Una auditoría realizada por la Cámara de Cuentas al Acuario Nacional detectó múltiples irregularidades financieras entre 2012 y 2015, incluyendo omisión de retenciones fiscales, ajustes contables sin respaldo y diferencias millonarias en los registros contables.
Santo Domingo.– La Cámara de Cuentas detectó pagos sin retención de impuestos, ajustes contables sin respaldo y diferencias millonarias en los estados financieros del Acuario Nacional.
Más de RD$30 millones en inconsistencias contables, retenciones fiscales omitidas y registros fuera del período contable: estos son solo algunos de los hallazgos revelados por la auditoría practicada por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) al Acuario Nacional, correspondiente al período 2012-2015.
El informe, aprobado recientemente por el Pleno de la CCRD, expresa una Opinión con Salvedad y destaca múltiples inobservancias a la normativa contable, presupuestaria y fiscal vigente.
Principales hallazgos de la auditoría
La auditoría examinó las operaciones financieras, transacciones, registros y documentos del Acuario Nacional y encontró irregularidades que comprometen la legalidad y confiabilidad de sus estados financieros:
El equipo auditor de la CCRD concluyó que la información financiera del Acuario Nacional para el período 2012-2015 no refleja de manera razonable la situación real de la entidad, debido a deficiencias en el control interno, omisiones tributarias y falta de apego a las Normas de Contabilidad para el Sector Público.
Pese a las explicaciones ofrecidas por la entonces directora general, Juana Calderón, en la mayoría de los casos no se presentaron evidencias suficientes para subsanar las observaciones, por lo que estas se mantienen firmes en el informe final.
La Cámara de Cuentas recomendó a la autoridad máxima del Acuario Nacional:
Aunque el informe no establece responsabilidades penales de forma directa, las observaciones contenidas podrían dar lugar a investigaciones adicionales por parte de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), en caso de que se determine uso indebido de recursos públicos o violación de leyes tributarias y administrativas.