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Bajo sospecha

La corrupción administrativa es una práctica tan arraigada que se recicla sobre las más sorprendentes fórmulas, a veces muy creativas, hasta el punto de crear  espejismos que proyectan la podredumbre moral como un ejercicio de “benchmarking” que todos quisieran asumir.

En ese contexto, los mecanismos de control deberían ser reinventados con niveles de inteligencia evolutiva que ganen la carrera a las diferentes especies de ladrones de fondos públicos, para quienes no bastan los bloques de leyes anti-corrupción actualizados ni las rigideces de contraloría.

Llama la atención el apego, la fascinación y la seducción que generan los cargos públicos aun en espacios de la administración estatal donde sólo hay osamentas y hasta cenizas de instancias de poder liquidadas por la historia.

No importa. Lo que cuenta es un nombre institucional y una ley a manos que, por más desfasada e impracticable que resulte, constituye un mecanismo de coerción favorable a los expertos en chantaje desde la función pública. Una esquinita a la sombra del poder basta para hacer grandes negocios.

Todos los ciudadanos que pagamos impuestos y padecemos el gólgota de los costos cuasi-fiscales derivados de un Estado ineficiente, deberíamos cerrar filas a favor de un Ministerio de Administración Pública fuerte, influyente, con poderes validados políticamente para enderezar entuertos.

Me confieso soñador, pero he de indicar que viviríamos mucho mejor, con menos dispendio de recursos y más ahorro para el desarrollo si el talento, el talante moral y el compromiso con el Estado pesaran más que el caravaneo, el bandereo y la voncinglería opinativa para conseguir empleo en la administración pública.

Toda la raíz de los males en la gestión del Estado está en el modelo clientelista de la industria política, que es como un río desbordado difícil de controlar hasta para gobernantes y funcionarios con las mejores de las intenciones. Mientras tanto, bajo la percepción de que el Estado y una ubre inacabada e inacabable son la misma cosa, nada evita que todos los que ejercen posiciones públicas estén siempre bajo sospecha.

 

 

 

 

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