SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Lo ocurrido con la aprobación de las modificaciones al Código Procesal Penal, producto del azar, el descuido o un acto deliberado, puede quedar registrado como un negro capítulo en el historial de la Cámara de Diputados si no es convincentemente aclarado.
Las explicaciones hasta ahora ofrecidas y los cuestionamientos de algunos legisladores sobre la forma a todas luces anómala en que se realizó el proceso solo han contribuido a arrojar más dudas en la opinión pública.
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Las denuncias de la diputada oficialista Minú Tavares Mirabal de supuestas irregularidades en la aprobación de la pieza ha abierto un nuevo debate, y desde ya se advierten sanciones, aunque no hay precedentes ejemplarizadores de castigos por tales anomalías legislativas.
El revuelo causado por los cambios introducidos al Código Procesal penal, especialmente por la supresión en el artículo 85, afecta la credibilidad de ese órgano legislativo y de los congresistas en general frente a una ciudadanía que contempla, incrédula y desconfiada, como han sucedido estos insólitos hechos.
Un recuento con citas sobre los debates parlamentarios presentado por El Informe permite advertir las situaciones a todas luces irregulares a lo largo del proceso seguido para modificar dicho código, que había sido un reclamo muy sentido en diferentes sectores de la sociedad.
Es obvio, por los señalamientos realizados por algunos legisladores, que sus compañeros no prestan la debida atención durante los debates aun en medio de planteamientos sobre temas delicados y trascendentes como legislaciones complejas y controvertidas.
Asimismo, mueve a suspicacia la celeridad con que se realizaron algunas de las sesiones llevadas a cabo en julio pasado, un mes antes de su aprobación en agosto, y el hecho que desde entonces se proponía la liberación de lectura del proyecto.
¿Por qué razón, por ejemplo, se tomó el camino de precipitar la aprobación con una declaratoria de urgencia, para que fuera conocido en dos lecturas consecutivas, luego de que el proyecto tuviera que ser virtualmente resucitado, tras una larga dejadez de los legisladores?
Estas y otras muchas preguntas, que no han tenido hasta ahora respuestas claras y responsables, deberían preocupar a quienes desean contar con un Congreso que se rija por la ley y que no permita que sus actos indignos queden sin sanción, y cubiertos por un manto de impunidad.