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Castillos de corrupción:Camargo buscó a Chávez como padrino en Venezuela

Castillos de corrupción:Camargo buscó a Chávez como padrino en Venezuela
Castillos de corrupción:Camargo buscó a Chávez como padrino en Venezuela

La constructora brasileña Camargo Correa intentó ganar favores del gobierno venezolano en la licitación de la represa Tocoma, contrato que finalmente fue otorgado a Odebrecht en 2006. A la compañía no le funcionó el tráfico de influencias, cuya extendida práctica es admitida por el propio presidente del grupo empresarial.
Presente en 22 países de América Latina, Asia y África, también es investigada por la operación Lava Jato por corrupción transnacional, junto con otras grandes empresas de ingeniería como Odebrecht, Andrade Gutiérrez y Queiroz Galvao. Todas tienen en común megaproyectos sin terminar en Venezuela.

Cuatro  años antes de asumir la construcción del proyecto de saneamiento y desarrollo integral de Río Tuy (conocido como Tuy IV) en el estado Miranda, fundamental obra aún inacabada que surtiría de agua a la Gran Caracas, la compañía brasileña Camargo Correa ya incurría en prácticas de lobby en Venezuela con el fin de ser beneficiada en licitaciones de grandes contratos de infraestructura durante el gobierno de Hugo Chávez. En 2005, la constructora casi centenaria, aplicaba en la capital venezolana el  tráfico de influencias y concertación fraudulenta de licitaciones, identificados como delitos de corrupción, que replicó en al menos seis de los 22 países de América Latina, Asia y África donde opera.

Así lo confirman los correos electrónicos intercambiados por los ejecutivos de la constructora brasileña en Caracas y Sao Paulo entre 2005 y 2007, que forman parte de las evidencias halladas durante la operación Castelo de Areia (Operación Castillo de Arena), iniciada en 2008 por la Policía Federal de Brasil, a la que tuvieron acceso los medios venezolanos Runrunes y El Pitazo como miembros del proyecto periodístico transnacional ‘Investiga Lava Jato’, coordinado por la plataforma de periodismo de investigación y datos Convoca.pe, con sede en Lima, Perú.

Aquella investigación policial del estado paulista se centró en detectar si la empresa Camargo Correa estaba cometiendo delitos de lavado de dinero y pago de sobornos para obtener contratos fuera de Brasil. Los agentes basaron sus pesquisas en una fuente anónima que describió un esquema de crímenes financieros de alcance internacional que involucró el pago de sobornos y contabilidad paralela  en Brasil, Angola, Argentina, Bolivia, Perú y Venezuela.

En enero de 2009, un juez autorizó la detención de cuatro directivos de la trasnacional. En diciembre de ese año, el Ministerio Público Federal brasileño imputó a los gerentes por los delitos de corrupción, fraude, lavado de dinero, evasión y formación de carteles. Los abogados de la compañía, por su parte, justificaron que las donaciones fueron debidamente declaradas.

Pero en mayo de 2011, cuando parecía llegar el desenlace, el Tribunal Superior Federal de Brasil anuló la investigación alegando que estaba basaba en un testimonio anónimo y liberaron a los ejecutivos. La documentación de Castillo de Arena quedó entonces engavetada.

En busca del “padrino Chávez”

Los documentos de la operación Castillo de Arena archivada en 2009, a los que accede Convoca.pe nueve años después, permiten verificar los mecanismos a los que recurría Camargo Correa para lograr contratos de grandes obras de ingeniería en los países donde operaba.

En el caso de Venezuela, una serie de correos revelan los intereses de la Camargo Correa en el país y sus reiterados intentos por lograr  “un padrino” con poder que bendijera la asignación de megacontratos. Camargo Correa, que ya había participado  en los años 70 en la construcción de la emblemática Central Hidroeléctrica Guri y se había encargado de la restauración de la represa de El Guapo en el estado Miranda entre 2003 y 2005, quería volver a Venezuela para construir una de las joyas de la corona proyectada como estandarte del gobierno chavista: la represa Manuel Piar “Tocoma”, en el estado Bolívar, con un valor inicial de 800 millones de dólares. Y en el afán de  lograrlo, procuró en varias ocasiones pautar una reunión con el propio presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

