SANTO DOMINGO.– Entre agosto de 2021 y 2022 el 76.8 por ciento de la población se preocupó por no tener suficiente comida en sus casas. Asimismo, el 36 por ciento redujo la porción de comida que servía en sus platos y otro 25 por ciento disminuía la frecuencia con la que se alimentaba diariamente.
La situación fue revelada por un informe del Banco Interamericano de Desarrollo que señaló también que el 30.87 por ciento no había recuperado el nivel de bienestar que tenían en pre-pandemia y la inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas fue de un 10.4 por ciento en ese periodo.
El informe concluye que con la pandemia de la covid-19 la incidencia de la inseguridad alimentaria en sus distintas dimensiones aumentó.
Para mitigar inflación e inseguridad alimentaria, países respondieron con 1,1% del PIB
Para aliviar el impacto de la inseguridad alimentaria y un nivel histórico de inflación, los Gobiernos de México, Haití y la zona de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (CAPARD) han aprobado respuestas de política por un monto equivalente, en promedio, al 1,1% de su producto interno bruto (PIB).
Más de 62 millones de personas en los países mencionados, han experimentado inseguridad alimentaria tras la pandemia. El aumento reciente de los precios de los alimentos ha intensificado el problema convirtiendo a esta subregión en la que tiene el mayor porcentaje de población con inseguridad alimentaria en América Latina y el Caribe.
Estos datos se desprenden del estudio “Seguridad Alimentaria en Centroamérica, Panamá, República Dominicana, México y Haití”, que acaba de publicar el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el que ofrece una visión del panorama y de las perspectivas de la seguridad alimentaria en la región tras la pandemia del COVID-19, considerando los impactos de la escalada inflacionaria actual.
Preservar la seguridad alimentaria requiere medidas a corto y largo plazo
El estudio del BID propone recomendaciones para fortalecer la seguridad alimentaria en el corto y mediano plazo con políticas dirigidas a las familias y a los sectores afectados, como transferencias focalizadas, programas de provisión de alimentos, apoyo al sector agrícola y medidas comerciales.
Además, el informe discute medidas estructurales para reforzar los sistemas alimentarios y prevenir crisis futuras, como inversión en bienes públicos, acceso a financiamiento agrícola, investigación, desarrollo e innovación en el sector, y apertura al comercio internacional, entre otras, que deben ser diseñadas con un enfoque de género, dada la mayor vulnerabilidad de las mujeres a los efectos de los choques económicos.
Si bien la inseguridad alimentaria moderada o grave en esta región ya se encontraba por encima del promedio de América Latina y el Caribe, esta se ha exacerbado por la escalada inflacionaria global originada por la pandemia y por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que ha provocado aumentos en los precios de productos básicos. En el país típico de CAPARD y México, las importaciones de maíz, arroz y trigo representan más del 40% del consumo de dichos productos.
La inflación se ha convertido en la principal preocupación de los hogares y se estima que el porcentaje de hogares con ingresos menores al costo de la canasta básica alimentaria ha aumentado este año más de 5 puntos porcentuales con respecto a 2019. Aquellos liderados por mujeres o por trabajadores informales y los hogares rurales son los que se han visto especialmente afectados.