra, su descarado anuncio de que se olviden de nuevas elecciones que ha causado un justificado revuelo no debería quedarse en un repudio más, y debe ir más allá en la línea de acción de la comunidad internacional,  con un accionar que refleje un compromiso más firme con los principios democráticos.

Desgraciadamente Nicaragua que fue manejada por los Somoza como su finca personal bajo el manto protector de los Estados Unidos y que transitó los sueños de liberación tras el triunfo de la revolución sandinista y el derrocamiento de la dictadura somocista, está oprimida por un “hierro caliente” que no es el que los cantautores describían como el garrote del imperio norteamericano, sino uno salido de las propias entrañas de esa lucha, que paradójicamente ha sumido a los nicaragüenses al mismo yugo opresor de los abominables designios de una dictadura familiar tan despreciable como la que derrocaron en 1979.

Rechazo internacional y fin del voto

Y aunque lluevan los editoriales de la prensa libre condenando la muerte del voto, y gobiernos como el de Panamá prontamente hayan expresado su total rechazo, lo que de seguro harán también otros como el dominicano, y funcionarios de los Estados Unidos digan que no se quedarán de brazos cruzados, esto no tendrá un efecto sustantivo a menos que se logre articular una presión de un nivel tal que pueda resquebrajar ese régimen, pero al mismo tiempo la historia nos da cuenta no solo de que esas presiones muchas veces no consiguen sus objetivos como sucedió con Cuba, sino que la motivación de las grandes potencias, y sobre todo en la actualidad, está más vinculada a los intereses económicos o geopolíticos, que a la defensa de los ideales democráticos.

Ojalá aprendamos de que nada es más valioso que los principios democráticos, pues sobran los ejemplos de revoluciones fracasadas que se han convertido en viles opresores de sus pueblos, de líderes autoritarios que crecieron bajo el efecto de la levadura de su lema de restaurar el orden con mano dura, pero debilitando la institucionalidad para su propio beneficio, y de silencios cómplices ante groseras violaciones al orden constitucional y democrático por conveniencias particulares y miope visión, que indefectiblemente terminaron aniquilando derechos a los mismos que una vez pensaron que esa era la forma de ordenar la sociedad. Recordemos que las promesas de muchos que se pintaron como reivindicadores, liberadores o rescatadores de sus países han terminado en pesadillas tan crueles o más, como las que prometieron superar, y que a pesar de sus muchos defectos vivir en democracia es una gracia que hay que valorar y preservar.

Crecimiento económico y bienestar percibido

Quizás por eso a pesar de ser una de las economías que más ha crecido en Latinoamérica durante años y de que nuestro país es admirado en la región por la estabilidad política y social que hemos exhibido por décadas, estamos tan distantes de Costa Rica y Panamá en la medición del Índice Global de Felicidad producido anualmente por Gallup, el Centro de Investigación de Bienestar de Oxford, y la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), países  con los cuales generalmente nos reagrupan en términos económicos, con los que por demás conformamos desde el año 2021 una «Alianza para el Desarrollo en Democracia»; índice que está basado en el promedio de cómo los residentes de 140 países califican sus propias vidas junto a factores como el Producto Interno Bruto (PIB), apoyo social, expectativa de vida, percepción de libertad, generosidad y corrupción.

Y decimos esto no solo porque Costa Rica constituyó la sorpresa este año al llegar al grupo de los 5 mejores del mundo ocupando la posición número 4, saltando desde la posición 12 ocupada en el 2013, y la sexta en el 2025, sino también porque Panamá que ocupa este año la posición 39 habiendo sido su peor resultado 41, también está muy por encima de la República Dominicana, la cual ocupa este año la posición 64 habiendo escalado desde la 76, siendo la peor la 98 que obtuvo en el 2014.

Al parecer el mismo chocante contraste entre las cifras económicas y la expresión de la gente reflejado en encuestas locales o en simples entrevistas realizadas por medios de comunicación, también se evidencia en este índice de la felicidad que en cierta medida depende de las respuestas dadas por los ciudadanos respecto de su calidad de vida. Y si bien es cierto que hay demasiadas cosas que criticar y lamentar en nuestro país, al mismo tiempo es innegable que ha habido una mejoría notable de la calidad de vida con por ejemplo mayor acceso a la salud a través del Sistema Dominicano de Seguridad Social, el cual con todo y sus pendencias y falencias constituyó un salto exponencial que dotó a partir de 2007 de seguro de salud a un alto porcentaje de la población que antes estaba desprovisto de este.

