Ese activo está ahí, operando como garantía tácita, como el suelo firme sobre el que se construyen planificaciones a cinco y diez años. Es un intangible y, como todos los intangibles, se nota más cuando falta que cuando sobra.

El sistema de partidos dominicano no merece indulgencias. Sus organizaciones exhiben una calidad raquítica en la formación de cuadros pensantes, de reformadores con vocación de Estado. Sus núcleos están poblados de oportunistas que entienden la política como trampolín de movilidad social antes que como servicio público, y hay segmentos enteros que han corporativizado la militancia hasta convertirla en negocio rentable, con sus propias cadenas de valor y sus beneficiarios.

Todo eso es cierto, es verificable y no hace falta suavizarlo. Pero también es cierto que, pese a esa pobreza institucional, el país ha logrado sostener algo que muchos de sus vecinos no pueden: una estabilidad política que no se ha roto en más de sesenta años. Ahí está la paradoja que vale la pena mirar de frente.

El PRSC, el PRD, el PLD, el PRM han sido, cada uno a su manera, blanco legítimo de crítica dura. Se les puede acusar de clientelismo, de mediocridad programática, de rotar las mismas caras con distintos colores. Pero, en un terreno, han actuado como si existiera entre ellos un convenio no escrito: preservar la estabilidad política y la paz social.

La diferencia real entre esas siglas no es doctrinaria, es cromática. Lo que las une, más allá de la bandera que enarbolen, es una convicción compartida sobre lo que no se debe tocar. Ese acuerdo tácito ha funcionado como una suerte de constitución informal, más eficaz, muchas veces, que la escrita.

Por eso no tengo candidato presidencial favorito. No porque la elección me sea indiferente, sino porque quien aspire a la Presidencia dominicana sabe, o debería saber, que ese activo intangible es demasiado costoso para arriesgarlo. La estabilidad política no es propiedad de un partido; es el patrimonio común que todos administran mientras están en el poder, sabiendo que la próxima vez podrían estar del otro lado.

El problema no es la ausencia de ese convenio. Es que el sistema necesita otro que, hasta ahora, no ha firmado: el de las reformas estructurales que le den largo aliento a la estabilidad que ya tiene. Una reforma eléctrica que, de una vez, cierre el ciclo de subsidios insostenibles y pérdidas técnicas disfrazadas de política social. Una reconfiguración fiscal que abandone la regresividad actual y construya un sistema progresivo, justo, eficiente en su recaudación, capaz de financiar desarrollo con inversión social real.

Cazar fuera del zoológico: integrar a los omisos, a los que hoy viven fuera del radar tributario, en lugar de seguir exprimiendo siempre a los mismos contribuyentes cautivos. Y desmontar los viejos incentivos que ya no incentivan nada: esas exenciones añejas que se volvieron privilegio heredado y que no resistirían una auditoría seria si alguien tuviera el valor político de ordenarla.

Sin ese segundo convenio, el primero empieza a erosionarse. La estabilidad política no es un estado permanente garantizado por inercia; es un equilibrio que se sostiene mientras las condiciones materiales no lo desafíen demasiado. Y las condiciones materiales están cambiando. La decepción social existe, es medible en cada encuesta, en cada conversación de colmado, en cada silencio cargado de las redes. No es ruido pasajero. Es la antesala de algo.

Cuando el intangible de la estabilidad empieza a bajar la escalera hacia el foso, no lo hace de golpe. Baja escalón por escalón, con cada promesa incumplida, con cada reforma pospuesta, con cada élite que confunde gobernar con administrar privilegios. Y, en algún punto de esa escalera, aparece la puerta que toda decepción social termina abriendo: la del advenedizo que promete romperlo todo porque, a esa altura, romperlo todo ya no asusta a nadie. Ese es el verdadero riesgo que corre el país. No es el color de la próxima bandera en el Palacio, sino la posibilidad de que el convenio que nos ha sostenido deje de tener firmantes.

Samuel Huntington lo advirtió hace más de medio siglo en “El orden político en las sociedades en cambio”: la distinción que separa a las naciones no es su forma de gobierno, sino su grado de gobierno, y la estabilidad que no evoluciona junto a sus instituciones no se vuelve más sólida con el tiempo; se hace más frágil. Para Huntington, la decadencia política era tan probable como el desarrollo; depende de si las instituciones logran absorber la presión social antes de que esta desborde los cauces existentes.

