SANTO DOMINGO.- La auditoria de la Cámara de Cuentas al Plan de Humanización del Sistema Penitenciario revela procedimientos irregulares que implican montos desde 46 mil pesos hasta sumas superiores a los cinco mil millones pesos, cuando ejercía sus funciones el ahora exprocurador Jean Alain Rodríguez, principal imputado en el expediente por corrupción administrativa en el caso Operación Medusa.
La investigación especial, que abarca el período desde el 16 de agosto de 2016 a igual fecha de 2020 sobre el referido plan, revela que la directora administrativa y financiera del Ministerio de Presidencia, Alodia Patricia Ángeles Rodríguez, contrató irregularmente con la Procuraduría General de la República a través de una compañía durante la gestión de Rodríguez, lo cual es contrario a las normas de contratación pública.
“En revisión de la composición accionaria de la sociedad Espacio y Arquitectura, SRL. RNC 101-50257-6, adjudicataria del lote 12, mediante acta 139 de fecha 17 de diciembre de 2018, por un monto de RD$103,525,976., se verificó que la socia Alodia Patricia Ángeles Rodríguez de Peña se desempeñaba como directora administrativa y financiera del Ministerio de la Presidencia al momento de la contratación”, dice la auditoría presentada por el organismo.
Ángeles Rodríguez ocupa el cargo de Directora Administrativa y Financiera del Ministerio de la Presidencia desde el 1 de agosto del 2017. De acuerdo a la nómina del Ministerio de la Presidencia del mes de mayo del 2022, se mantiene en el puesto con Lisandro Macarrulla como ministro de la Presidencia, percibiendo un sueldo de 200 mil pesos mensuales.
“La adjudicación de empresa propiedad de un funcionario del Ministerio de la Presidencia, además de representar una violación a las normas de la contratación pública, implica una vulneración a los principios de transparencia, igualdad y libre competencia, participación, responsabilidad, moralidad y buena fe, así como genera conflictos de interés por la relación organizacional a nivel de Estado entre este funcionario contratante y la entidad”, señalaron los auditores de la Cámara de Cuentas.
La ley de Compras y Contrataciones establece que no podrán ser oferentes ni contratar con el Estado: el Presidente y Vicepresidente de la República; los Secretarios y Subsecretarios de Estado; y demás funcionarios de primer y segundo nivel de jerarquía.
Los auditores establecen que la funcionaría es titular de un porcentaje superior al 10 % del total de las cuotas sociales de la empresa adjudicada, «según se pudo evidenciar en las documentaciones soporte de dicha empresa, por lo que se mantiene la observación”.
Hasta la fecha, Ángeles Rodríguez no ha sido imputada en el caso Operación Medusa, por el cual el exprocurador cumple prisión preventiva desde el 29 de junio del 2021.