Cámara Americana de Comercio recomienda revisión de Ley de Notariado

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR) sugiere sea sometida a una amplia revisión, a través de tantas consultas públicas como fuese necesario, la recientemente promulgada Ley No. 140-15 que regula el Notariado dominicano e instituye el Colegio Dominicano de Notarios (CODENOT), con la finalidad  de que la misma logre convertirse en una normativa que permita la vanguardia notarial, sin los grandes vicios que incluye la recién aprobada ley.

Esta voz de alerta se une a las emitidas por la Suprema Corte de Justicia, la Procuraduría General de la República, Asociación Nacional de Bancos Comerciales (ABA), Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE). AMCHAMDR entiende que es hora de dotar a la República Dominicana de una ley de Notariado que le dé importancia a la función notarial, más no cree un régimen insostenible.

Tomando en cuenta que “ha sido siempre abanderada de iniciativas que incentiven el crecimiento, la inversión y la seguridad jurídica de los ciudadanos y empresas que diariamente desarrollan sus actividades en la República Dominicana, ve con preocupación la reciente promulgación de la Ley No. 140-15″.

Un estudio de la ley revela que se crea con ella una normativa que aleja a la República Dominicana de prácticas notariales de vanguardia, encarece la función notarial y limita extraordinariamente  el acceso de los ciudadanos a la misma, en perjuicio de su propia seguridad jurídica, llegando a imposibilitar la realización  de ciertos negocios por las tarifas exorbitantes que fija para  las partes que intervienen en los mismos y que tengan necesidad de presentarse ante el notario.

Reconocemos la intención de crear un nuevo instrumento que reemplace la antiquísima Ley No. 301 del 18 de junio de 1964, y que procure adecuar la normativa a la realidad social de los que pretende regular. Sin embargo, la Ley No. 140-15 distorsiona ampliamente esa función primaria de toda pieza legislativa.

Esta legislación no solamente establece un régimen de tarifas por honorarios de los notarios que convierte su uso en un lujo para muchas operaciones comerciales, sino que crea la misma situación  para actos de la vida civil del ciudadano, a los que éste tiene derecho por ley. Con disposiciones de difícil aplicación como las señaladas, por igual esta ley nos alarma al asignar al notario funciones atípicas a su propia naturaleza, exponiendo a los usuarios del servicio notarial a violaciones a la confidencialidad de ciertos actos.

Además que pretende desplazar las funciones de otros auxiliares de la justicia, omite importantes reformas que son necesarias para proteger a los notarios mismos y a la ciudadanía en general, limita la autonomía de las partes e incluso la autonomía del Estado Dominicano para escoger los notarios que intervienen en los actos en los que instituciones del gobierno formen parte, encareciendo en consecuencia el uso de notarios para las mismas.

Finalmente, saludamos favorablemente la iniciativa del Senado con la reciente aprobación del proyecto de ley que procura posponer la entrada en vigencia de la Ley de Notariado, con la intención de permitir su revisión íntegra y corregir los desaciertos de la misma. AMCHAMDR confía en que dicho proyecto de ley aprobado se convertirá prontamente en ley, para el beneficio del interés general.