SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público establece en la solicitud de medida de coerción en el caso Gaviota que en cuanto los imputados lograban que sus víctimas depositaran dinero los hacían firmar contratos, sin embargo, en estos no se establecía en qué se invertiría el dinero entregado.
El documento, de 457 páginas, dice que las víctimas engañadas firmaban el contrato, no obstante, con pocas excepciones, no le entregaban copia del documento, estableciendo que lo mandarían a notarizar y que luego se lo remitían, lo cual nunca ocurrió.
“Al mes siguiente de la firma, las víctimas comenzaban a recibir fondos de los supuestos beneficios de sus cuentas, evidenciándose que estas transferencias procedían de cuentas de beneficiarios distintos a donde habían depositado, o con quien habían firmado el contrato. La periodicidad de estos depósitos generaba confianza en las víctimas de forma que estas procedían en poco tiempo a realizar aumentos de su capital inicial, y a referir a familiares y allegados”, sostiene el Ministerio Público.
Destaca que en muchos de estos casos las víctimas tomaban préstamos e hipotecaban propiedades con el fin de invertir y obtener un beneficio mayor. La misma estructura incentivaba al aumento del capital inicial a las víctimas y a que estos refirieran personas.
El documento también detalla que los contratos utilizados para atrapar a las víctimas establecían que al aportante o acreedor le serían entregado por concepto de rentas por el capital desde un 10% hasta el 30% de beneficios, pagaderos de forma mensual, dispensándose solamente el mes de diciembre.
“Es evidente que esa oferta, con intereses tan altos, es lo que atraía a las víctimas, quienes lo veían como una oportunidad de multiplicar sus bienes, y es que se estaba hablando de beneficios desde un 110% hasta un 330% anual del valor entregado. Pero como todo esquema bien planificado, en esta modalidad de contrato no establece en que se invertiría el dinero entregado”.
¿Cómo hacían para ganar confianza?
La solicitud de medida de coerción establece que ya captados los interesados eran llevados a reuniones para mostrarles gráficos de supuestas inversiones, testimonios falsos de personas que habían obtenido beneficios. También les mostraban pagos de impuestos para generar confianza, y establecían las actividades de captación de fondos que realizaban eran con los permisos correspondientes de la Superintendencia de Bancos y de la Superintendencia del Mercado de Valores.
“En lo relacionado a los permisos para realizar actividades de intermediación financiera u operar en el mercado de valores, tanto la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia del Mercado de Valores certificaron al Ministerio Público, la no existencia de registros ni solicitudes de parte de estas entidades comerciales. Todo lo anterior no eran más que parte de las maniobras fraudulentas utilizadas para captar los fondos de las víctimas”, muestra el expediente.
El órgano persecutor destaca que con estas técnicas de convencimiento conseguían que las víctimas les entregaran dinero para la supuesta inversión, y a estos fines les hacían firmar un contrato de inversión en renta con las distintas empresas. «Al momento de convencer a las víctimas para que realizaran la entrega del dinero, los reclutadores les hacían llenar un formulario que titulaban “Formulario de solicitud para ingreso a cuenta de inversión Persona Física”, en donde estos debían colocar los datos de sus ingresos, completar su perfil personal, establecer datos laborales, identificar a la persona que lo refiere, además de su asesor; de igual forma,debían llenar una “Declaración de Justificación de Ingresos” donde se establezca el origen de los fondos de su inversión”.
“Con lo anterior buscaban aparentar una debida diligencia. La realidad es que esto era una forma de generar confianza en las personas, copiando el protocolo básico de las verdaderas Entidades de Intermediación Financiera. Estos documentos se quedaban archivados en poder de la estructura, y según lo establecido por le Unidad de Análisis Financiero, nunca recibió reportes de parte de ninguna de estas empresas identificadas en esta estructura”, revela el Ministerio Público.