República Dominicana ha comprado tiempo con estabilidad. Lo que no ha comprado todavía es institucionalidad a la altura de esa estabilidad, y esa factura, tarde o temprano, se cobra.

Ese activo está ahí, operando como garantía tácita, como el suelo firme sobre el que se construyen planificaciones a cinco y diez años. Es un intangible y, como todos los intangibles, se nota más cuando falta que cuando sobra.

El sistema de partidos dominicano no merece indulgencias. Sus organizaciones exhiben una calidad raquítica en la formación de cuadros pensantes, de reformadores con vocación de Estado. Sus núcleos están poblados de oportunistas que entienden la política como trampolín de movilidad social antes que como servicio público, y hay segmentos enteros que han corporativizado la militancia hasta convertirla en negocio rentable, con sus propias cadenas de valor y sus beneficiarios.

Todo eso es cierto, es verificable y no hace falta suavizarlo. Pero también es cierto que, pese a esa pobreza institucional, el país ha logrado sostener algo que muchos de sus vecinos no pueden: una estabilidad política que no se ha roto en más de sesenta años. Ahí está la paradoja que vale la pena mirar de frente.

El PRSC, el PRD, el PLD, el PRM han sido, cada uno a su manera, blanco legítimo de crítica dura. Se les puede acusar de clientelismo, de mediocridad programática, de rotar las mismas caras con distintos colores. Pero, en un terreno, han actuado como si existiera entre ellos un convenio no escrito: preservar la estabilidad política y la paz social.

La diferencia real entre esas siglas no es doctrinaria; es cromática. Lo que los une, más allá de la bandera que enarbolen, es una convicción compartida sobre lo que no se debe tocar. Ese acuerdo tácito ha funcionado como una suerte de constitución informal, más eficaz, muchas veces, que la escrita.

Por eso no tengo candidato presidencial favorito. No porque la elección me sea indiferente, sino porque quien aspire a la presidencia dominicana sabe, o debería saber, que ese activo intangible es demasiado costoso para arriesgarlo. La estabilidad política no es propiedad de un partido; es el patrimonio común que todos administran mientras están en el poder, sabiendo que la próxima vez podrían estar del otro lado.

El problema no es la ausencia de ese convenio. Es que el sistema necesita otro que, hasta ahora, no ha firmado: el de las reformas estructurales que le den largo aliento a la estabilidad que ya tiene. Una reforma eléctrica que, de una vez, cierre el ciclo de subsidios insostenibles y pérdidas técnicas disfrazadas de política social. Una reconfiguración fiscal que abandone la regresividad actual y construya un sistema progresivo, justo, eficiente en su recaudación, capaz de financiar desarrollo con inversión social real. Cazar fuera del zoológico: integrar a los omisos, a los que hoy viven fuera del radar tributario, en lugar de seguir exprimiendo siempre a los mismos contribuyentes cautivos. Y desmontar los viejos incentivos que ya no incentivan nada, esas exenciones añejas que se volvieron privilegio heredado y que no resistirían una auditoría seria si alguien tuviera el valor político de ordenarla.

Sin ese segundo convenio, el primero empieza a erosionarse. La estabilidad política no es un estado permanente, garantizado por inercia; es un equilibrio que se sostiene mientras las condiciones materiales no lo desafíen demasiado. Y las condiciones materiales están cambiando. La decepción social existe, es medible en cada encuesta, en cada conversación de colmado, en cada silencio cargado de las redes. No es ruido pasajero. Es la antesala de algo.

Cuando el intangible de la estabilidad empieza a bajar la escalera hacia el foso, no lo hace de golpe. Baja escalón por escalón, con cada promesa incumplida, con cada reforma pospuesta, con cada élite que confunde gobernar con administrar privilegios. Y, en algún punto de esa escalera, aparece la puerta que toda decepción social termina abriendo: la del advenedizo que promete romperlo todo porque, a esa altura, romperlo todo ya no asusta a nadie. Ese es el verdadero riesgo que corre el país. No es el color de la próxima bandera en el Palacio, sino la posibilidad de que el convenio que nos ha sostenido deje de tener firmantes.

