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CIDH preocupada por cancelación de organizaciones sociales en Nicaragua

CIDH preocupada por cancelación de organizaciones sociales en Nicaragua
CIDH preocupada por cancelación de organizaciones sociales en Nicaragua

MANAGUA.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó hoy su preocupación por la decisión del Parlamento de Nicaragua de cancelar la personalidad jurídica a por lo menos cuatro organismos sociales y políticos críticos con el Gobierno del presidente Daniel Ortega, en medio de una crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos desde abril.

“La #CIDH expresa preocupación por la decisión de la Asamblea Nacional de #Nicaragua de cancelar personería jurídica a organizaciones sociales y políticas”, señaló ese ente, adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA), en un tuit.

“La libertad de asociación es una herramienta esencial para la existencia y funcionamiento de una sociedad democrática”, agregó.

El Parlamento de Nicaragua, controlado por el oficialismo, canceló la personalidad jurídica, en ese orden, al Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), al Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), a Hagamos Democracia, y al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos(Cenidh).

En este sentido, la CIDH advirtió que “las restricciones a la libertad de asociación, un instrumento por el que comúnmente se materializan las demandas de defensores y defensoras de derechos humanos, constituyen un serio obstáculo para la reivindicación de derechos“.

“En este contexto, resulta especialmente preocupante que se cancele la personería jurídica de @cenidh y @CISAS2016NIC, organizaciones defensoras de derechos humanos que cumplieron un rol fundamental en la crisis que enfrenta #Nicaragua”, puntualizó ese ente en otro tuit.

Aseguró que representantes del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), establecido por la CIDH, verificaron que estas restricciones se materializan en Nicaragua en procesos judiciales con acusaciones basadas en afirmaciones generales y sin la participación de los afectados, “procedimiento que viola los estándares internacionales aplicables en materia de derechos humanos“.

Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado protestas contra el Gobierno de Ortega y un saldo de entre 325 y 545 muertos, según organismos de derechos humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 199 a los fallecidos.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.

Ortega ha negado las acusaciones y ha asegurado que se trata de un intento de “golpe de Estado”.

Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario.

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