Resignación y fatalismo social

El problema no es la inconformidad de la población reflejada en las encuestas, sino la resignación de muchos que han decidido simplemente darse por vencidos porque entienden que cualquier esfuerzo es inútil ya que nada cambiará, por tanto, no lo valoran, y han preferido apostar a soluciones individuales a problemas colectivos creándose sus propias burbujas de bienestar, sin darse cuenta de que a la postre están simplemente ahondando las diferencias hasta que la explosión avise.

Tampoco lo es la crítica, por el contrario necesitamos más ciudadanos vigilantes dispuestos a actuar como dolientes de la cosa pública, sino el fatalismo que impulsa a ver lo peor y no a luchar por lo mejor, que desconfía de toda iniciativa porque tiende a pensar que todo lo que hacen los demás está mal o persigue un interés, o a dividir la sociedad entre buenos y malos, sin detenerse a pensar que cada ente de esta es un reflejo de lo positivo y lo negativo que coexiste en ella, y que la única manera de avanzar es empujando todos en un mismo sentido, la búsqueda del bienestar colectivo y no el simple confort individual.

Ni la resignación ni el fatalismo son el camino que debemos seguir, la primera solo sirve para derrotar las esperanzas y anular los esfuerzos de aspirar a un mayor desarrollo e impulsarlo, el segundo porque no solo se niega a ver lo positivo, sino que puede dirigir la mirada hacia lo peor, creer que ninguna solución es posible bajo el orden democrático y apostar a liderazgos autoritarios, narcisistas, populistas y muchas veces irracionales, los cuales como sobradamente demuestra la historia, generalmente terminan trayendo mucho más mal, del que supuestamente vinieron a remediar.

De no haberse tenido conocimiento exacto del hecho gracias a videos realizados por personas que los presenciaron costaría creer que algo tan simple haya terminado de una forma tan horrenda, y cuesta más creer que a pesar de saber que estaba en presencia de testigos, de que los mismos requisados  estaban filmando la escena, lo que él mismo había reconocido al decir “tú puedes grabar, tranquilo, que aquí no se está agrediendo, no se te está haciendo nada”, así como uno de los cinco agentes que lo acompañaban, su reacción luego de un breve forcejeo fuera sacar su arma y disparar, a pesar del griterío de las personas tratando de evitarlo.

Este horrendo y lamentable hecho ejemplifica que nuestra  Policía debe ser transformada de los pies a la cabeza, y retrata de forma patética que no solo se trata de dotarla de buenos equipos y mejores salarios, pues correctamente uniformados y equipados, con una camioneta nueva y bien rotulada, los 6 agentes actuaron conforme a la vieja y dañina cultura no solo de la violencia y de abuso de autoridad, sino de la falta de cumplimiento con la ley y con total falta de conciencia de cómo corresponde actuar frente a un ciudadano.

Los niveles de violencia de nuestra sociedad son altos, y por eso quienes portan armas y sobre todo si se trata de la autoridad que está llamada a proteger las personas y los bienes deben tener la templanza para manejar situaciones sin que la ira, la arrogancia y la violencia los lleven a demostrar su jefatura por medio de un arma letal, que no solamente segó una vida joven, sino que también arruinó la del mismo homicida que será juzgado y sancionado como corresponde.

Las dolorosas lecciones que deja este crimen deben ser aprendidas, y la primera de ellas es que a pesar de que tenemos la vida viendo en películas y series actuaciones policiales en las que claramente se sigue un protocolo de identificación del agente frente al ciudadano y las causas del registro, de solicitud de documentos, de exhibición de manos y verificación de porte de armas, de inmovilización, y de que los reglamentos vigentes así lo ordenan, parece que hay resistencia a cumplirlo y hay que repetir sin cansarse este entrenamiento básico, y saber dirigir las intervenciones policiales, porque una motocicleta sin seguro no podía tener como consecuencia llevarse a nadie preso, actuación antojadiza y abusiva, que hace sospechar malos propósitos.