Samuel Huntington lo advirtió hace más de medio siglo en “El orden político en las sociedades en cambio”: la distinción que separa a las naciones no es su forma de gobierno, sino su grado de gobierno, y la estabilidad que no evoluciona junto a sus instituciones no se vuelve más sólida con el tiempo; se hace más frágil. Para Huntington, la decadencia política era tan probable como el desarrollo; depende de si las instituciones logran absorber la presión social antes de que esta desborde los cauces existentes. República Dominicana ha comprado tiempo con estabilidad. Lo que no ha comprado todavía es institucionalidad a la altura de esa estabilidad, y esa factura, tarde o temprano, se cobra.

Toda élite nace de una promesa: progreso, orden y futuro. El problema surge cuando esa promesa pierde sentido y solo queda el aparato, la riqueza, los contactos y el acceso, sin el relato que le da propósito. En ese punto, deja de abrir el camino.

Del proyecto al gesto político

Solo defiende lo que ya tiene. ¿Y cómo se refleja esto en la República Dominicana? Se observa en la sustitución del proyecto por el gesto. Cuando no existe una dirección clara, abundan los anuncios y las fotografías.

La política se convierte en escenografía porque ya no tiene una visión que representar. También se evidencia en la salida de los mejores cuadros: técnicos, profesionales y personas con ideas diferentes buscan otros espacios.

Fuga de cuadros y desconexión social

Mientras tanto, el poder queda en manos de quienes únicamente saben perpetuarse. Pero lo más grave es lo último: una élite agotada deja de escuchar al país y de interpretar las señales de descontento, hasta que esas señales se convierten en crisis difíciles de controlar.

¿Es esto inevitable? No necesariamente. Pero exige algo que hoy escasea: la valentía de renovarse antes de que el país lo reclame por la fuerza. Porque las élites que no se transforman no desaparecen en silencio; desaparecen en medio de una ruptura.

Los ecosistemas naturales del país generan entre 3,000 y 6,000 millones de dólares al año en beneficios económicos. Los arrecifes de coral, los manglares y las playas sostienen una industria turística que, solo en 2025, produjo más de 11,000 millones de dólares.

Además, los bosques de montaña permiten ahorrar cerca de 90 millones de dólares en importaciones de petróleo gracias a la generación hidroeléctrica.

A pesar de ello, ese capital natural se está deteriorando aceleradamente.

Erosión, blanqueamiento y pérdida de bosques

Actualmente, el 70 % de las playas dominicanas se encuentra en proceso de erosión. Los arrecifes de coral han sufrido episodios recurrentes de blanqueamiento desde 2015.

Los bosques primarios han perdido más del 20 % de su cobertura en las últimas tres décadas, y la cantidad de especies de fauna clasificadas en alguna categoría de amenaza casi se duplicó en apenas siete años.

Y estos datos no provienen de una organización ambientalista. Fueron presentados ayer por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, junto al Consorcio Ambiental Dominicano, con el respaldo de la UNESCO, el PNUD y la Cooperación Alemana.

No se trata de un problema de legislación. La República Dominicana cuenta con un marco legal ambiental. El verdadero desafío es la gobernanza: instituciones fragmentadas, presupuestos insuficientes, escasa coordinación entre sectores y una cultura de toma de decisiones que aún no incorpora el valor real del capital natural.

Si esta tendencia continúa, los servicios ecosistémicos del país podrían reducirse hasta en un 47 % para el año 2050.

La pregunta es inevitable: ¿podemos seguir hablando de desarrollo mientras destruimos las bases naturales que lo hacen posible?

Durante su participación en el espacio Dos minutos: la gran reforma, Bautista explicó que el país ha logrado avances en términos de crecimiento económico, pero que ese progreso no siempre se traduce en mejores condiciones de vida para la población.

Crecemos en las estadísticas, pero no necesariamente en la mesa de la gente”, señaló, al tiempo que describió este fenómeno como un estancamiento estructural que limita la movilidad social y la calidad del empleo.

El especialista comparó esta situación con un corredor que avanza rápidamente, pero nunca logra alcanzar a los líderes, quedándose “en el medio, corriendo sin avanzar realmente”. En ese sentido, sostuvo que el país sigue compitiendo en sectores de bajo valor agregado, como mano de obra barata, turismo de bajo costo y ensamblaje, lo que reduce sus posibilidades de transformación económica.

Bautista afirmó que las experiencias de países como Corea del Sur y Singapur demuestran que la salida de esta trampa requiere apostar por la educación de calidad, la innovación tecnológica y el fortalecimiento institucional.

Asimismo, destacó la necesidad de una reforma fiscal integral como herramienta clave para mejorar la capacidad del Estado de invertir en servicios esenciales como educación, energía y justicia.

