Una de las industrias más
severamente afectadas por la crisis económica y social derivada de la pandemia
del coronavirus que ha desatado la mayor crisis sanitaria de la época moderna
es, después del turismo, la de los medios de comunicación social, especialmente
de los periódicos que ya venían tambaleándose en todo el mundo por la irrupción
de nuevas tecnologías de la comunicación.
La preocupación se extiende por toda
Europa y América porque la pandemia está erosionando el sustento de los medios
de comunicación, lo que tendrá repercusión sobre la libertad y la calidad de la
información, dejando sin base el ejercicio profesional del periodismo, cuyo
valor no podrá ser sustituido por la inmediatez y la accesibilidad a las redes,
caracterizadas excesivamente por la superficialidad y muy expuestas a la
falsedad y la manipulación.
Una “Nota Temática” de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) acaba de advertir que la peor crisis económica del siglo pone en
riesgo también la salud de los medios de
comunicación y los empuja a la extinción. Recoge informes internacionales de
que la recesión económica, ha reducido hasta en 70 por ciento su principal
sustento, que es la publicidad.
La reconocida organización
“Reporteros sin Fronteras” ha llamado a la Unión Europea a defender la
seguridad de los periodistas, a combatir la erosión del estado de derechos y a
apoyar a los medios de comunicación gravemente afectados por la pandemia. El
Foro Mundial sobre el Desarrollo de Medios sostiene que la crisis impacta sobre
el acceso a la información y la libertad de prensa.
La crisis de los medios es mayúscula en el
país, y está amenazando seriamente la supervivencia de los periódicos y del
periodismo radiofónico y televisivo, que por los recursos humanos que requieren,
constituyen una alta proporción de sus costos operativos, aunque predomina un
espeso silencio sobre el particular.
Todos los periódicos han caído en la
insostenibilidad económica, lo mismo que los programas periodísticos de radio y
televisión, y los despidos y suspensiones de empleados ya alcanzan tasas
cercanas a la tercera parte. A la crisis del Covid-19 se ha unido el cambio de
gobierno que ha implicado una drástica disminución de la publicidad
gubernamental.
En medio de la crisis, el gobierno
se ha propuesto reducir todos los gastos desproporcionados, entre ellos la propaganda
política gubernamental que alcanzó niveles casi únicos en el mundo democrático.
Pero al coincidir con la drástica caída de las actividades económicas y la
publicidad comercial y empresarial, se convierte en un detonante contra la
estabilidad de los medios.
Nadie puede ignorar el aporte del
periodismo profesional a la institucionalidad democrática, a la transparencia y
a la lucha contra la depredación del
patrimonio público. Por eso hace tiempo que en naciones como Francia e Italia
se está subvencionando la supervivencia de los medios, especialmente de los
periódicos, de forma transparente, igualitaria, sin privilegios ni gado a grado
para que el salvataje estatal no se convierta en una nueva alienación de la
libertad de informar y opinar.
El
presidente Luis Abinader, que muestra vocación de diálogo y búsqueda de
consenso, debería reunirse con directores y administradores de medios para
determinar qué salvataje se puede implementar
en lo inmediato. Por ejemplo, que el gasto público propagandístico y de bocinas
políticas se destine a campañas masivas de educación, para la circulación vial,
la disposición de los residuos, la defensa de la integridad de la mujer y la
niñez, del medio ambiente, para la prevención de enfermedades, del embarazo de
adolescentes, entre otros. Seguro que los medios contribuirían con tarifas
especiales.
Se
deben contemplar incentivos fiscales temporales, que impliquen las
importaciones de papel y otros insumos, suspensión de los pagos impositivos adelantados
sobre renta o de propiedad inmobiliaria, y el pago de decenas de millones de
pesos de facturas atrasadas. Nada gana el gobierno con el cierre de medios de
comunicación y pierde la libertad de información, sobre todo el ejercicio del
periodismo profesional, lo que no debe ocurrir en un proyecto político
gubernamental de fortalecimiento de la institucionalidad democrática.-