Caso Gavilán: Dictan prisión preventiva para cinco imputados y a otros siete diferentes medidas incluyendo arresto domiciliario
Justicia
La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso resaltó que como solicitó el Ministerio Público se declaró la complejidad del proceso y se impuso la prisión preventiva por 18 meses a cinco imputados.
SANTO DOMINGO.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso este miércoles la medida de coerción de 18 meses de prisión preventiva a cinco de los 12 imputados en la red que supuestamente se dedicaba a borrar fichas penales a imputados y condenados y que fue desmantelada a través de la Operación Gavilán.
Asimismo, el tribunal dictó diferentes medidas de coerción incluyendo arresto domiciliario a los otros siete imputados, quienes admitieron los hechos e hicieron acuerdos con el Ministerio Público.
Los imputados Mártires Reyes, Alfredo Mirambeaux, Rubén Dario Morbán, Alfredo Astacio Polanco y Domingo Julio Santana deberán cumplir la medida en diferentes centros penitenciarios.
Mientras que se irán a cumplir medida de coerción a sus hogares: Laudelina Esther Reyes Silva, Pilar Yrenes Medina Trinidad, Yokaira Elizabeth Carmona, Ashley Darleni Morbán Reyes, Antony Vicente Ferrer Monegro, Romanqui Alexander Dotel Medina y Dilcia Argentina Núñez Santos.
“En el día de hoy se ha concluido con el conocimiento de la solicitud de medida de coerción del proceso conocido como Operación Gavilán. El Ministerio Público había solicitado aquí en audiencia cinco prisión preventiva sobre la base de la gravedad de la adulteración de más de 16,000 casos en la base de datos del Ministerio Público”, explicó la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
“Habíamos establecido el gravísimo impacto que esto implica, no solo para el Ministerio Público, para el sistema de justicia y para la sociedad, y el juez así lo acogió, dictando, primero la complejidad del proceso, por entender que tiene todas las características de un caso complejo», añadió.
«Asimismo, el juez resaltó que es un proceso hecho conforme a la Constitución dominicana y a las leyes procesales, una investigación amplia, profunda, con pruebas más que suficientes, con una imputación precisa de cargos de parte del Ministerio Público, y en ese sentido, dictó 18 meses de prisión preventiva a estas cinco personas en distintos centros, por ejemplo, uno en el CCR San Pedro, otros tres en Najayo y otro en Najayo 17”, detalló Reynoso.
Junto a la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso representaron en la audiencia al Ministerio Público los fiscales Andrés Mena y Sourelly Jáquez.
El pasado 1 de agosto la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) pusieron en marcha la Operación Gavilán contra una red de fiscales, empleados administrativos y policías que se dedicó durante años a eliminar antecedentes penales a cambio de sobornos.
En la operación que desmanteló la red criminal participó un equipo de fiscales en conjunto con unidades especiales de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), quienes realizaron allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Independencia y San Pedro de Macorís contra los integrantes de la red.
En el borrado de antecedentes penales, ejecutado por esta red criminal, han sido beneficiados sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, imputados de violencia de género y por adulteración de alcohol, así como por secuestro, llegando esta estructura al extremo de que personas recluidas cumpliendo condena de hasta de 30 años de prisión figuren sin antecedentes penales en los registros oficiales.
Durante los allanamientos se ocuparon evidencias de los delitos imputados, como dispositivos electrónicos, prueba de transferencias bancarias, armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo, cédulas y copias de cédulas.
El grupo fue sometido a la justicia por los delitos tipificados en los artículos 59, 60, 123, 124, 166, 167, 174, 175, 177, 265 y 266 del Código Penal Dominicano.
También, por violación a la Ley 41-08 sobre la Función Pública, los artículos 6 párrafo, y 10 párrafo de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y el artículo 3 de la Ley 155-17 en perjuicio del Estado dominicano.
Los citados textos tipifican y sancionan la asociación de malhechores, soborno, cibercrimen y lavado de activos provenientes de los delitos imputados.