Frustra que tanto empeño en transformar nuestra Policía siga chocando con la misma piedra, pero en vez  de denostar los esfuerzos y el proceso de reforma, o de intentar sacar ventaja política cuando se sabe que este es un mal de años que otros poco hicieron por atender, lo que corresponde es seguir luchando cada día para lograr este objetivo por imposible que parezca; reclamando que se aprueba la nueva ley orgánica que constituye una profunda reforma, que se dicten oportunamente sus reglamentos, que se hagan los debidos entrenamientos, que se sancionen ejemplarmente a los culpables de violaciones a la ley, y no solo a los que alegremente disparan sus gatillos sino también a los que en silencio cómplice no hacen nada por evitarlo, y se investigue a quienes de alguna manera permiten o propician que se manden patrullas a las calles no para proteger y dar seguridad, sino a “pescar” coimas, y peor aún personas. 

La Policía debe cambiar su vieja y arraigada mentalidad y sus malas prácticas, porque si esto no sucede no habrá uniformes, equipos, ni salarios que garanticen que harán correctamente su misión porque el hábito no hace al monje, así como también debe cambiar la visión de una parte de la población que reclama “mano dura” y cierra los ojos frente a inexcusables ejecuciones, sin comprender que lo que tiene que exigirse es el estricto cumplimiento de la ley.

La ley de gestión de residuos sólidos que fue impulsada por el experto en asuntos municipales del anterior partido de gobierno PLD y candidato a la alcaldía del Distrito Nacional por dicho partido, aunque fue aprobada por el Congreso un mes después de finalizado dicho gobierno, generó un gran debate previo a su aprobación sobre todo por los temas relacionados con el impuesto previsto para la recaudación de los ingresos necesarios para cumplir con su objetivo, el concepto de la responsabilidad extendida del productor, y las prohibiciones de distintos productos considerados contaminantes; y como parte de los consensos para lograr su aprobación se sustituyó el impuesto verde al consumo previsto originalmente sobre una lista de bienes producidos o importados a los que se les establecía un porcentaje mediante tasas diferenciadas en función de los residuos sólidos generados, por una contribución especial, que solo algunos criticamos, pues  como el monto no era tan alto, entre RD$500 y RD$260,000 pesos, pocos se detuvieron a analizar el concepto.

Ingresos insuficientes del fideicomiso

Desde el inicio se sabía que  los ingresos derivados de esa contribución serían insuficientes para que el fideicomiso creado por dicha ley para la gestión de los residuos pudiera cumplir con los objetivos de esta y pagar todos los compromisos asumidos con las empresas gestoras de residuos que se fueron creando y contratando, y por eso en enero de 2025 el Senado aprobó una modificación a la ley que sorprendió a todos, menos a sus promotores, que luego de un gran debate para eliminar sus puntos más conflictivos y reducir el rango de montos a pagar de entre 1,200 a 10 millones de pesos para fijarlo entre 3 mil y 675,000 pesos, se aprobó en diciembre de 2025 la Ley 98-25, pero lamentablemente manteniéndose el concepto errado de la contribución especial a ser pagada por toda persona jurídica en base a sus ingresos, sin una diferenciación basada en el principio de que quien contamina paga.

Pero resulta que las micro, pequeñas y medianas empresas se vieron afectadas por un incremento sustancial y no solo alzaron su voz de rechazo, sino que amenazaron con el cierre de sus comercios a inicios de marzo del presente año, y la promesa de reducción que sus representantes dijeron haber recibido que desactivó sus planes de huelga, finalmente se cumplió in extremis el día en que debía pagarse la primera cuota de esa contribución, con la inclusión de una extensión del plazo para el pago, pero como el monto a recaudar debía ser similar, el empujón se hizo entonces hacia arriba, y en vez del tope detenerse en 675 mil pesos para ingresos de más de 100 millones de pesos, se establecieron 5 categorías más hasta fijar el tope en 2.2 millones pesos para ingresos de más de dos mil quinientos millones de pesos.  Esto naturalmente ha disgustado a muchas empresas afectadas, aunque se corrigieron en la ley algunos de sus puntos como permitir la deducción de la contribución de la renta bruta lo que había eliminado la Ley 98-25, excluir la prohibición de importación de tapas plásticas, y poner un tope máximo de 675 mil para las empresas comisionistas, como los agentes de viaje.

