Un tribunal de Santo Domingo Este impuso tres meses de prisión preventiva a cinco jóvenes acusados de agredir sexualmente a una menor de edad.
Santo Domingo.– El Tribunal de Atención Permanente de Santo Domingo Este, presidido por la jueza Karen Casado Mingueti, impuso este viernes tres meses de prisión preventiva a cinco jóvenes, acusados de haber participado en una presunta agresión sexual grupal contra una adolescente de 16 años.
La medida de coerción fue solicitada por el Ministerio Público, el cual argumentó que existen indicios suficientes y elementos probatorios que justifican la imposición de prisión preventiva, mientras continúan las investigaciones del caso. Los imputados cumplirán la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís.
De acuerdo con los primeros reportes, la adolescente habría salido de su residencia tras una discusión familiar. Durante ese momento, fue interceptada por dos jóvenes a quienes conocía previamente. Posteriormente, habría sido llevada a un lugar donde ocurrieron los hechos denunciados.
Sin embargo, familiares y allegados de los acusados expresaron públicamente su desacuerdo con la medida impuesta, afirmando que sus parientes no tienen relación con los hechos o que, en todo caso, la situación no ocurrió como se ha descrito en la denuncia.
“Lo que pedimos es una investigación justa. No se puede juzgar sin tener pruebas claras”, manifestó uno de los familiares fuera del Palacio de Justicia, donde se congregaron varias personas en señal de apoyo a los acusados.
Algunos de los familiares también señalaron inconsistencias en las versiones ofrecidas por la parte denunciante, lo que, según ellos, debería ser tomado en cuenta por las autoridades judiciales.
Los nombres de los imputados son: Julio José Mateo, Brailín Cepeda Ramírez, Harolín José Martínez, Omar Reyes Vázquez y Joel Monrobel. Todos permanecerán bajo custodia mientras el proceso avanza hacia la etapa de conocimiento de fondo.
Ante la sensibilidad del caso y las reacciones que ha generado en la comunidad, tanto el Ministerio Público como organizaciones defensoras de los derechos humanos han hecho un llamado a la población a evitar juicios anticipados.
Se recordó que el proceso judicial está en curso y que tanto la víctima como los imputados tienen derechos que deben ser protegidos.
Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a permitir que el sistema de justicia actúe con independencia, garantizando el debido proceso y la presunción de inocencia hasta que se determine la verdad de los hechos.
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