 

En un correo de carácter “confidencial” enviado el 10/06/2005 por el representante de Camargo Correa en Venezuela José Cesar Gazoni Martins a uno de los directivos del grupo empresarial en la sede en Brasil, Carlos Fernando Namur, se describen los resultados de una reunión con el embajador de Brasil en Caracas,  Joao Carlos de Susa-Gomes, celebrada el día anterior,  en la que también estuvieron presentes el secretario de Comercio y Turismo Joao Alfredo de los Angeles y Gazoni. Solicitando discreción, allí le advierten que la competencia (Odebrecht) mantiene una actitud “feroz” contra la presencia de la nueva constructora en el país. El ejecutivo admite que no logró el compromiso firme del diplomático de acordar una audiencia con el entonces presidente Chávez.

La Policial Federal brasileña evalúa que este correo electrónico “una vez más corrobora la forma de actuación de Camargo Correa en el exterior, especialmente en los países de América Latina”. Describe que el diplomático, quien mantenía relaciones exclusivas con la competencia de Camargo Correa en el país (Odebrecht), le recomendó al directivo empresarial que “tenía que hacer la tarea de casa, instalar la oficina en Caracas con más antelación, mostrar mayor interés movilizando más gente para hacer contactos frecuentes con ministros, gobernadores, presidentes y directores de empresas públicas de Venezuela, invertir en viajes en avionetas a Brasil con personas de interés”. También, le había dicho que “el precio de los proyectos a concursar que es lo que menos cuenta, ya que todo es arreglado políticamente”.

En esos años, las relaciones diplomáticas y comerciales entre Brasil y Venezuela se encontraban en uno de sus momentos más vibrantes. A partir de 2005, cuando se firma la Alianza Estratégica entre ambos países, las visitas de Chávez al vecino del sur y las de Lula da Silva a la nación caribeña se hicieron más frecuentes para celebrar encuentros bilaterales y acuerdos de cooperación. En 2006, Venezuela se adhirió al Mercosur y el mandatario brasileño participó en el acto de la firma del Protocolo en Caracas. Ese mismo año, Da Silva asistió a la inauguración del segundo puente sobre el río Orinoco, construido por Odebrecht. También eran tiempos de campaña electoral.

 

Chávez Lula

Los expresidentes Hugo Chávez y Lula da Silva, en mejores tiempos.

 

Pero además es cierto que lograr una reunión privada con Chávez resultaba cuesta arriba en esos tiempos. Dos fuentes independientes, una exempleado del sector financiero del Gobierno y otra exejecutivo de Pdvsa, coinciden en afirmar que después del golpe de Estado de 2002, el lobby con Hugo Chávez era casi imposible. “Solo recibía al que él quisiera. Una vez botó a un general retirado de Miraflores, le impidió la entrada al palacio presidencial, porque sin previo aviso le llevó unos empresarios. Solo a Alejandro Andrade, exguardaespalda del Presidente y extesorero de la Nación le permitía llevar gente a Miraflores”, relata uno de los informantes. Andrade hoy vive en EE.UU.

 

Buscando desesperadamente una audiencia

Otro email titulado “Chávez y Ecuador” (enviado el 2/12/2006, un día antes de la elección presidencial que ganó Chávez con 62,8% de los votos), también registra las solicitudes  de reforzar los pedidos de audiencia no sólo con Chávez, a través del embajador venezolano en Brasil Julio García Montoya, sino también con el entonces nuevo presidente electo de Ecuador, Rafael Correa.

Ante el inminente llamado a licitación de Tocoma en 2006, la urgencia de los ejecutivos de Camargo Correa por lograr una audiencia con Chávez toma un tono casi desesperado, revelan los correos electrónicos. Se hace seguimiento a las posibilidades de encuentro tanto en Caracas como en Brasilia, durante las visitas del presidente venezolano a este país como en ocasión de la instalación del Parlamento de Mercosur, celebrada el 14 de diciembre de 2006.

