Autoridades y delincuentes aniquilan la seguridad

Por Fernando Sibilio

Apelar al aumento racional de la presencia de efectivos militares en el patrullaje, cuando las arbitrariedades del plan de seguridad generan resultados indeseados, anulará posibilidades de solución a la demanda de seguridad pública.  Porque, aún más, dependerá de los militares, y tanto mayor será el parasitismo policial.

Demuestran estas arbitrariedades que dependemos de autoridades suicidas, quienes se inclinan por la eliminación democrática de la democracia, al concederle a los guardias más poder político sobre una situación penal. El mejor ejemplo lo constituye la militarización investigativa, en Francia, de uno de las decenas de pasaportes diplomáticos, en manos de delincuentes y criminales internacionales.

Queda marginada la racionalidad de la investigación, de la inteligencia y de la creatividad en un delito que corresponde perseguir al sistema penal.  Así mismo, sorprende la misma imprudencia ideológica, cuando el Ministro de Obras Públicas sin ton ni son, propone su propio plan de seguridad pública.  El se lo guisa y se lo come, y olvida que esta estrategia depende de las movilizaciones colectivas que pueda recabar en la sociedad.

Ignoran los gestores de este plan el espacio que merece el consenso, con la integración desaforada de 340 efectivos militares.  Si esta decisión se hubiera tomado al inicio fuera un fundamento del plan, ahora es una formula que paren las consecuencias negativas de su estrategia de seguridad.

Sentimos lástima por el auto reproche de los jefes de la Policía y de las Fuerzas Armadas al admitir el rezago en sus funciones oficiales.  Es que, en este juego político, perdieron sus criterios de evidencias y sus habilidades de investigación.  Delincuentes y criminales les anotan corriendo las bases por la tercera almohadilla.

Pedimos a las autoridades repensar la filosofía política y económica de este plan, porque los avances de cualquier estrategia política se pueden calibrar, por la eficacia de su poder explicativo y por la capacidad para resolver el problema.  Aquí estamos frente al terror, el miedo y la agresividad que infunden las autoridades, los delincuentes y los criminales.  ¡Señores! Sobran los ejemplos.

Traban estos lastres los procedimientos democráticos y sociales con los cuales los deberes se transforman en motivos para acciones pacíficas.  La administración pierde de vista que una misma persona puede estar en una y otra orilla de esta senda trágica.

Comparten, ahora, en las calles, sus mismos motivos delictivos los criminales, los delincuentes y los violentos, pero también hacen lo suyo los gabinetes del crimen y de la delincuencia organizada ligados al poder político y social al cual pertenecen guardias, policías, autoridades y las empresas que les sirven de soporte.

Conviene que, en el caso de las decenas de pasaportes diplomáticos en manos de delincuentes y criminales internacionales, las autoridades expliquen su comportamiento en los procesos investigativos, ya que sería provechoso para la administración deslindar la diferencia penal existente, entre la fuerza coactiva de sus obligaciones políticas y la fuerza coactiva de sus deberes democráticos.

Siguen siendo los deberes una consecuencia de los derechos.  Ni los traficantes de drogas o de armas, ni los violadores, ni los sicarios se mortifican con su oficio.  Ahí esta el talón de Aquiles del plan de seguridad, que encontramos policías, guardias, autoridades, criminales y delincuentes del mismo lado.

Desconocen las autoridades y los mandos policiales y militares las herramientas democráticas y políticas, que les permitan trasladar su deber de la orilla delictiva a la orilla de una paz ciudadana justa.  Es que la violencia, la delincuencia y la criminalidad son los motivos a los cuales, tanto autoridades como los delincuentes les han entregado el control de sus comportamientos.