Ufanas de los logros alcanzados en el curso de la sostenida labor de esfuerzo combinado por parte de distintas autoridades llevada a cabo a través de diversos operativos, se ha podido sanear la provincia de Peravia del control a que estaba sometida desde hace años por parte de once diferentes bandas de narcotraficantes, en su mayoría de carácter familiar.
Esta acción depuradora, según se informa, se habría ejecutado en un término de ocho meses a partir del momento en que el coronel Daniel Ramos Alvarez cayó herido de muerte al encabezar un confuso operativo contra un conocido punto de drogas que operaba en Baní.
Fue un hecho que estremeció esa laboriosa comunidad, donde al parecer el oficial ultimado gozaba de aprecio, y que dio lugar a diferentes versiones sobre las circunstancias en que se produjo el hecho y la falta de respaldo que recibió por parte de los integrantes de la patrulla que lo acompañaba.
A resultas de estos operativos se reporta la ocupación de apreciables cantidades de cocaína, marihuana y crack que eran comercializados en los numerosos puntos de drogas establecidos en Baní y el resto de la provincia Peravia. Decenas de personas implicadas han sido sometidas y guardan prisión preventiva, en tanto están siendo buscados otros veintidós dados a la fuga, entre estos varios de los principales responsables de los sitios desmantelados.
De más decir que hay que saludar los resultados positivos obtenidos por las autoridades en el curso esta masiva y sostenida batida. Sin embargo, es de lamentar que tal como reconocen los puntos de drogas allanados operaban a pleno conocimiento desde mucho antes, y que fuera necesario esperar la trágica muerte del coronel Ramos Alvarez y el ruido provocado por este infortunado hecho para motorizar la acción de las autoridades.
Durante todo ese tiempo el senador banilejo Wilton Guerrero estuvo haciendo públicas y reiteradas denuncias sobre la proliferación de la venta de drogas en la región realizada de manera impune por el pago de peaje y la abierta complicidad de autoridades uniformadas, fiscalizadores y jueces sin que se le prestara atención.
Ahora al resaltar los logros obtenidos en la realización de las acciones que comentamos y el proceder de las nuevas autoridades locales que reconoce el legislador, este advierte, sin embargo, que aún quedan algunas autoridades así como jueces vinculados a los traficantes que disponen la libertad de estos cuando son apresados. Se lamenta, al mismo tiempo, de que los anteriores agentes que no prestaron apoyo al coronel Ramos Alvarez durante el trágico incidente que le costó la vida y a los que acusa de haber estado al servicio de los narcos locales, fueron simplemente trasladados a otros destinos para seguir asociados y al servicio de las mismas actividades ilegales en vez de ser cancelados y sometidos a la Justicia.
Si bien es de saludar el interés puesto ahora en liberar a la provincia Peravia de los carteles que la mantenían bajo su opresivo yugo, vale recordar que lamentablemente es una situación que se replica desde el Gran Santo Domingo hasta el último rincón del país sometidos al imperio del narcotráfico donde las propias autoridades afirman que operan miles de puntos de venta de drogas, pese a lo cual no se explica ni entiende como si saben donde se encuentran al punto de haberlas podido contabilizar no han procedido a desmantelarlos.
De desear que no sea necesario esperar a que se produzcan muertes de oficiales tan sonadas como la del coronel Ramos Alvarez en Baní para que se lleven a cabo acciones similares a la que ahora dan cuenta de haber ejecutado con tanto éxito en la provincia Peravia.