SANTO DOMINGO.- Al cumplirse el segundo año de Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) con Luis Abinader a la cabeza, el ingeniero Bernardo Castellanos aseguró que en tema eléctrico el país ha dado marcha atrás y los avances «están cargados de opacidad» por la falta o el ocultamiento de información, problemas de improvisación, violación a la ley y el «pésimo desempeño de las distribuidoras».
«Hemos retrocedido, y en las cosas que pudimos haber avanzado están cargadas de opacidad», manifestó Castellanos al participar en la entrevista central de El Despertador, en la que aclaró que cuando habla de opaciadad no se refiere a corrupción sino mantener oculta la información a la sociedad y acciones contradictorias a la ley.
Al ser cuestionado sobre cuáles violaciones a la Ley General de Electricidad se han producido en esta gestión, el ingeniero explicó que han sido tres, la primera el traspaso irregular de contratos a las distribuidoras, los cuales explicó debieron ser mediante licitación, de esta se desprende que por estos más de 38 contratos las Edes estan sobrecontratadas, es decir, tienen mas del 80 % de su demanda bajo contrato, lo que es contrario a lo establecido en el articulo 110 de la Ley General de Electricidad 125-01.
Mientras que la tercera violación a la Ley 125-01 mencionada por el ingeniero consiste en la cancelación o posposición indefinida de la recepción de ofertas de una serie de licitaciones por parte del comité de licitaciones sin la autorización de la Superintendencia de Electricidad, sin justificación.
Castellanos explicó que “lo peor de esas violaciones» es que quienes la promueven son «las máximas autoridades del sector eléctrico que son las que juraron frente a la nación, frente a Dios y frente al presidente cumplir y hacer cumplir esa ley. El ministro de Energía y Minas y el superintendente de electricidad, ellos son los violadores de esa ley”, insistió.
El experto en hidroeléctrica dijo que donde se avanzó fue en las licitaciones de dos mil megavatios, pero indicó que «está cargado de opacidad», empezando, según dijo, por la negación «intencional» de que la sociedad y los medios de comunicación no le pudieran dar seguimiento al proceso, ya que recordó que para entrar se debía pagar cinco mil dólares.
“Simplemente tenemos una caja negra administrada por un comité de licitaciones que esta presidido por el ministro de Energía y Minas que emite un resultado y la sociedad simplemente los acepta y no conoce los detalles”, sentenció Castellanos, al tiempo que denunció que ese ministerio solo publicó los resultados del proceso, mientras lo que se requería todos los detalles como el pliego de licitación, participantes, ofertas, informe de evaluación.
Recibe las últimas noticias en tu casilla de email
