SANTO DOMINGO.- Las obras de mantenimiento y reparación de al menos tres hospitales durante el 2009, por un monto que llegó a 36 millones de pesos, fueron adjudicadas grado a grado, pese a que ese método viola la Ley de Contrataciones Públicas, de acuerdo con las auditorías difundidas este sábado, más de una década después, por Cámara de Cuentas.
La cifra está contenida en varias auditorías realizadas por el órgano de control externo en 2010 y que fueron difundidas hasta ahora en su portal digital.
Entre las obras auditadas figuran la reparación general y construcción de nuevas áreas para oficinas administrativas en el Hospital Municipal de Nizao, en Peravia; la reparación del Hospital Dr. Leopoldo Martínez en Hato Mayor y la terminación del Subcentro de 20 camas en el comunidad Partido, Dajabón.
El inicio de la reparación del Hospital Municipal de Nizao fue el 12 de noviembre de 2009 y concluyó un año después, como establecía el contrato, cuyo presupuesto ascendió a más de ocho millones de pesos.
El Hospital Leopoldo Martínez, de Hato Mayor, su reparación contó con un presupuesto que superaba los ocho millones de pesos y fue iniciada el cuatro de agosto de 2009 y concluida un año después. La obra estaba avanzada en 95% al momento de la auditoría.
La terminación de la construcción del Subcentro de 20 camas en Partido, Dajabón, contó con un presupuesto de RD$ 19,627,425. Esa obra comenzó en agosto de 2009 y concluyó en 2010. El avance de la obra era de un 80% al momento de la auditoría.
La Cámara de Cuentas también detectó en otras auditorias serias irregularidades en el proceso de urgencia para reparar 56 hospitales en 2013.
El informe del órgano fiscalizador establece que se hicieron contrataciones de urgencia sin informe pericial que las justificaran, por un monto mayor a los tres millones de pesos.
También reportó adjudicaciones de obras sin evidenciar la constancia de la de Impuestos Internos por el monto de más de 208 millones y adjudicaciones de obras sin evidenciar la certificación de la TSS por una suma superior a los 37 millones de pesos.
Ante los hallazgos, la Cámara de Cuentas instó al entonces ministro de Salud Pública del 2010, el doctor Bautista Rojas Gómez “instruir para que se descontinúe la práctica de asignar las obras sin cumplir con los procedimientos de selección claramente establecidos en varios artículos de la ley 340-06.
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