La pandemia del Covid 19 ha roto con muchas reglas que eran consideradas muy ortodoxas e intocables. Una de ellas fue que los países emergentes solo tomaban prestado para proyectos auto financiables, es decir que generaban o ahorraban divisas por un monto equivalente a la amortización de la deuda, más intereses, dentro del plazo del repago. Fue bajo esa premisa que se financiaron presas, canales, carreteras y plantas generadoras de electricidad. Endeudarnos para cubrir gastos corrientes como los sueldos de la burocracia y, Dios nos libre, para cubrir subsidios como “Fase I”, “Quédate en casa” y “Solidaridad”, era considerado un anatema, excomulgable.
El Covid 19 cambió todo eso. Tanto los países ricos como los emergentes, a través de sus bancos centrales y ministerios de Hacienda, llevan un año emitiendo bonos que los mercados engullen con placer, pues las alternativas de inversión, en un momento donde, además, hay gran liquidez, son menos apetecibles. Utilizan esos recursos en lo impensable, en gastos corrientes y subsidios destinados a no generar fuentes de repago, aunque sí a tranquilizar a la población.
¿Cómo podrán los países emergentes, incluyendo el nuestro, repagar esa nueva y diferente deuda externa? Antes en los años setenta las deudas eran con gobiernos, tipo USAID, o con bancos privados, como ocurrió durante la “década perdida” de los ochenta, pero ahora a quien debemos es a tenedores de bonos, tal como ocurrió durante la gran depresión de los años treinta.
Con motivo de la más reciente crisis, la del 2007-2008, organismos internacionales, el G-8 y el Fondo Monetario Internacional (FMI), por ejemplo, establecieron mecanismos de alivio para los emergentes, pero con el Covid Trump no se interesó en eso y Biden no ha tenido tiempo como para sugerir medidas a la comunidad internacional. Pero me insinúan que los viejos no debemos preocuparnos ya de eso, pues es tarea de hijos y nietos. Agregan que lo que sí debe preocuparnos es quién ganará la carrera que determinará quién llega primero, si los “infectados” o los “inyectados”. Los envejecientes en este maratón vamos más lentos.
Estamos entrando en la etapa de la reexportación de sobrantes de vacunas, como lo acaba de hacer Chile donándolas a países vecinos. ¿Hará lo mismo Estados Unidos o Canadá a finales de mayo, o para entonces estaremos nosotros ya suficientemente abastecidos?
Especulemos ahora sobre quiénes son los responsables del contrato de la autopista de Samaná, cuyo mecanismo de un “peaje sombra” ha permitido al dueño de la concesión recuperar su inversión rápidamente y con creces, a expensas de los usuarios de esa ruta quienes pagan un peaje muy alto y “nada sombra”. Este fue negociado y luego firmado durante los gobiernos de Hipólito Mejía y el segundo de Leonel Fernández, siendo negociadores los ministros de Obras Públicas, primero Miguel Vargas Maldonado, quien pasaría a ser canciller bajo el gobierno de Danilo Medina y hoy presidente del PRD, y luego Víctor Díaz Rúa, hoy ante la justicia por el escándalo de corrupción ligado a Odebrecht. Ese contrato fue ratificado por nuestro Congreso y aunque se podría averiguar cuáles diputados votaron a favor, por registrarse la forma de votar en la Cámara baja, es imposible saberlo en cuanto a los senadores, pues persiste la práctica de sumar “con el dedo” para que así no se sepa cómo votó cada senador individualmente.
Como el contrato incluye compromisos con el BID, el Banco Mundial y la Unión Europea, lo que dificultó una renegociación durante el gobierno de Medina y para evitar “remenear tantos santos en ese altar” y siendo dueño de la empresa propietaria de la concesión un ex ministro colombiano de Obras Públicas, recomendamos que el presidente Luis Abinader contacte a su homólogo Iván Duque Márquez, para ver si este, actuando como intermediario, encuentra una solución amigable.