• No se trata de cobrar por cobrar, sino de invertir en la capacidad de la gente”, expresó.

El economista concluyó que el verdadero costo no está en realizar las reformas, sino en mantener el modelo actual sin cambios, lo que a largo plazo podría profundizar el rezago económico y social del país.

Los ciudadanos no miden el Estado por sus reformas estructurales, sino por lo que ven cuando salen a la calle. Y lo que ven hoy no habla bien de nadie.

Ven el invierno atascado de plásticos que nadie recogió, una acera partida que convierte el simple acto de caminar en una apuesta, un hoyo en el asfalto que ya tiene nombre propio porque lleva meses en el barrio, un semáforo que nadie sincronizó nunca y una señal que apunta a ningún lado, basura enredada entre las hierbas que crecen donde debería existir orden.

¿Cuánto cuesta tapar un hoyo, limpiar una calle, encender una farola o reparar un contén? Mucho menos de lo que cuesta el discurso que promete hacerlo.

Lo que distingue a los Estados que funcionan no son solo sus grandes instituciones, sino sus pequeños actos sostenidos: el semáforo que responde, el agente que multa, el camión que recoge, la acera que no pone en riesgo al peatón. Son señales no de riqueza, sino de intención.

Y cuando el ciudadano las ve, ocurre algo poderoso: empieza a creer que alguien está al frente. El orden visible crea orden social. La desidia visible produce exactamente lo contrario.

¿Cuándo decidimos que limpiar la calle era un lujo y no una obligación?

El informe Democracia Bajo Presión sitúa a la República Dominicana como un caso relevante de profundización democrática en la región. Es un reconocimiento que debemos recibir con orgullo, pero también con lucidez. Porque el mismo documento advierte algo que no podemos ignorar.

América Latina enfrenta una brecha creciente entre el respaldo ciudadano a la democracia y la satisfacción con su funcionamiento.

¿Qué significa esto? Que la gente cree que la democracia, como idea, es buena, pero desconfía de ella como práctica. Y esa distancia, si no se atiende, es el caldo de cultivo de los autoritarismos modernos, que no llegan con tanques, sino con promesas de eficiencia y orden.

El presidente Abinader dijo algo que merece reflexión: gobernar con mayoría no significa imponer. Eso es democracia adulta. Pero la democracia adulta también exige instituciones que funcionen, poderes que se equilibren y ciudadanos que participen más allá del voto.

Monitorear los riesgos no es pesimismo, es responsabilidad. Las democracias que han caído no murieron de golpe; murieron de descuido acumulado. La pregunta no es si tenemos democracia, sino si estamos cuidando lo suficiente la democracia que tenemos.

Hay una palabra que circula con fuerza en el debate judicial dominicano: “lawfare”, la guerra legal, la justicia convertida en arma política. Es un concepto legítimo, ocurre y merece ser tomado en serio. Pero, en los últimos días, ocurre algo que merece la misma atención.

Un proceso judicial llega a su audiencia decisiva y, en los días previos, un visado es restituido a uno de los imputados. Horas antes del fallo, la embajada de Estados Unidos emite un comunicado rechazando la manipulación política de la justicia. Después, el tribunal emite un no ha lugar.

Hechos paralelos y lecturas posibles

Cada uno de estos hechos puede tener su explicación individual. La defensa construye argumentos sólidos, el tribunal puede fallar con total independencia y la embajada puede actuar por convicción genuina. Nada de eso está necesariamente en disputa.

Lo que sí merece examinarse es otra cosa: cuando la diplomacia de una potencia extranjera entra en la línea de tiempo de un proceso judicial local, la independencia del tribunal queda bajo sospecha, aunque el fallo sea impecable.

El daño no recae sobre el acusado, sino sobre la institución misma, sobre la credibilidad, sobre su capacidad de parecer lo que debe ser: autónoma, sin tutelajes, sin señales externas que lleguen a tiempo para confundirse con instrucciones.

Justicia, percepción y poder

Eso no es defender el lawfare; es defender algo más importante: un sistema de justicia que necesita una señal de Washington para parecer legítimo ya perdió algo antes del fallo.

• ¿Cuánto vale esa pérdida?

En los últimos años, el debate sobre la independencia judicial en América Latina se ha intensificado con la aparición del concepto de lawfare, entendido como el uso del sistema judicial para fines políticos.