La investigación analiza que las comunicaciones entre los directivos de la empresa brasileña  “muestra la preocupación en conseguir, a toda costa, una audiencia con el presidente Hugo Chávez de Venezuela, para lo cual recurrieron a contactos diversos tanto en el Itamarati (cancillería de Brasil) hasta en el  Ejecutivo y  Legislativo. Todo indica que el objetivo del encuentro era la entrada de Camargo Correa a aquel país a través de la ejecución de obras públicas”.

Hasta que llegó el proceso de licitación de Tocoma y fue adjudicada a Odebrecht, la territorial competencia de Camargo Correa. A comienzos de 2007, los ejecutivos de esta constructora ya sospechaban del resultado del proceso en el que también concursaron las brasileñas Andrade Gutiérrez y Queiroz Galvao, investigadas a su vez por el megacaso de corrupción Lava Jato. En un correo del 2/01/2007, se preguntan qué hacer cuando Edelca (la empresa estatal contratante) anuncie a otro consorcio como ganador. A lo que responden que, además de cuestionar la decisión y pedir una vez más audiencia urgente con Chávez, están buscando con otro contacto diferente del vicepresidente “para tener otro padrino”. Justo en ese ínterin, Jorge Rodríguez asumía la Vicepresidencia, sustituyendo a José Vicente Rangel.

Ante la propuesta de defender su oferta y el proyecto planteados, reconocen que “sin el apadrinamiento del propio presidente Chávez sería una pérdida de energía y dinero”.

 

Tocoma

La represa “Tocoma”, que tuvo un valor inicial de US$ 800 millones.

 

Traficando influencias

El informe de Castillo de Arena considera que los correos muestran “una vez más el modus operandi de actuación del contratista en sus participaciones en los pleitos en el exterior. Camargo Correa estaría buscando alternativas a una posible derrota en licitación en Venezuela por lo cual planearía retardar el proceso para conseguir una audiencia con Chávez con el fin de que ‘apadrine’ a la empresa en las pugnas por contratos.

La investigación concluye que la mayor parte de los documentos reflejan la forma de actuación del Grupo Camargo Correa en los procesos de licitación del exterior. “Hay indicios de que el Grupo se vale del llamado ‘tráfico de influencias’ para arreglar simpatizantes entre funcionarios públicos de alto rango, de los países en los que actúa, a través de pagos llamados “Capilés” (sobornos).

La sola insistencia de Camargo Correa por reunirse con el presidente de un país para incidir en el resultado a favor en una licitación  habla del delito de tráfico de influencias contemplado en la Ley Contra la Corrupción y para la Salvaguarda del Patrimonio Público. El artículo 99 de esta norma (aprobada en primera discusión en Asamblea Nacional en octubre de 2016) contempla prisión de 4 a 6 años para  aquel funcionario público que, de forma directa o por intermediación de una persona, aprovechando las funciones que ejerce, hubiera obtenido ventaja, beneficio u otra utilidad para sí o para otro. También señala penalidades para todo aquel que haga uso indebido de su influencia sobre algún funcionario público para que éste ordene o ejecute un acto propio de sus funciones pero contrario al deber.

 

En la mira por Lava Jato

Cinco años después de la suspensión de la investigación Castillo de Arena,  las sospechas de corrupción vuelven a posarse sobre Camargo Correa. En 2014, la operación Lava Jato incluyó a la constructora en sus pesquisas sobre el esquema de lavado de dinero y evasión de divisas que envuelve a la estatal Petrobras. En noviembre de ese año, el Tribunal de Justicia Federal de Curitiba ordenó la detención temporal y preventiva de altos ejecutivos de la transnacional, entre ellos el director presidente de Camargo Correa Construcciones y Participaciones S.A, Dalton de los Santos Avancini.

La participación de Camargo Correa en la conformación de carteles  y concertación fraudulenta de licitaciones, ambos crímenes de corrupción, fue confirmada por el expresidente de la compañía, Dalton dos Santos Avancini, en una declaración que prestó ante el Ministerio Público Federal de Brasil luego de plegarse a las delaciones premiadas por la operación Lava Jato. Dalton, quien fue apresado en 2014 y condenado a 15 años de prisión,  admitió la  de la existencia de reuniones con otras compañías para discutir y distribuir la participación en esas licitaciones. La delación fue recogida en documento firmado en Curitiba el 8 de marzo de 2016 por el Juez Federal Sergio Fernando Moro.

