78252 O N F I D E N T I A L SANTO DOMINGO 002941
Fecha de cable: 13 de septiembre, 2006
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- 1. En una llamada de amplio espectro recientemente hecha por los embajadores Hertell y Bullen (DCM) relacionada con Jorge Subero Isa, presidente de la Suprema Corte de Justicia), éste último describió confidencialmente los planes para un futuro fortalecimiento del sector judicial, detalló la lucha contra la corrupción judicial y recalcó algunos de los temas más urgentes sobre la reforma que enfrenta actualmente la República Dominicana.
2. Luego de la partida del personal perteneciente al Departamento de Estado y la USAID que había acompañado a los embajadores, Subero le confió a Hertell y a Bullen que el vicepresidente de la SCJ, Rafael Luciano Pichardo parece estar profundamente involucrado en la corrupción oficial y posiblemente esté tratando de subvertir el juicio que se lleva a cabo en la actualidad contra los individuos implicados en el colapso fraudulento del Banco Intercontinental (Baninter), en 2003. No obstante, Subero sugirió que el Gobierno dominicano no tomaría ninguna acción en contra de Pichardo. La embajada investiga si la revocación de la visa de Pichardo sería apropiado. Fin del resumen.
[flv:http://www.noticiassin.com/wp-content/uploads/2011/07/WIKI-2.flv 500 295]
3. (U) Subero dio inicio a la reunión de un atribuyéndole directamente el repunte de la economía dominicana (la tasa de crecimiento de 9% del PIB) a las mejoras en el sector judicial llevadas a cabo por los programas de la USAID. Sugirió que, de no ser por el apoyo del gobierno norteamericano, habría sido poco el progreso en la lucha contra la corrupción judicial en los últimos nueve años. Su conclusión final fue que la “asistencia moral” provista por Estados Unidos es, de hecho, más valiosa que la asistencia monetaria, considerándola de un “valor incalculable”.
El futuro de la Justicia Dominicana
4. (U) Contando con el continuado y amplio apoyo por parte de la USAID, Subero Isa detalló sus planes para el futuro del sector judicial dominicano. Una esperada “segunda oleada” de proyectos y programas incluirían:
– Establecer un centro de medicación, basado sobre lo que él definió como el gran “éxito” de un centro de mediación familiar patrocinado por la USAID en Santo Domingo. De acuerdo a Subero, el compromiso parte de los dominicanos en la mediación es evidente en la reciente certificación de 69 centros de mediación familiar justificados por una tasa de éxito del 90% en todos los casos que han sido llevados a la mediación familiar en la actualidad.
– La creación de un “observatorio judicial”. Como se estableció anteriormente en otros países latinoamericanos, esto proveería un foro de debate para los que toman las decisiones políticas, los miembros de la judicatura, la sociedad civil y los miembros de la comunidad internacional, tanto en cuanto a las opciones sobre políticas públicas como en la reforma judicial.
– Reorganización de las funciones administrativas de la judicatura para promover la transparencia y la eficiencia. Esto incluiría una significativa descentralización de los múltiples poderes que actualmente tiene el presidente de la SCJ.
– Fortalecimiento y mayor uso del decreto sobre Libre Acceso al Público como una medida para impulsar la transparencia y enfrentar la corrupción; y
– Esparcir programas de administración y seguimiento judicial por todo el país (imitando el programa modelo actual en la provincia de La Vega).
5. (U) Subero también previó que se preserven las revisiones al Código de Procedimiento Criminal hechas en 2004. Subero sugirió que, a pesar de la reciente vinculación de la prensa sobre los derechos garantizados para los acusados de crímenes y un aumento en la criminalidad en general, la transición del país hacia la Código revisado fue mucho menos traumática que la que experimentaron otros países. Rechazó aseveraciones por parte de algunos en el sentido de que existe un vínculo entre los derechos de los acusados de crímenes y el crimen, señalando que la reacción contra el Código se basa en la confusión entre los conceptos sobre la “seguridad individual” y los “derechos del individuo”. La duda por parte de los miembros de la Asociación de Abogados Dominicanos ya se resolvió, de acuerdo a Subero, en la medida en que los abogados de más edad, que al principio temían la competencia por parte de sus colegas más jóvenes y ágiles , se sienten más cómodos con la aplicación del Código.
6. (U) También se previó una mayor confianza en el sector judicial luego de que se retiren cinco jueces de la Suprema Corte de Justicia en los próximos cuatro meses. Subero describió esto como poner la Corte en una “etapa de re-legitimación” , señalando que aunque algunos jueces obviamente “se resisten al retiro”, es necesario abrir espacios para los jueces jóvenes. “Es saludable hacer cambios”.
7. (U) CAFTA-RD también tendrá un rol prominente en la vida de la judicatura. En este sentido, el trabajo general sobre crímenes/temas económicos y el trabajo específico sobre el CAFTA-RD están incluidos en el entrenamiento judicial para todos los jueces entrantes.
