Diez policías colombianos activos, acusados de retener ilegalmente a una mujer y a sus dos hijas menores de edad durante un allanamiento ilegal realizado en el departamento de Norte de Santander (fronterizo con Venezuela), fueron capturados y enviados a la cárcel, informó este lunes la Fiscalía.
Bogotá.- Diez policías colombianos activos, acusados de retener ilegalmente a una mujer y a sus dos hijas menores de edad durante un allanamiento ilegal realizado en el departamento de Norte de Santander (fronterizo con Venezuela), fueron capturados y enviados a la cárcel, informó este lunes la Fiscalía.
La información del ente acusador detalló en un comunicado que cuatro de los detenidos pertenecían al Servicio de Investigación Judicial (SIJIN) y los otros seis estaban adscritos al Grupo de Operaciones Especiales (GOES), ambos cuerpos élite de la Policía para combatir la criminalidad en Cúcuta, la capital departamental.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, en agosto pasado los procesados supuestamente realizaron un allanamiento sin orden judicial a una vivienda del barrio Paz y Progreso de Cúcuta.
En esa diligencia, según la institución, los policías «retuvieron por espacio de varias horas a la mujer y las dos niñas» e incluso le exigieron a la mujer el pago de 50 millones de pesos (unos 12.700 dólares de hoy) «a cambio de no capturarla y de no entregar a las menores de edad al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)».
En desarrollo de la supuesta diligencia, los policías encontraron varias cajas con pantalones vaqueros y cajetillas de cigarrillos, los cuales, según ellos, no tenían la documentación para demostrar que eran legales.
La víctima, por su parte, manifestó que la mercancía de propiedad de su hermana era legal.
«De acuerdo con los testimonios, momentos después llegó a la vivienda la mencionada hermana y los procesados, al parecer, le exigieron 40 millones de pesos. La mujer habría consignado 20 millones de pesos y le habrían dado un plazo para que en la tarde de ese día entregaran el resto del dinero», especificó la información de la Fiscalía.
Las capturas fueron legalizadas por un juez de control de garantías del Circuito Judicial de Cúcuta y la Fiscalía les imputó cargos por los delitos de secuestro simple agravado, concusión (exigir dinero) y falsedad ideológica en documento público.
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