Si un tema ha sido manoseado una y otra vez en los medios de comunicación ha sido la reiterada alerta para que no se levanten viviendas en lugares de alto riesgo, al tiempo de instar a las autoridades a impedirlo. De nada ha valido. Ha sido como clamar en el desierto. Ni los que insisten en dicha peligrosa práctica, ni las autoridades encargadas de prohibirlo se han dado por enterados.
La mayoría de estas viviendas son construidas de manera improvisada, con materiales endebles de escasa resistencia y confiabilidad, a orillas o en las cercanías de ríos, arroyos y cañadas, que cuando se desbordan a consecuencia de la intensidad de las lluvias barren con las mismas y ponen en alto riesgo la vida de sus moradores. En otros casos, lo hacen en las laderas de lomas o al pie de las mismas, con peligro de ser arrastradas o aplastadas por los deslizamientos de peñascos y tierra.
Tal lo ocurrido la pasada semana en El Abanico de Herrera, cuando una joven madre y dos de sus menores hijas perdieron la vida bajo el peso de un alud de pesadas rocas que cayó sobre su humilde vivienda.
Con motivo de esa tragedia, una brigada de la Defensa Civil llevó a cabo una visita de inspección al lugar, advirtiendo que al menos otras catorce viviendas se encuentran en grave riego de colapsar. Luego del aviso…¿qué medidas de urgencia se han tomado para evacuar las mismas y reubicar a sus ocupantes? ¿Vamos a esperar que ocurra otra tragedia similar, o dejar que transcurra el tiempo para que el recuerdo de este trágico suceso y el grave peligro que corren las viviendas inspeccionadas por los brigadistas de la Defensa Civil y sus ocupantes se vaya desvaneciendo? Pero, sobre todo, ¿cuándo es que se va a ejecutar una política de revisión de las viviendas ubicadas en sitios de alto riesgo y que no ofrecen las más mínimas condiciones de seguridad para sus moradores a fin de reforzar o reubicar las mismas?
República Dominicana está sujeta a dos fenómenos naturales de gran riesgo para la población. Una es que somos un territorio situado en la ruta de los huracanes y proclive a ser batido por la inclemencias del tiempo en la temporada ciclónica. El pasado año navegamos con enorme suerte cuando dos poderosos huracanes que devastaron a Puerto Rico, apenas bordearon nuestras costas antes de alejarse, pese a lo cual dejaron una secuela de fuertes aguaceros, dañando y destruyendo viviendas y damnificando a miles de personas.
El otro, es que el territorio nacional está atravesado por una falla sísmica de gran consideración. También en este aspecto la suerte estuvo de nuestro lado, cuando en el 2010 ocurrió el terremoto que destruyó gran parte de la ciudad de Puerto Príncipe, provocó una cantidad indeterminada de víctimas fatales que se hace ascender a entre 200 mil 300 mil personas que perdieron la vida, dejó más de millón y medio sin techo y ocasionó pérdidas por miles de millones de dólares. Los expertos sismólogos consideraban que el devastador seísmo estaba supuesto a ocurrir en suelo dominicano. De haber tenido lugar aquí los efectos, aun cuando menores en Haití, hubieran resultado igualmente catastróficos. La Naturaleza, otra vez, jugó a favor nuestro. Pero es inseguro seguir apostando a que siempre ocurrirá así.
De ahí la necesidad impostergable de adoptar una firme y enérgica política de prohibición para impedir que continúen existiendo y levantándose viviendas improvisadas en sitios inapropiados. En ello va involucrada la seguridad y la vida de la gente. Y preservar una y otra debe ser considerada como una prioridad. Ojalá, como reza la Biblia, en las correspondientes instancias de poder a las que corresponda asumir esa responsabilidad haya quien tenga ojos para ver y oídos para escuchar, antes de que continúen ocurriendo nuevas y prevenibles desgracias.