Impacto en mipymes y cierre de Duquesa

Desde ya se sabe que a pesar de este aumento los ingresos serán probablemente insuficientes a pesar de la indexación, y lo serán aún más cuando se haga el cierre del vertedero de Duquesa, por eso es urgente adoptar un criterio justo para el pago en base a las mejores prácticas como el modelo europeo, concretamente el español, para establecer el pago en base a productor o poseedor de residuos, no para toda persona jurídica o patrimonio autónomo independientemente de que produzca o posea o no estos, de acuerdo con el principio «quien contamina paga» y bajo criterios diferenciadores tales como categoría comercial y actividad, superficie, número de trabajadores, tipología de residuos generados.  Como los ingresos serán insuficientes intentarán nuevamente aumentar la contribución, la cual se hará cada vez más alta, desproporcional e inequitativa, y se multiplicarán los recursos de inconstitucionalidad alegando que la contribución no supera la prueba de constitucionalidad.  Corrijamos cuanto antes el errado diseño de la contribución, solo así podremos asumir una verdadera política pública de gestión integral de residuos.

Adriano, puente político de la diáspora

Desde que fue electo, Adriano se convirtió en una figura política clave para los dominicanos, una puerta de acceso para nosotros a la política norteamericana y una vía para canalizar los intereses de los sectores nacionales.  Su carismática personalidad, su vocación de servicio, su compromiso y su trabajo constante lo mantuvieron siempre cerca no solo de sus constituyentes del Distrito 13 de Nueva York, en el que habita un porcentaje importante de dominicanos de primera, segunda o tercera generación, sino también de la República Dominicana, su país de nacimiento, al cual se mantiene muy vinculado, y por eso políticos, empresarios, periodistas, artistas, deportistas y líderes sociales interactuaron con él de una forma tan estrecha que hacía incluso confundir a muchos, que creían que Adriano era el representante de la República Dominicana en el Congreso norteamericano, y no un congresista de los Estados Unidos.

Al mismo tiempo, Adriano escaló en el liderazgo interno de su partido demócrata y puso esas relaciones al servicio de  los dominicanos, canalizando encuentros, y en múltiples oportunidades, en su emblemático evento “Dominicans on the Hill”,  brindaba la oportunidad a sus constituyentes de conocer el Congreso y presenciar las exposiciones de otros congresistas, y también de actores relevantes del ámbito nacional, y gracias a eso, políticos, comunicadores, deportistas, artistas participaron en los salones del Congreso en encuentros con la diáspora.

Factores externos cambiaron su continuidad

Aunque esa activa hoja de servicio y su consolidado liderazgo hacían ver que permanecería en el cargo gracias a la segura reelección por sus electores durante tiempo indefinido, desgraciadamente, factores externos cambiaron el curso de las cosas: la elección de un candidato a alcalde de Nueva York, de un joven que, con una campaña innovadora, derrotó internamente al exgobernador Andrew Cuomo para hacerse con esa importante alcaldía, bastión demócrata, quien no midió ni el efecto negativo de las acusaciones por acoso sexual que lo forzaron a dimitir de su cargo ni el cambio que se estaba dando al interior de su partido, en el que emergía una nueva generación; y los efectos de la agresiva política bélica y migratoria del presidente Trump, junto a su aliado Israel, que cada vez más profundiza la división en ese país y dentro del ámbito demócrata, provocan una mayor tendencia hacia la izquierda y la búsqueda de una separación frente a las acciones de Israel contra Palestina, asumiendo posiciones más fuertes frente al genocidio de Gaza y rechazando el cabildeo sionista.

