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Centro Bonó: Una reforma tributaría sin racionalizar el gasto público no creará estabilidad

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- En el marco del Análisis de Coyuntura que realiza cada mes el Centro Bonó, los miembros del Consejo de Economistas de Foro Ciudadano invitaron al Gobierno a reorganizar, reorientar y mejorar la calidad del gasto como paso previo al aumento de la carga impositiva en el país.

Consideraron que es un error presentar un proyecto de ley destinado exclusivamente al aumento de impuestos en lugar de una propuesta de Pacto Fiscal, ya que contradice tanto lo que plantea la ley Estrategia Nacional de Desarrollo (END) como lo acordado entre los sectores productivos, laborales y sociales representados en el Consejo Económico y Social (CES).

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El Centro Bonó dijo que hace varias semanas, los representantes del CES dieron a conocer al gobierno y a la ciudadanía los principios en que debe basarse el Pacto, y solicitaron al gobierno que, previo a la discusión del tema tributario, presentara el presupuesto para el año 2013, en el cual debería reflejar claramente la reorientación de las prioridades y los criterios de racionalidad con que en lo adelante gestionará el gasto público.

Explicaron que desafortunadamente, la propuesta presentada por el gobierno está centrada en el aumento de los impuestos en lugar de focalizarse en el mejoramiento de la calidad del gasto, que es lo que reiteradamente ha demandado la ciudadanía, cuya desconfianza en la gestión gubernamental se ha deteriorado en los últimos años, como resultado del despilfarro y el uso irritante de los fondos públicos.

“Esto queda evidenciado por el reciente anuncio del gobierno, que cifra el déficit fiscal del año en curso en 8% del PIB-el mayor de la historia dominicana-, una clara muestra del grave deterioro institucional expresado en el mal desempeño del Poder Ejecutivo junto al abandono de la función fiscalizadora de la Contraloría General, la Cámara de Cuentas y el Congreso Nacional”, explica una nota de prensa del Centro Bonó.

La entidad consideró que las medidas de racionalización del gasto dispuestas por el Presidente mediante el Decreto 499-12 son insuficientes y que es necesario una reforma sustantiva del modo de usar y gastar los fondos públicos, para que a quienes les han sido confiadas las funciones de administración pública no dispongan de las recursos de la nación como si fueran de su propiedad, ignorando la planificación plurianual orientada a resultados verificables, así como las normas establecidas en el Sistema Nacional de Inversión Pública y en la Ley sobre Compras  y  Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones Públicas.

Afirman que el gobierno debe transparentar la rendición de cuentas y convencer a la ciudadanía de que las normas de control y administración presupuestaria no se continuarán violando impunemente, para lo cual deberá comprometerse a reparar los daños que esta práctica política ha generado en la sociedad estableciendo una norma de responsabilidad fiscal que sancione a quienes violen la Ley y abusen de su poder en la función pública.

“No discutimos la necesidad de aumentar la presión tributaria si esto contribuye a la sostenibilidad fiscal, si aporta a la vida digna y a las metas de desarrollo humano del país, y en suma permite un mejor desempeño del gobierno, pero creemos que ese aumento debe hacerse luego de reorganizar la gestión del gasto. Por otro lado, se reconoce que la decisión final sobre la reforma impositiva la tiene el Congreso, pero aprobar el paquete tributario sin tomar en cuenta los principios que deben orientar el Pacto Fiscal crearía condiciones muy difíciles para discutir una reforma fiscal con perspectiva de compromiso social  y visión de mediano y a largo plazo, tal y como lo prevé la ley END”.

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