LA PAZ.- El Gobierno de Bolivia informó este jueves que hay siete incendios activos en el país, dos de los cuales se registran en reservas naturales.
El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, señaló que dos incendios están en la región oriental de Santa Cruz y los otros cinco se registran en el departamento de La Paz.
Expuso que uno de los incendios está en la «serranía Pilón Lajas», que se encuentra en los departamentos de La Paz y la amazónica Beni y que también hay otro en el Parque Nacional Madidi, considerado como una de las áreas protegidas más biodiversas del mundo, en el noroeste paceño.
El incendio en el Madidi, en el municipio de San Buenaventura, el fuego aún no llega a la «parte frondosa», por lo que trabajan para evitar su avance, según el funcionario.
El Madidi, situado en el norte tropical de la región de La Paz, se extiende en 1,9 millones de hectáreas, mientras que Pilón Lajas tiene alrededor de 400,000 hectáreas.
Calvimontes agregó que en general todos los incendios reportados están «controlados» y que la mayoría están sofocados en un 80 %.
El viceministro cuestionó que los incendios reportados sean nuevos y que no se traten de reactivaciones de fuego ya que se generan en lugares de difícil acceso, lo cual le llama “poderosamente la atención”.
De acuerdo al informe de Calvimontes, actualmente hay 508 focos de calor, de los cuales 242 se registran en la amazónica Beni, 231 en la oriental Santa Cruz, 30 en la central Cochabamba y cinco en La Paz.
Este año se apagaron 122 incendios en 79 operativos y se desplazaron seis helicópteros.
Bolivia afronta desde hace varios meses una intensa sequía que afecta a gran parte de su territorio y que amenaza las provisiones de agua en algunas ciudades, mientras que en el campo el líquido es escaso para el ganado y la producción de alimentos, además de los incendios.
La sequía está afectando a ocho de los nueve departamentos de Bolivia, son más de 5.000 comunidades afectadas y 231.000 familias damnificadas en todo el país.
Las quemas e incendios forestales así como los reportes sobre los niveles de contaminación del aire empujaron a algunos legisladores y ambientalistas a exigir al Gobierno de Luis Arce la declaratoria de «desastre nacional», aunque señalaron que no era necesario.
También pidieron la anulación de las normas que desde hace unos años autorizan las quemas que se practican en el campo para la habilitación de las tierras para la siembra conocidos como «chaqueos».