Santiago. – Una fuerte polémica se ha desatado en Chile tras la llegada de un grupo de 45 ciudadanos deportados desde Estados Unidos, quienes denunciaron graves abusos y condiciones inhumanas durante su detención en centros migratorios del país norteamericano.
Los deportados arribaron la madrugada del jueves al Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, donde relataron a la prensa una serie de vejaciones sufridas mientras permanecían bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). “Nos trataban como perros. Los ‘sheriffs’ se reían mientras dormíamos en el suelo, sin comida, sin abrigo”, declaró Ricardo, uno de los afectados, quien permaneció detenido siete días en Miami.
Entre los deportados se encuentra el reconocido coreógrafo chileno Yerko Aliaga, quien aseguró haber vivido legalmente en Estados Unidos por cuatro años, pagando impuestos y ejerciendo su profesión. “Mi situación migratoria era legal. Esto fue un atropello. El trato fue pésimo, indigno”, dijo.
El caso ha generado preocupación en el Gobierno chileno. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, admitió en una rueda de prensa que es «altamente probable» que se repitan redadas similares, mientras que el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, anunció que se investigarán las denuncias para determinar si los ciudadanos recibieron la debida asistencia consular.
El Ministerio del Interior aseguró que todos los deportados “se encontraban en incumplimiento de la normativa legal de Estados Unidos”, y confirmó que tres de ellos fueron detenidos al llegar a Chile, ya que tenían órdenes judiciales pendientes.
Esta es la mayor deportación masiva de chilenos desde que Donald Trump asumió nuevamente la presidencia en enero. El mandatario republicano ha intensificado las políticas migratorias con el objetivo de expulsar a más de 11 millones de inmigrantes indocumentados.
Estados Unidos ha puesto en la mira a Chile dentro del programa Visa Waiver, acusando un mal uso de la exención de visa por parte de algunos ciudadanos chilenos. Esto ha abierto el debate sobre la permanencia del país sudamericano en dicho convenio, único en América Latina.
Organizaciones de derechos humanos han criticado duramente las acciones del gobierno estadounidense, señalando que violan el debido proceso y los derechos básicos de los migrantes.
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