Este término gana presencia en discusiones públicas, análisis académicos y escenarios políticos, donde se cuestiona si algunos procesos legales responden únicamente a criterios jurídicos o si también están atravesados por intereses externos.

El Banco Central lo certifica: la minería lidera con 10.7 %, el turismo rompe récords y los servicios financieros crecen 6.2 %. Los números son reales y hay que decirlo con claridad.

En ese mismo escenario, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), principal organización que representa al sector empresarial dominicano, celebró su 63 aniversario, y su presidente, Celso Juan Marranzini, dijo algo importante: el sector privado genera el 85 % del PIB, el 90 % de las inversiones y el 86 % del empleo dominicano. No es retórica; es la arquitectura real de esta economía.

Marranzini también señaló algo que pocos se atreven a admitir en un aniversario: quedan brechas estructurales sin resolver, como la informalidad, el sistema eléctrico y la desconexión entre el aparato educativo y lo que demanda el aparato productivo. Y ahí está la tensión.

Una economía que crece, sostenida por un sector privado que produce, sobre una base de ciudadanos que cargan el peso de esas brechas.

El Harvard Growth Lab proyecta a la República Dominicana entre las economías de mayor crecimiento per cápita de la próxima década. Eso no es un dato menor, pero ninguna proyección se convierte sola en vida cotidiana.

Eso requiere algo más que números y más que imagen. Requiere decisiones y voluntad de que el crecimiento tenga dirección.

De Rerum Novarum a hoy

En 1891, León XIII publicó Rerum Novarum y situó a la Iglesia en el centro de la mayor convulsión social de su tiempo: la revolución industrial. Aquella encíclica no hablaba de máquinas, sino de personas que las operaban, que vivían subordinadas a ellas, que perdían dignidad dentro de ellas.

135 años después, León XIV firmó Magnifica Humanitas el mismo día de mayo, sobre la misma línea histórica, con la misma convicción de fondo. Cuando una transformación tecnológica amenaza a la condición humana, la ética no puede permanecer en silencio.

Esta vez no hay chimeneas; hay algoritmos; no hay obreros en fábricas; hay ciudadanos procesados como datos; no hay capital industrial concentrado en pocas manos; hay capacidad computacional, modelos de lenguaje y plataformas globales acumuladas por un puñado de corporaciones.

• La escala es diferente. La pregunta de fondo es la misma: ¿quién manda, la técnica o la persona?

La IA y la dignidad

La encíclica utiliza un verbo revelador: desarmar. Sostiene que hay que desarmar la inteligencia artificial antes de que ella subordine la dignidad humana y la lógica de la eficiencia, la vigilancia o el control. La elección no es casual. Remite al arsenal nuclear, al riesgo existencial, a la necesidad de límites que la razón técnica sola no puede construir.

El Vaticano no pretende detener la inteligencia artificial; aspira a algo más difícil: recordarnos que la pregunta decisiva del siglo no es cuánto pueden hacer las máquinas, sino qué tipo de humanidad sobrevivirá en el mundo que nosotros vamos a construir con ellas.

La reflexión sobre el impacto de la tecnología en la sociedad ha sido un tema recurrente en la doctrina social de la Iglesia Católica, especialmente desde finales del siglo XIX, cuando el mundo vivía profundas transformaciones con la llegada de la Revolución Industrial.

En ese contexto, el Papa León XIII publicó en 1891 la encíclica Rerum Novarum, un documento que marcó un punto de inflexión al abordar las condiciones laborales, la dignidad del trabajador y los efectos del desarrollo industrial sobre la persona humana.

A lo largo del tiempo, el Vaticano ha mantenido una postura de análisis crítico frente a los cambios tecnológicos, insistiendo en que el progreso debe estar siempre subordinado al respeto de la dignidad humana y la justicia social. En este marco, la Iglesia ha actualizado su reflexión ante nuevas realidades como la globalización, la digitalización y la automatización.

Debate en el siglo XXI

En el siglo XXI, el avance acelerado de la inteligencia artificial, el uso masivo de algoritmos y la expansión de plataformas digitales han reabierto el debate sobre el papel de la tecnología en la vida humana.

Estas herramientas han transformado la economía, el trabajo y la comunicación, generando nuevas oportunidades, pero también preocupaciones éticas relacionadas con la privacidad, el control de datos y la concentración del poder tecnológico en grandes corporaciones.