Aurelio Henríquez.
TENARES, República Dominicana.- El presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) reclamó sanción moral o civil a los periodistas que difamen o injurien en los medios de comunicación y exigió al Congreso excluir de la modificación del Código Penal la penalización de los delitos de prensa.
Refirió que en el Congreso hay 12 periodistas-legisladores, a quienes exhortó a interpretar los derechos del pueblo a ser informado con veracidad, sin censura previa.
Aurelio Henríquez se pronunció en esos términos en un debate sobre el tema, organizado por la seccional Hermanas Mirabal del gremio, con el apoyo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP). Televisado por HMTV-canal 33, fue conducido por la secretaria general del CDP provincial, periodista Raquel Ortega.
Conforme al gremialista, todo lo relativo a la prensa, radio, televisión e Internet, debería ser materia de las leyes especializadas. Se recuerda que Leonel Fernández, a la sazón presidente de la República, promovió varios proyectos de códigos de la comunicación, sin que hasta el momento hayan sido aprobados.
Para Henríquez, lo peor que le puede pasar a un periodista es una sanción moral, porque perdería su principal activo que es credibilidad.
“Estamos vigilantes para que no perdamos la libertad de expresión, por lo que abogamos por la despenalización total de los delitos de prensa, ya que lo contrario propiciaría la censura previa de los periodistas. El tema de difamación e injuria debe ser exclusivo de la ley 6132 o de su modificación”.
Se presta para mañas
Al participar en el debate, el abogado y comentarista de Teleoperadora del Nordeste (Telenord), Washington Espino, consideró que los delitos de prensa deben de ser dejados a una ley exclusiva porque en el Código Penal se diluyen y se prestan a manipulaciones. Pero rechazó una despenalización total. Debe mantenerse la sanción civil y penal cuando el afectado sea un ciudadano común, y civil cuando se trate de un funcionario público, para garantizar el carácter de vigilantes de la administración del erario.
Aunque advirtió sobre el peligro de una ley mordaza, opinó que ya tal limitación existe porque el 90 por ciento de los periodistas que participa en programas está arrodillado ante algún sector político.
Sugirió una lucha unificada de todos los que trabajan en los medios de comunicación, para impedir que sea votada una legislación restrictiva de la libertad de expresión.
Para el profesional del derecho, la división actual entre empíricos y académicos, entre los actores de los medios de comunicación, debilita el esfuerzo, lo cual favorecería a los contrarios a los derechos de la población a ser informada.
“Han decidido introducirlo en el Código porque cualquier despropósito es más fácil en medio de 600 artículos que en otra ley exclusiva del tema como la antes mencionada”, puntualizó al cuestionar que los legisladores solo actúen en función de sus propios intereses.
El secretario general del SNTP, Rafael Lora, leyó un documento con la posición de la organización que dirige, y advirtió que con la implantación de mordazas “habría que construir varias cárceles”, porque no cabrían las personas condenadas.
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