Asunción.- El canciller paraguayo, Luis Alberto Castiglioni, presentó este lunes su renuncia, junto al presidente de la estatal eléctrica, Alcides Jiménez, y el embajador en Brasil, Hugo Saguier, tras un acuerdo energético que ha provocado la primera crisis del Gobierno de Mario Abdo Benítez.
Esas renuncias, anunciadas por la Presidencia, se producen un día después de que Castiglioni informara de que el Gobierno dejaba sin efecto un acta con Brasil de contratación de energía a la hidroeléctrica de Itaipú, compartida por los dos países.
El acuerdo fue repudiado la pasada semana por la oposición, que lo tachó de «entreguista» y de firmarse en secreto, mientras que algunos legisladores plantearon que podría ser causal de un juicio político a Abdo Benítez.
Castiglioni anunció la noche del domingo que el Gobierno daba marcha atrás a ese acuerdo, poco después de que se informara de la suspensión del viaje oficial de Abdo Benítez a Turquía.
La firma del acta, en mayo, no se conoció hasta el pasado miércoles, con la renuncia del titular de la Administración Nacional de Energía (Ande), Pedro Ferreira, quien ese mismo miércoles fue sustituido por el hoy dimitido Jiménez.
Ferreira denunció que los representantes de la ANDE en las negociaciones fueron sustituidos por Saguier y otros de Cancillería.
Brasil (Electrobas) solicitó a Paraguay en esas conversaciones que comprara energía acorde a su consumo y que presentara un cronograma hasta 2022, un año antes de la negociación del Anexo C del Tratado de Itaipú de 1973, algo que desde el lado paraguayo no se hacía.
Al respecto, Castiglioni dijo que se trataba de lograr un contrato que «asegure la previsibilidad» ante las irregularidades que existían.
Sin embargo, la oposición denunció que ello significaba una cesión de soberanía energética a Brasil y un indicador de la actitud «entreguista» del Gobierno de cara a la negociación del Anexo C del Tratado de Itaipú, en 2023.
Para esta tarde está prevista la presencia de Castiglioni en el Senado, que el viernes aprobó la creación de una Comisión Bicameral de Investigación que tendrá 60 días para analizar el cronograma de compra de energía a Brasil.
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