8. (U) En términos del actual debate sobre la reforma constitucional, Subero confía en que la reforma se llevará a cabo finalmente, pero se sentía menos confiado en que esto sea algo positivo. “El problema no es la Constitución”, dijo sin reparos, sugiriendo que el problema por el contrario está en la aplicación de las leyes existentes.
9. (U) En general, lo que esta primera reunión mostró fue que Subero es un líder proactivo que tiene una gran afinidad con el mandato de la ley, el debate público y el uso de la tecnología en el sector judicial.
Y las malas noticias…
10. (C) Aunque la reunión que siguió mantuvo esta percepción, sí reveló el talón de Aquiles de Subero—no está dispuesto a enfrentar la corrupción en los más altos niveles del Gobierno directamente.
11. (C) La embajada recibió, sin haberlo solicitado, grabaciones ilegales que parecen formar parte de una campaña de descrédito contra Pichardo, con la sugerencia de que otros estaban tratando de influenciar sus votos en la Corte. Una transcripción parcial también fue entregada aparentemente al periódico de investigación Clave Digital. Aunque los propios comentarios grabados de Pichardo no contienen señal alguna de actividad no ética, ilegal o judicial, el artículo posterior de Clave Digital fue lo suficientemente dañino para que la embajada considerara prudente pedirle su opinión a Subero sobre el asunto.
12. (C) En respuesta, Subero señaló que Pichardo le había admitido, tanto a él como a otros jueces de la SCJ, que había aceptado $40,000d dólares de alguien cuyo nombre no mencionó, pero que no había sido a cambio de nada, explícita o implícitamente. Subero señaló además que dos de los hijos de Pichardo también estaban involucrados al aceptar grandes sumas de dinero y que se sabe que Pichardo le pidió al juez que presidió en el juicio criminal contra Baninter que “tuviera cierta flexibilidad” en cuanto a las mociones de la defensa.
13. (C) Subero también cree, pero no lo puede probar, que el abogado de la defensa de Baninter, quien es también consejero del Presidente, Vinicio “Vincho” Castillo, está tratando de orquestar el reemplazo de Pi chardo por Subero al frente de la SCJ, en un intento de mejorar la inclinación de la Corte hacia los acusados de Baninter en apelación.
14. (C) A pesar de la admisión de Pïchardo y de la existencia de otros indicios, Subero le insistió a Hertell y a Bullen que no había nada que hacer. Su explicación: carece de evidencia concreta sobre malos manejos.
15. (C) Dado que Subero le ha dicho a la embajada, los funcionarios de la embajada investigan en la actualidad sobre si sería apropiado revocarle la visa a Pichardo.
16. (U) Otros reportes similares y extenso material puede ser consultado en nuestro sitio SIPRNET.
Documento original de los cables Wikileaks.
C O N F I D E N T I A L SANTO DOMINGO 002941
SIPDIS
SIPDIS
DEPARTMENT FOR WHA/CAR SEARBY
E.O. 12958: DECL: 09/13/2016
TAGS: CVIS, KJUS, KCOR, DR
SUBJECT: DOMINICAN SUPREME COURT PRESIDENT SUBERO ISA
CONFIRMS CORRUPTION, COMPLEMENTS COOPERATION
Classified By: Classified by Political-Economic Counselor Michael Meigs
for reasons 1.4 (b) and (d)
1. (U) Summary. In a wide-ranging recent call by Ambassadors
Hertell and Bullen (DCM) on Jorge Subero Isa, President of
the Supreme Court of Justice (SCJ), the latter confidently
delineated plans for a further strengthening of the judicial
sector, detailed the fight against judicial corruption, and
expounded on some of the most pressing reform issues
currently facing the Dominican Republic.
2. (C) After the departure of State and USAID personnel that
had accompanied the ambassadors, Subero revealed to Hertell
and Bullen that SCJ Vice-President Rafael Luciano Pichardo
appears to be deeply involved in official corruption and is
possibly attempting to subvert the ongoing trial of
individuals implicated in the 2003 fraudulent collapse of
Banco Intercontinental (Baninter). Nevertheless, Subero
suggested that no action would be taken against Pichardo by
the Dominican government. The Embassy is investigating
whether revocation of Pichardo’s non-official visa would be
appropriate. End Summary.
——————-
I’ve Got Good News…
———————
3. (U) Subero began the meeting in a clearly expansive mood,
directly attributing the rebounding Dominican economy (GDP
growth rate of 9%) to judicial sector improvements brought
about by USAID programming. He went on to suggest that, but
for the support of the U.S. Government, there would have been
little measurable progress in the fight against judicial
corruption during the last nine years. His ultimate
conclusion was that «moral assistance» provided by the United
States is, in fact, more valuable than monetary assistance,
finding it to be of «incalculable worth.»
