El Gobierno ha dado un paso trascendente con la creación de un sistema de becas estudiantiles que busca eliminar privilegios irritantes y privilegiar el talento.
Aunque aquí abundan las buenas intenciones y las malas ejecuciones, uno esperaría que esta iniciativa funcione.
Es plausible que la calificación sea la que define el otorgamiento de becas y no la politiquería.
Me parece que es una práctica inclusiva la ampliación del acceso a becas a través de Fideicomiso del Banco de Reservas.
Ahora bien, caben algunas preguntas: ¿Cuáles son los controles que aplicaremos para la despolitización del otorgamiento de becas?
¿Cómo va a funcionar la veeduría ciudadana para que esto permanezca limpio y transparente?
No basta con crear comisiones; es necesario contar con un método de evaluación y de rendición de cuentas.
Por otro lado, el Gobierno debería plantearse, además de ampliar la democratización del acceso a becas, lograr que los talentos que van al exterior retornen al país.
¿Hasta qué punto estamos creando capital social con recursos nacionales que se queda en otros mercados?
Es necesario, pues, trabajar para crear oportunidades a nivel público privado, de modo que no estemos financiando la fuga de cerebros?
Los programas de becas deberían ser parte de una política pública articulada en apoyar la formación y propiciar, al mismo tiempo, la creación de empleos de calidad.
