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Cinco militares cumplirán en libertad penas por desaparición de 9 opositores

Cinco militares cumplirán en libertad penas por desaparición de 9 opositores
Cinco militares cumplirán en libertad penas por desaparición de 9 opositores

Militares

SANTIAGO DE CHILE.- La Corte Suprema de Chile absolvió a un militar retirado y permitió a otros cinco cumplir en libertad vigilada penas de entre tres y cinco años de prisión como autores de la desaparición de nueve opositores durante la dictadura, informaron hoy fuentes judiciales.

Con este fallo definitivo, el alto tribunal ha dictado desde 2005 un total de cien sentencias condenatorias y otras doce absolutorias en casos de violaciones a los derechos humanos durante el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990).

Frente a esta decisión la Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fríes, lamentó que pese a los avances de la justicia chilena, aún existe una carencia de información que da cuenta de la falta de voluntad y colaboración proveniente de instituciones ligadas a las Fuerzas Armadas.

“Esta atrasa y dificulta los procesos de verdad, justicia y reparación que requiere toda sociedad democrática y que nos aleja de los compromisos internacionales asumidos por el Estado en esta materia”, precisó Fríes en un comunicado entregado en la tarde del jueves.

Recordó que a propósito de la presentación del proyecto de ley impulsado por el Ministerio de Justicia sobre indulto conmutativo general, su Instituto ha solicitado que se garantice que no gozarán de ningún beneficio las personas que cumplen condena por crímenes de lesa humanidad.

La Corte Suprema rebajó las penas decretadas por el juez Alejandro Solís en una sentencia de 2008, en las que fijó quince años y un día de prisión para cinco de los imputados, y diez años y un día de prisión para el sexto exmilitar encausado.

Con este fallo definitivo, el general en retiro Juan Morales Salgado y el excoronel Claudio Lecaros Carrasco fueron condenados a cinco años de prisión con el beneficio de la libertad vigilada por la desaparición de cinco de los jóvenes opositores.

A la misma pena fueron sentenciados el suboficial en retiro Antonio Aguilar Barrientos, por cuatro secuestros calificados, y el coronel en retiro Félix Cabezas Salazar, por tres desapariciones.

En tanto, por un secuestro calificado, el subsecretario de Relaciones Exteriores durante el régimen militar, el general en retiro Humberto Julio Reyes, recibió 3 años de presidio con el beneficio de la remisión condicional, similar a la libertad vigilada.

En cambio, el general en retiro Gabriel del Río Espinoza fue absuelto de su responsabilidad como autor de cinco desapariciones.

Las víctimas del llamado proceso “Linares” son Arturo Riveros Blanco, Jaime Torres Salazar, Jorge Yáñez Olave, José Saavedra Betancourt, Gabriel Campos Morales, María Isabel Beltrán Sánchez, Anselmo Cansino Aravena, Héctor Contreras Cabrera y Alejandro Mella Flores.

La mayoría de las víctimas, de entre 19 y 26 años, vivía en las localidades de Linares y Constitución, a 320 kilómetros al sur de Santiago y eran militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Los jóvenes fueron detenidos por la policía días después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973 y posteriormente fueron trasladados hasta la Escuela de Artillería de Linares y el Polígono de Tiro General Bari, desde donde se perdió su ubicación.

Respecto a la rebaja de penas y la aplicación de beneficios, la presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, consideró hoy que estas medidas reflejan un Poder Judicial que “beneficia a los criminales y deja a las víctimas en el más absoluto desamparo”.

Lorena Fríes, defendió que en Chile “la Justicia es lenta, pero llega” y aseguró a Efe que “los jueces en Chile tienen un mandato claro de cuándo pueden absolver y cuándo pueden condenar”, y también de cuándo pueden otorgar ciertos beneficios, acotó.

Según la responsable del Instituto, “las absoluciones tienen que ver muchas veces con la falta de información, que no permite acreditar la responsabilidad penal de los funcionarios de las Fuerzas Armadas que participaron”.

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