Redacción.- El abogado Pedro José Duarte Canaán solicitó la reactivación del caso de Paula Santana Escalante, cuyo expediente fue archivado provisionalmente y argumentó que el Ministerio Público «es una agencia ejecutiva estatal que aplasta a los vulnerables y protege a los criminales de cuello blanco«.
Paula fue asesinada y encontrada en una alcantarilla en la zona franca de las Américas en Santo Domingo Este, lugar donde laboraba, por dicha razón el abogado sugirió que es importante interrogar a los propietarios de la empresa y a los supervisores.
El abogado explicó, que las víctimas, a través de representación legal pueden promover diligencias que ayuden a esclarecer el crimen, en ese sentido dijo que, «entre las acciones propuestas están interrogar a nuevas personas, regresar a la escena del crimen y analizar el celular de la víctima, específicamente su iPhone 11, para rastrear las últimas comunicaciones. Hagan la ilustración forense, cuáles fueron las últimas llamadas entrantes y salientes”.
Duarte Canaán señaló la necesidad de entrevistar a los responsables de la zona franca donde ocurrió el hecho, indicando que «todos son sospechosos» y que se deben examinar las grabaciones de las cámaras de seguridad para entender mejor la desaparición de Paula.
El abogado criticó la actuación del Ministerio Público, afirmando que ha fallado en su deber de protección hacia las víctimas y la sociedad dominicana. “Se está enviando un mensaje preocupante sobre la falta de representatividad en la justicia”, declaró, destacando que el caso de Paula no es solo un ataque individual, sino un golpe a toda la comunidad.
Duarte se ofreció a colaborar con las familias de las víctimas y expresó su disposición para trabajar en la investigación, asegurando que manejan hipótesis serias sobre el caso. Además, enfatizó que la percepción de un “clasismo” en el sistema judicial está afectando la confianza de la población.
“Evidentemente que se está cubriendo a alguien con superioridad, superioridad social y económica. Es decir, estos dos jóvenes fueron apresados de manera sumaria”, dijo el abogado.
Asimismo, indicó que, “ahí todos son sospechosos (zona franca)». En una investigación penal, evidentemente todo importa y nada sobra. Si la víctima hubiese sido una joven de un estrato social privilegiado, económica y socialmente. Todas las agencias ejecutivas del Estado estuviesen detrás de esa investigación penal. Aquí hay una administración de justicia clasista. La población vulnerable, la gente común, la gente corriente, no tiene representatividad”.
El abogado dijo que, «la gente común, la gente ordinaria, el pueblo, todos no están representados en el Ministerio Público. Es triste porque ahí se observa el clasismo, la división de clases”, dijo Duarte Canaán.
El abogado concluyó instando a que se tomen medidas urgentes para asegurar que todos los involucrados en la investigación sean tratados de manera equitativa, independientemente de su estatus social o económico, “se envía un mensaje muy peligroso al colectivo social. Esa es la triste realidad que caracteriza este caso”, señaló.