 

Dalton Camargo

Dalton Dos Santos Avancini, presidente de Camargo Correa.

Aunque Dos Santos Avacini entró a la compañía en 2009, fue cuando asumió la  dirección de un departamento que se enteró de la existencia de un acuerdo sobre las obras que habían sido ganadas en licitaciones: constituían la división de un mercado de empresas.

En  reuniones entre Camargo Correa, OAS, Odebrecht, Queiroz Galvao y UTC Engenharia, se discutían cómo iban a dividirse  las concertaciones según el mercado de empresas en relación a las obras. Según Dos Santos, siempre había un equilibrio en el volumen de los contratos de cada una de las empresas. Se definían los espacios, los paquetes en los cuales cada una saldría ganadora. Se respetaban que cada una recibiera una porción. Acordaban quien iba a ganar determinada licitación.

En el caso de Venezuela, el contrato de construcción de la represa Tocoma fue asignado a Odebrecht, identificada por Dos Santos Avancini como “líder” de un cartel de 23 constructoras en esas concertaciones. Once años después, la compañía aún no entrega la obra y es investigada por liderar la red de corrupción transcontinental.

Dos Santos Avancini también confirmó pago de sobornos por parte de Camargo Correa a la dirección de abastecimiento de Petrobras. “El arreglo era  una práctica generalizada entre compañías constructoras”.

 

Entre los dedos de la diplomacia

La práctica de tráfico de influencias por parte de Camargo Correa que develan los correos de Castillo de Arena coinciden también con lo que registran los cables diplomáticos intercambiados por esos años entre la embajada de Brasil en Caracas y el Ministerio de Relaciones Exteriores en Brasilia a los que tuvo acceso Runrunes y El Pitazo.

 

cable Brasil

Cable del 23/08/2006 refleja la urgencia de Camargo Correa por conseguir una audiencia con Chávez.

 

La insistencia de Camargo Correa por conseguir audiencia con Chávez fue mencionada en los nueve cables intercambiados entre Caracas y Brasilia del 2005 al 2006, en los que se nombra a la empresa. Todos los asuntos de la  constructora se centraban en acordar una reunión de los ejecutivos de la compañía con el primer mandatario venezolano, bien sea Brasil o Caracas, para interceder en la licitación de su principal interés en el país: la construcción de la represa de Tocoma, a 19 kilómetros de la presa del Guri en cuya ampliación participó entre 1978 y 1986.

Justo en 2005 se abrió el proceso licitatorio de Tocoma, apuntan los cables, para el que postularon las empresas Barsanti (Venezuela), Dell`Acqua (Venezuela), Dragados (España), Hochtief (Alemania), Impregilo (Italia), Skanska (Suecia) y  Vinccler (Venezuela), además de las brasileras Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez y Queiroz Galvao.

Desde Venezuela, el embajador brasileño Joao Carlos de Souza Gomes envía reportes de todos los esfuerzos por lograr una audiencia con Chávez para Camargo Correa. También da cuenta del seguimiento que hacen a sus giras internacionales del presidente venezolano así como sus visitas a Brasil. En un cable de carácter “urgentísimo” del 22/12/2006, el diplomático recuerda que, siguiendo instrucciones, envió comunicación a Adán Chávez, secretario de la presidencia y hermano del  jefe de Estado, para reiterarle la solicitud de audiencia a petición el miembro titular del consejo de la empresa brasileña, Luiz Ortiz Nascimento.

En un último intento antes de la deliberación de la licitación, el 12/01/2007 el embajador De Souza Gomes lista todos las tentativas de contacto durante dos años con personeros del gobierno: Adán Chávez; el embajador venezolano en Brasil, García Montoya (“amigo íntimo de Chávez”); Hugo Cabezas (como secretario de la presidencia entrante) y seis veces con el canciller Nicolás Maduro.

Estas comunicaciones evidencian la intermediación del gobierno de Lula Da Silva a través de su cancillería en las gestiones por la contratación de megaproyectos en Venezuela de una empresa privada de ingeniería brasilera, en este caso Camargo Correa.