Para los dominicanos era evidente que Adriano debía seguir siendo el congresista que encarna lo mejor de la diáspora y del logro del sueño americano de un niño que llegó indocumentado y alcanzó tan alta posición, pero en los corrillos políticos las cosas suceden por intereses y, para el jefe de la ciudad de Nueva York, estas primarias demócratas eran la ocasión no solo de demostrar sus músculos haciendo que candidatos apoyados por él vencieran, sino de dar un giro a la izquierda y un bajón en años a sus representantes para intentar tener voceros más afines a sus posiciones en el Capitolio. Por eso no se trataba de cuán bien lo hubiera hecho Adriano, ni de cuánto representaba a sus constituyentes y a los dominicanos; la realpolitik se impuso y ganó la candidata de Mamdani, quien, aunque de padres dominicanos, nació en los Estados Unidos y pertenece a una generación distinta, criada con otros intereses y menos conexión con sus raíces. Debemos estar agradecidos de Adriano por haber llevado a los dominicanos al “Capitol Hill”; resta por ver si esto en lo adelante seguirá siendo una realidad, o si será solo un recuerdo de un liderazgo solidario con sus compatriotas, que no solo trató de abrirse puertas en los Estados Unidos, sino también de asegurarse de que todo un país pasara por ellas.

Y precisamente este ha sido el argumento expresado por las organizaciones empresariales y algunos juristas en relación con el artículo 86 del Código de Trabajo el cual dispone que las indemnizaciones por preaviso y auxilio de cesantía en ocasión de un desahucio deben ser pagadas al trabajador en un plazo máximo de diez días, a contar de la fecha de terminación del contrato, y que en caso de incumplimiento, el empleador también debe pagar “una suma igual a un día del salario devengado por el trabajador por cada día de retardo”, sin que se establezca un límite a ese cómputo, como sí lo dispone el mismo Código en relación con el despido en el artículo 95 numeral 3, el cual establece que en caso de que se declare injustificado por un tribunal, el empleador deberá pagar al trabajador, “una suma igual a los salarios que habría recibido el trabajador desde el día de su demanda hasta la fecha de la sentencia definitiva, dictada en última instancia”, estableciendo expresamente que esta suma nunca será mayor a 6 meses de salario.

Mantener el crecimiento ilimitado de la penalidad por no pago en el plazo de 10 días no solo es injusto, sino que carece de racionalidad pues, así como los recargos de deudas tributarias multiplican la suma adeudada desproporcionalmente, lo mismo sucede con el artículo 86, lo que muchas veces simplemente beneficia a abogados que han desinteresado a trabajadores y continúan los casos a sabiendas de que es un negocio redondo por el tiempo que demoran los tribunales en fallar los casos. Y en vez de establecer un tope de 6 meses como propuso el sector empleador, a nuestros legisladores se les ha ocurrido poner un límite de 2 años al conocimiento y fallo de los casos, como si esto dependiera de la voluntad del legislador.

Otra falta total de consistencia legislativa es lo que ha sucedido con el nuevo régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas establecido en el nuevo Código Penal aprobado mediante la Ley 74-25. Entre los casos de aplicación de esta responsabilidad penal están las infracciones culposas que provocan incapacidad laboral establecidas en el artículo 150 que dispone que quien por torpeza, imprudencia, inadvertencia o negligencia provoque a otro una enfermedad o una incapacidad total para el trabajo durante más de noventa días, será sancionado con 1 a 2 años de prisión y multa de tres a seis salarios mínimos del sector público, y con 15 días a 1 año de prisión y multa de uno a dos salarios mínimos cuando esta sea de noventa días o menos. Y el artículo 151 dispone que las personas jurídicas podrán ser declaradas penalmente responsables de esta infracción y ser sancionadas con las penas dispuestas en los artículos 43 al 45 de dicho código entre las que se encuentra el cierre temporal de uno o varios de los establecimientos comerciales operados por la sociedad, por un período no mayor de 15 días. Pero resulta, que al establecer ese régimen de responsabilidad no se tomó en cuenta que la Ley 87-01 de Seguridad Social creó el seguro de riesgos laborales cuya cotización corresponde en un ciento por ciento a los empleadores, y prevé las prestaciones económicas a que tiene derecho el trabajador, incluyendo pensiones por discapacidades parciales y totales, limitando la responsabilidad penal de los empleadores a la falta de afiliación de sus empleados y la falta de pago de las cotizaciones, y también establece exclusiones de riesgos por causas imputables a los trabajadores, como estado de embriaguez o bajo acción de sustancias narcóticas, y daños debidos a dolo o imprudencia temeraria del trabajador, ninguna de las cuales fueron comprendidas en el Código Penal.

