Tanto la Ley núm. 10-04, de la Cámara de
Cuentas (CC), como la Ley núm. 10-07, de la Contraloría General de la República
(CGR), son anteriores a la Constitución del 26 de enero del 2010, dato
importante no solo porque este último texto diseñó una nueva ingeniería institucional
que obliga a concretar cautelosamente la aplicabilidad de normas
infra-constitucionales previas, sino también porque todo lo que dichas leyes pudiesen
disponer en sentido contrario a la Carta Magna sería nulo de pleno derecho como
establece enérgicamente su art. 6.
Es cierto que la Ley núm. 10-07 faculta a
la CGR a realizar investigaciones administrativas y a contratar firmas privadas
de auditoría, pero la Constitución vigente circunscribe su poder al control
interno, esto es, a proporcionar seguridad razonable ex ante de la adecuada
recaudación y el debido manejo e inversión de los recursos públicos. Ninguna
ley previa ni posterior pudiera habilitar a la CGR a ejercer el control
externo, reservado a la CC no solo por el art. 248 constitucional y por la Ley
núm. 10-04 que la regula, sino también por el art. 22 de la Ley núm. 10-07.
El control externo supone un amplio abanico
de competencias que incluye la actividad de verificar ex post la actuación del
órgano fiscalizado, esto es, recoger, investigar y analizar los hechos
producidos para determinar si se corresponden con lo legalmente previsto y
presupuestariamente proyectado, funciones instrumentales que la Constitución le
niega a la CGR por ser el órgano rector del control interno del Poder Ejecutivo.
Más aún, en apego a las atribuciones
constitucionales de la CC, el Tribunal Constitucional le desconoció en su
TC/0001/15 “imperio legal para derivar autónomamente responsabilidad de ningún
tipo” a las auditorías realizadas por firmas privadas, sin importar el órgano
público que las contrate. Para que las opiniones y conclusiones den lugar al
establecimiento de responsabilidades, deben ser declaradas por la CC conforme a
los arts. 47 y 48 de la Ley núm. 10-04.
El órgano extra-poder señalado por la Norma
Suprema para practicar auditorías externas, dotado de autonomía funcional,
administrativa y presupuestaria para asegurar el desempeño objetivo y eficaz de
sus atribuciones, es la CC. La CGR, además de que no goza de autonomía institucional
para garantizar una esfera libre de controles e injerencias del Poder
Ejecutivo, es constitucionalmente incompetente para realizar dichas auditorías,
pues el espacio temporal de control del gasto público que le reconoce la Ley
sustantiva es ex ante, no ex post.