 

Una empresa con tradición

En los cables diplomáticos de 2004 al 2009 se asomaron las gestiones por el regreso de Camargo Correa al país donde había construido una obra de envergadura como la represa del Guri en la década del 70 del siglo XX. En efecto, la constructora de Camargo Construcciones y Comercio Camargo Correa S.A se domicilió en Venezuela el 8 de agosto de 1977. La sociedad se abrió para atender obras contratadas por la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) Electrificación del Caroní (Edelca), específicamente la etapa final del desarrollo hidroeléctrico del Río Caroní, en  el embalse del Guri.

 

hidroeléctrica

Represa del Guri.

 

Según el expediente 94005, ubicado en el registro mercantil V del Distrito Capital, para el 11 de noviembre de 2004, se aprobó cerrar las actividades de la sucursal en Caracas. Para ese momento, el presidente de la sociedad era Celso Ferreira Oliveira y su vicepresidente Joao Ricardo Auler.

A pesar de este cierre de sucursal realizado en 2004, las oficinas en Caracas de Camargo Correa siguen activas. Se encuentran ubicadas en la Torre Premium, de la calle Orinoco de Las Mercedes, al este de Caracas.

Al entrar a las oficinas lo primero que se observa es el logo de Camargo Correa y al lado derecho, en la mesa de la recepción, una banderita de Brasil acompañada con otra de China. En la pared junto a la recepción tienen un afiche de una de las construcciones realizadas por la constructora en Perú. Al menos cinco personas trabajan en la sucursal.

 

Oficina Camargo Correa Venezuela

Oficina de Camargo Correa en Caracas.

 

El 25 de junio de 2018, se solicitó en persona y vía correo electrónico una entrevista con algún representante de la compañía. Cuatro días después de la solicitud se recibió un email firmado por Claudia Vasallos, socia de Camargo Correa, desde Sao Paulo, en Brasil, explicando que “cualquier información sobre los proyectos desarrollados por Camargo Correa en Venezuela debe ser proporcionada por las empresas Corpomiranda e Hidrocapital, clientes responsables de esos proyectos”.

También se enviaron cartas de solicitud de entrevista a CorpoMiranda e Hidrocapital y al cierre de este reportaje no se ha recibido respuesta.

En 2018, cuando han apresado al expresidente de la empresa por corrupción, y se continúa una investigación judicial en Brasil, resulta difícil visualizar cuál hubiese sido el destino de Tocoma de haber sido adjudicada a Camargo Correa y no a Odebrecht. La represa del estado Bolívar aún no ha sido terminada, como tampoco el proyecto de saneamiento y desarrollo integral de la cuenca del Río Tuy, contratado por el Ministerio para el Ambiente y Corpormiranda, destinado al suministro de agua en La Gran Caracas, Los Valles del Tuy y el estado Vargas.

Aún más: la deuda del Estado venezolano con las empresas brasileñas continúa sin saldarse. Hasta septiembre de 2017, la administración de Nicolás Maduro había incumplido el pago de 262 millones de dólares de un total de 5 millardos de dólares relacionados con Odebrecht, Andrade Gutiérrez y Camargo Correa en Venezuela, que fueron financiados por el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (Bndes, por sus siglas en portugués).

 

* Coordinadores del proyecto Investiga Lava Jato: Editora y reportera Milagros Salazar, Convoca (Perú) y Flávio Ferreira, Folha de Sao Paulo (Brasil). Periodistas y medios aliados: Emilia Delfino, Perfil (Argentina); Rafael Marques de Morais (Angola); Nelfi Fernández, El Deber (Bolivia); Óscar Agudelo, Consejo de Redacción (Colombia); Óscar Libón y Miguel Gutiérrez, Convoca (Perú); Christian Zurita, Mil Hojas (Ecuador); Jimmy Alvarado, El Faro (El Salvador); Enrique Naveda, Plaza Pública (Guatemala); Raúl Olmos, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (México); Adérito Caldeira, Jornal Verdade (Mozambique); Alicia Ortega, ‘El Informe’ (República Dominicana); Guillermo Draper y Raúl Santopietro, Semanario Búsqueda (Uruguay); Lisseth Boon y Katherine Pennacchio, Runrunes (Venezuela); César Batiz, El Pitazo (Venezuela).
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