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Capital muerto

Capital muerto
Julio Martínez Pozo

A finales del 2016 vecinos de Los Tres Brazos iniciaron quejas a través de los medios de comunicación por requerimientos de pagos que estaban recibiendo de gestores privados que habían negociado con la extinta Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), los derechos de titulación de terrenos de ese sector, bajo arraigada posesión de miles de familias.

Otro dos escándalos: Odebrecht y la venta de los terrenos del Consejo Estatal del Azúcar, habían creado un ambiente en el que no podía andarse con medias tintas sobre todo lo que oliera a corrupción, y, el caso de Los Tres Brazos, alcanzó una dimensión mediática similar, por lo que no hubo ocasión de propiciar una salida que enfrentara el presunto dolo o el interés de ganancias desproporcionadas, priorizando en el interés de cambiar el capital muerto de 17,300 familias de esa barriada por un capital bancarizable, meta que por el camino de la judíalización podría materializarse cuando muchos de los beneficiados puedan no disfrutarlo por el envejecimiento o ni siquiera alcancen a verlo.

No había condiciones para una salida pragmática que enderezara los entuertos, castigara las infracciones y aprovechara la gran cantidad de títulos emitidos, por lo que el Gobierno envió el caso al Ministerio Público con instrucciones de llegar hasta las últimas consecuencias.

Como resultado de las indagatorias, el procurador Jean Alain Rodríguez, al presentar acusación dijo, en una alocución: “La empresa que compró las tres parcelas fue Inversiones Fernández Parache & Asociados, INFEPA. Posteriormente, esa misma empresa vendió parte de los terrenos a otra compañía, llamada TITULATEC. En esa transacción los mismos inmuebles que habían sido adquiridos por tan solo 80 millones de pesos al Estado dominicano fueron valorados esta vez en 200 millones de pesos.

“El trabajo realizado durante estos meses nos ha permitido determinar indicios serios y graves de responsabilidad penal para 11 personas, entre ellas funcionarios públicos, exfuncionarios y empresarios.

“De las evidencias recolectadas hasta el momento se infiere que los individuos que enumeraremos a continuación participaron presuntamente de forma directa en la comisión de diversos actos ilícitos, entre los cuales se encuentran los tipos penales de prevaricación, abuso de jurisdicción, falsedad y uso de documentos falsos, desfalco, estafa contra el Estado y asociación de malhechores, entre otros establecidos en nuestro Código Penal. Cada caso es individual, por supuesto, y las acusaciones concretas de cada caso se sustanciarán de manera particular”.

En el grupo están los propietarios de tres empresas, ex funcionarios de CORDE, incluyendo e su ex director, Leoncio Almazar; varios agrimensores y Rosabel Castillo Rolffot, Directora de Registro de Títulos y es Registradora de Títulos del Distrito Nacional; el que de ellos haya  delinquido que responda por sus actos; y, los que no hayan incurrido en violación, resulten absueltos, pero la prioridad que es la titulación no debe desenfocarse, para acelerar ese proceso prometido por Danilo Medina en su campaña, inspirado en Los Misterios del Capital, de Hernardo de Soto, que sostiene que más allá de su valor de uso la propiedad es un instrumento de capitalización.

Sostiene de Soto: “Las casas de los pobres están construidas sobre lotes con derechos de propiedad inadecuadamente definidos, sus empresas no están constituidas con obligaciones claras y sus industrias se ocultan donde los financistas e inversionistas no pueden verlas. Sin derechos adecuadamente documentados, estas posesiones resultan activos difíciles de convertir en capital, no sirven como garantía para un préstamo ni como participación en una inversión”.

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