Necesitamos que nuestro marco legal tenga consistencia entre una ley y otra, disponer algo en una ley sin tomar en cuenta el régimen especial, no solo causa distorsiones, sino que provoca graves consecuencias. La misma distorsión que se quiere erradicar con los recargos de la deuda tributaria, es la que se quiere mitigar estableciendo un límite a la penalidad del artículo 86 del Código de Trabajo, lo que es válido en un caso lo es igualmente en el otro.  Se requiere sintonía, lo demás es pura demagogia.

Basta con seguir lo que acontece en el mundo y en nuestra región para comprender la importancia de mantener una sociedad que no esté radicalmente dividida, en la que a pesar de las diferencias se pueda mantener el diálogo, y de no sufrir los embates de los extremos, que en un movimiento pendular van de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, sin resolver los problemas ni unos ni otros, pero ahondando las diferencias y menguando las posibilidades de comprensión.

Por eso debemos no solo valorar que como país hayamos podido mantenernos cercanos al centro sin que haya diferencias sustanciales en las políticas públicas de los gobiernos que se han sucedido en las últimas décadas, sino también tener la capacidad de trabajar para que eso pueda mantenerse, y alejar la polarización que tanto ha afectado en otros países, y evitar vuelcos hacia extremos contraproducentes sean del lado que sean, que dejan sin opciones racionales al electorado.

Latinoamérica ha tenido una historia marcada por líderes mesiánicos que demagógicamente han prometido cambiar los males de sus pueblos, los que en muchos casos solo los han profundizado, y a pesar del mito de la revolución cubana que encendió la llama de la conciencia social en generaciones y erigió a Fidel Castro a figura admirada mundialmente, a la postre el fracaso de esta y sus terribles consecuencias para el pueblo cubano, y el penoso resultado de su fallida réplica la revolución bolivariana del siglo XXI en Venezuela, y de la total desnaturalización del sandinismo en Nicaragua convertido en una cruel dictadura por Daniel Ortega; debería hacernos aprender la lección de que el desarrollo de nuestras sociedades depende más de la racionalidad que tengan nuestros gobiernos y de la sana interacción entre el sector público y el privado, que de discursos grandilocuentes y divisores, y de medidas disruptivas del orden económico.

Es cierto que los gobiernos deben tener la responsabilidad y la firmeza para impulsar las acciones necesarias para el bienestar general, pero también es importante que tengan la templanza para saber escoger los momentos apropiados y la sabiduría para saber escuchar distinguiendo la verdad de la mentira, lo justo de lo injusto. Por eso, por más defectuosa que parezca nuestra democracia, por más que resintamos que las autoridades no cumplan con su rol de hacer cumplir la ley, jamás debemos aspirar a que el orden y las soluciones provengan de la negación de derechos ciudadanos y del ejercicio autocrático del poder. Lo que sí todos debemos reclamar es que el orden sea el resultado de la aplicación rigurosa y equitativa de la ley que es dura, pero es la ley, porque las “manos duras” que a pesar de nuestra historia algunos extrañan, son las mismas que abusan derechos, destilan sangre por crímenes cometidos y amasan recursos públicos para su propio beneficio y el de sus adláteres.

Cuidemos lo que tenemos, y la mejor manera de hacerlo es evitando cometer los errores que en otras latitudes trajeron esos extremos. Los ciudadanos tenemos que reclamar y vigilar, pero también asumir la cuota que nos corresponde para que las cosas se hagan por el bien común, incluso cuando significa que cedamos algo para preservar algo mayor, y la clase política debe comprender que si bien los partidos son indispensables para la democracia, la racionalidad de su costo y la transparencia de su manejo es la mejor vacuna contra los candidatos sorpresa populistas que aunque prometen romper con todo lo malo para supuestamente convertirlo en bueno, convenciendo así a muchos, terminan quebrantando la ley, las instituciones, los derechos, el entendimiento y la razón, provocando un mal mayor.