Ciudad del Vaticano.- La Pontificia Comisión para la Protección de los Menores, instituida por el papa Francisco para atajar la lacra de los abusos, ha publicado este martes su primer informe anual, en el que se reclama acabar con la opacidad y acelerar la dimisión de religiosos pederastas, entre otras muchas indicaciones.
El informe es fruto del estudio de veinte iglesias locales en las visitas ‘ad limita’ realizadas en 2023 al Vaticano, entre estas los de México y Colombia (los obispados deben viajar a Roma cada cinco años para informar al papa y a la Curia de sus situaciones).
Su objetivo, según se lee, es «brindar la posibilidad de informar sobre sus resultados y recomendaciones» al papa, que creó esta comisión en 2014, pero también a las «víctimas supervivientes» de abusos y a todas las iglesias del planeta.
Entre sus principales conclusiones, el informe reclama una mayor transparencia y una más rápida asunción de responsabilidades.
Estas son algunas de las indicaciones que constan en el documento:
1. Fin de la opacidad: La Iglesia necesita impulsar el acceso de las víctimas a la información para afrontar el «problema» de la opacidad en los procesos canónicos. «Deberían estudiarse medidas que garanticen el derecho de todo individuo a acceder a cualquier información que lo afecte, máxime en los casos y responsabilidad de los abusos» (siempre en respeto de la ley de protección de datos).
2. El concepto de vulnerabilidad. Los casos de abusos no solo son con menores sino que la Iglesia también los reconoce en adultos «vulnerables». Por eso, la comisión aboga por desarrollar «una definición mayormente uniforme de vulnerabilidad».
3. Más rapidez. El informe admite que las víctimas aún sufren procesos civiles y canónicos «difíciles, lentos y fuente de continua victimización». Por eso insta a «garantizar una gestión eficaz, rápida y rigurosa» de cada caso de abuso, aclarando también el rol de cada dicasterio -«misterio»- de la Curia Romana.
4. Dimisión fulminante. Otra reclamación es la de «agilizar y acelerar el proceso de dimisión» de un líder eclesial acusado de abuso «siempre que esté justificado».
5. Compensación. El informe pide «estudiar las políticas de indemnización» para ejercer medidas «rigurosas» de reparación en el proceso de «sanación» de las víctimas.
6. Un magisterio contra los abusos. Asimismo el informe llama a «desarrollar aún más el magisterio de la Iglesia» sobre su deber de protección, promoviendo entre sus clérigos «la dignidad de los niños» mediante una visión «unitaria y teológica-pastoral».
7. Especialización. La iglesia, además, debe impulsar un proceso de «profesionalización» entre sus miembros y brindar a quienes estén en contacto con menores «oportunidades académicas» de formación dotadas con «recursos adecuados».
8. «Faltas preocupantes». El primer análisis de la Comisión ha constatado que, mientras algunas autoridades eclesiásticas demuestran un claro compromiso por la protección, otras solo están «al inicio del ejercicio de asunción de responsabilidades». En algunos casos, de hecho, se ha detectado una «preocupante falta» de estructuras de denuncia y de acompañamiento de las víctimas, lo que contraviene a lo exigido por el papa en su documento ‘Vos estis lux mundi’ (2023) sobre las normas contra los abusos sexuales.
9. «Conversión continua». Este año la Pontificia Comisión ha cumplido diez años en los que «se ha asistido a un crecimiento de la conciencia tanto de la realidad de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia como a su mala gestión». La publicación de estos informes pretende «facilitar un proceso de conversión continua» dentro de las instituciones católicas.
10. Un lustro para abarcarlo todo. En el planeta hay un total de 114 conferencias episcopales por lo que la comisión, dirigida por el cardenal estadounidense Sean Patrick O’Malley, se fija el objetivo de estudiar todas en el arco de 5/6 años.