The Future of Dominican Justice
——————————-
4. (U) Counting on continued, extensive support from USAID,
Subero Isa laid out his plans for the future of the Dominican
justice sector. A hoped-for «second wave» of projects and
programming would include:
— The establishment of a mediation center, building on what
he termed as the great «success» of a USAID-sponsored family
mediation center in Santo Domingo. According to Subero, the
Dominican commitment to mediation is evidenced by the recent
certification of an additional 69 family mediators and is
justified by a 90% success rate for all cases currently
brought to family mediation.
— The creation of a «judicial observatory.» As previously
established in other Latin American countries, this would
provide a forum for debate by political decision-makers,
members of the judiciary, civil society, and members of the
international community regarding both public policy options
and judicial reform.
— Reorganization of the judiciary’s administrative functions
to promote transparency and efficiency. This would include
significant decentralization of the multiple powers currently
held by the SCJ President.
— The strengthening and increased utilization of the
Dominican Freedom of Information Act (Libre Acceso al
Publico) as a measure to promote transparency and counter
corruption; and
— The spread of judicial management and tracking programs
throughout the Republic (replicating a current USAID-model
program in the province of La Vega.)
5. (U) Subero also foresaw preservation of the 2004 revisions
to the Criminal Procedures Code. Subero suggested that,
despite the recent press linkage of rights guarantees for
criminal defendants and a rise in the overall crime rate, the
country’s transition to the revised Code was far less
traumatic than that experienced by other countries. He
dismissed assertions by some of a link between rights for
criminal defendants and crime, noting that pushback against
the Code is based on confusion between the concepts of
«individual security» and «individual rights.» Initial
hesitancy from members of the Dominican bar is now resolved,
according to Subero, as older attorneys, initially fearful of
competition from their younger, more nimble colleagues, have
grown more comfortable in the Code’s application.
6. (U) There was also a prediction for increased confidence
in the judiciary following the retirement of five Supreme
Court Justices in the coming four months. Subero described
this as placing the Court in a «stage of re-legitimization,»
noting that while some Justices are clearly «resisting
retirement,» it is necessary to open spaces for younger
justices. «It is healthy to have changes.»
7. (U) CAFTA-DR, too, will figure prominently in the life of
the judiciary. Accordingly, general classwork on economic
crimes/issues and specific classwork on CAFTA-DR is featured
in judicial training for all entry-level judges.
8. (U) In terms of the current debate regarding
constitutional reform, Subero was confident that reform will
ultimately occur, but was less confident that this will be a
good thing. «The problem is not the Constitution,» he
bluntly declared, suggesting that the problem instead is with
the application of existing law.
9. (U) Overall, the picture painted during this initial
meeting was of Subero as a proactive leader with a great
affinity for due process, public debate, and use of
technology in the judicial sector.
—————
And Bad News…
—————
10. (C) While the rump meeting to follow did little to take
away from this perception, it did reveal Subero’s Achilles
heel — an unwillingness to directly challenge corruption in
the highest reaches of government.
11. (C) Embassy had received, unrequested, illegal wiretaps
that appeared to be part of a smear campaign against
Pichardo, with the suggestion that others were attempting to
influence his votes at the Court. A partial transcript was
also apparently delivered to the Internet investigative
journal Clave Digital. While Pichardo’s own comments as
recorded contain nothing signaling either illegal or
judicially unethical activity, the subsequent Clave Digital
article was sufficiently damaging that Embassy thought it
prudent to ask Subero’s opinion of the affair.
12. (C) In response, Subero indicated that Pichardo had
acknowledged to him, as well as other SCJ Justices, that he
had accepted $40,000 USD from an unnamed party, but that
there was no quid pro quo, explicit or implicit. Subero
further related that two of Pichardo’s sons were also
involved in accepting large sums of money and that Pichardo
is known to have asked the judge in the Baninter criminal
trial to «have some flexibility» in regard to defense
motions.
13. (C) Subero further believes, but cannot prove, that
Baninter defense attorney and presidential advisor Vinicio
«Vincho» Castillo is attempting to orchestrate the
substitution of Pichardo for Subero at the helm of the SCJ,
in an attempt to improve the Court’s disposition toward
Baninter defendants on appeal.
14. (C) Despite Pichardo’s acknowledgment and the existence
of other indications, Subero insisted to Hertell and Bullen
that nothing could be done. His explanation: a lack of
concrete evidence of wrongdoing.
15. (C) Given what Subero has told the Embassy, embassy
officials are currently investigating whether a visa
revocation for Pichardo would be appropriate.
16. (U) Similar reporting and extensive other material can be
consulted on our SIPRNET site,
http://www.state.sgov.gov/p/wha/santodomingo/ . HERTELL
