Nelson Arroyo
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Sigue pendiente de ser aprobado en la Cámara de Diputados el conocimiento del proyecto que crea la ley orgánica del Tribunal Constitucional (TC), que requiere de la dos tercera parte de la matricula que conforman la Cámara Baja por tratarse de una ley orgánica.
El partido morado y sus aliados cuentan con 99 diputados, el Partido Revolucionario Dominicano, con 75 y el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC, 09. Para aprobar la pieza se necesita una presencia en el hemiciclo de 122 diputados.
Esta semana será vital para el conocimiento del Tribunal Constitucional, en la Cámara Baja, razón por la cual el partido oficial tendrá que hacer su mayor esfuerzo para lograr su aprobación antes del 12 de este mes a las doce de la medianoche fecha en que concluye la legislatua.
La pieza legislativa fue aprobada por el Senado, restando atribuciones a ese organismo de revisar las decisiones a la Suprema Corte de Justicia, decisión que han respaldo algunos sectores, y otros se han opuesto.
El vocero del PLD en la Cámara de Diputados dijo que tratarán de convencer a los legisladores del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), de que las modificaciones aprobada por el Senado a la pieza no violan la Constitución de la República.
Gustavo Sánchez dijo que el Senado lo que hizo fue darle competencia al Tribunal Constitucional sobre los actos de inconstitucionalidad sobre leyes, decretos, normas y resoluciones, el organismo pueda pronunciarse al respecto.
En cambio, los voceros de los bloques de diputados del PRD y del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), doctor Nelson Arroyo e ingeniero Ramón Rogelio Genao, dijeron desconocer la nueva fecha en que sesionará la Cámara Baja para conocer el tema.
El legislador perredeista reiteró la posición de su bancada de propiciar una modificación que permita al Tribunal Constitucional revisar las sentencias que emita la Suprema y dijo que hay que respetar el consenso a que en ese sentido se ha llegado.
En tanto, Genao mantiene su posición de que el proyecto de ley orgánica del Tribunal Constitucional sea llevado a vistas públicas.
El legislador (PRSC-La Vega) acogió la posición de Monseñor Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez, de que los diputados consulten a expertos constitucionalistas antes de conocer la pieza.
La Constitución establece como plazo del 26 de enero para la elección de los 13 miembros del TC.
El presidente de la SCJ, Jorge Subero Isa, ratificó su apoyo a la decisión del Senado de eliminar del proyecto de ley orgánica del TC la posibilidad de que revise las decisiones del máximo tribunal de alzada del país.
En tanto, el vicepresidente de la SCJ, doctor Rafael Luciano Pichardo, se mostró de acuerdo con la creación del Tribunal Constitucional y con las atribuciones que tiene.
Negó que se pudiera presentarse algún conflicto entre el Tribunal Constitucional y la Suprema, alegando que el Tribunal tiene delimitadas sus funciones y el ordinario también, por lo que no ve razón para que haya conflictos.
Indicó que si el proyecto es aprobado sin la modificación que le hizo el Senado, que le prohíbe revisar los fallos de la Suprema, el tribunal Constitucional tendría que ver con lo que se decida en materia de inconstitucionalidad por vía difusa.
Sobre si los tribunales de la República pudiesen actuar con la prerrogativa del control difuso, dijo: “Claro que sí, porque siempre lo ha tenido, desde la creación de la República ha habido control difuso, entonces, ¿por qué se va a eliminar ahora?»
Aunque no quiso entrar en valoraciones sobre la aprobación del Senado y la modificación al proyecto de Ley Orgánica del Tribunal Constitucional introducido por el Poder Ejecutivo, dijo que ese organismo tiene delimitadas sus funciones, al igual que la Suprema Corte.
En cambio, el vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, consideró que con la aprobación en el Senado del proyecto que crea la ley orgánica del Tribunal Constitucional no ha habido violación a la Constitución.
Dijo que se trata de “un problema de interpretación”, tras precisar que la Carta Magna es muy clara cuando dice que el Tribunal Constitucional debe conocer las acciones directas en inconstitucionalidad de las normas, decretos y resoluciones, pero sin mencionar las sentencias.
Significó además que la Carta Sustantiva ha adoptado un sistema dual de “control concentrado cuando se acude directamente al tribunal a airear la inconstitucionalidad y el control difuso, que es cuando uno en cualquier tribunal solicita la excepción de inconstitucionalidad y en ese caso la última palabra debe tenerla la Suprema Corte de Justicia”.
“De manera que es un problema de competencia”, sostuvo el vicepresidente de la República.
